Fuente Cinco Días
La paz nuclear entre las grandes compañías eléctricas ha durado apenas unas horas. Después de que Endesa firmara ayer por la mañana en la sede de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) el protocolo para el cierre ordenado del parque nuclear, que ya rubricaron la semana pasada Iberdrola y Naturgy, se celebró una asamblea de Almaraz, que se prolongó hasta bien entrada la tarde y en la que los tres socios terminaron tarifando.
Era de esperar que la reunión, convocada para acordar la petición de prórroga de explotación de la central cacereña, transcurriese plácidamente pues, al fin y al cabo, todas se habían comprometido por escrito a respetar el calendario de cierre, en el que figuran en primer lugar los dos reactores de Almaraz, en los años 2027 y 2028, respectivamente.
La reunión terminó en desacuerdo y con la convocatoria de una nueva cita el próximo día 19 para tratar de un asunto de suma urgencia, ya que el plazo para pedir la renovación de explotación del primer grupo de Almaraz termina el próximo 31 de marzo (un año antes de que expire la licencia).
Fuentes próximas al bloque Iberdrola-Naturgy aseguran que Endesa se ha negado a firmar el acuerdo de solicitud de prórroga, en el que ambas ponían como condición para explotar la planta hasta 2027, el año límite que fija el protocolo para Almaraz, que no se les obligue a realizar inversiones extraordinarias, más allá de las habituales que viene imponiendo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Endesa reconoce que no ha firmado porque se trata de una cláusula que sus competidores y socios quieren añadir para esta central nuclear (sobre las demás, ya se verá) y que no figura en el acuerdo sellado con Enresa y que ha tutelado el Ministerio para la Transición Ecológica. La eléctrica que dirige José Bogas insiste en que se ha comprometido a cerrar Almaraz dentro de siete años (a partir de 2020) y a ello se atiene. En este sentido, niega que pretenda ampliar su vida hasta los 10 años, como critican sus socios.
La condición que pretenden Iberdrola y Naturgy dejaría abierto un protocolo que se supone blindado hasta 2035, pues los requisitos de seguridad que pueda imponer el CSN están en manos de este organismo. Según dicho protocolo, las nucleares españolas cerrarán con una vida media de 46 años (Endesa aspiraba a que funcionasen hasta los 50 años y las otras dos eléctricas hasta los 40 años). Los 46 años responde a la vida efectiva de las instalaciones pues a los 40 años de vida de diseño (a partir de la cual se exigirían inversiones adicionales) se le ha añadido el tiempo de las paradas programadas e involuntarias que han registrado las centrales en todos estos años.
Por razones de plazos de amortización contable (Endesa lo hace a 50 años mientras Iberdrola y Naturgy a 40) la primera deberá aumentar sus dotaciones en unos 60 millones anuales y las otras dos se beneficiarán de menores provisiones al ajustar dichas amortizaciones al nuevo calendario. Sin embargo, esta no parece ser la razón última de la disputa. Endesa, que va a cerrar también sus grandes centrales de carbón y tiene un mix menos equilibrado, no quiere añadir nueva incertidumbre a la fecha de cierre de su parque atómico. Por su parte, Iberdrola y Naturgy quieren dejar atado que no realizarán inversiones adicionales y condicionan el futuro de Almaraz a los precios del mercado.
Sea como fuere, Almaraz sigue en el aire, y sus propietarias, que están obligadas a tomar cualquier decisión por unanimidad, intentarán un acuerdo en la asamblea del 19, a apenas 12 días de que concluya el plazo para solicitar la renovación de la licencia. De incumplirlo, las empresas se enfrentan a una fuerte sanción.
Un plan de negocio hasta 2027
Iberdrola y Naturgy consideran que el documento sobre el cierre del parque nuclear, que estas empresas firmaron las primeras la semana pasada, es solo un protocolo de intenciones y que necesita un contrato entre los socios de cara a pedir la renovación de la licencia de Almaraz.
Este contrato, que Endesa ha rechazado, es un plan de negocio para los 7,3 años en que seguiría funcionando, según el calendario pactado, en el que se fijan unas inversiones para ese periodo en función de la fiscalidad (esto es, que el Gobierno cumpla con su promesa de no subir la tasa de residuos más del 20%) y un precio de mercado.
El problema ya no es que lleguen a un acuerdo entre ellas, sino que el ministerio y el CSN acepten la prórroga con las condiciones que pretenden imponer.