Fuente: El Economista
Unesa, la patronal de las cinco grandes empresas eléctricas -EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo-, ha aprovechado las alegaciones a una Orden ministerial sobre los verificadores de medidas eléctricas para pedir que se cree la figura del Inspector del fraude. Armado con un carnet identificatorio y dotado con los equipos adecuados, se encargaría de detectar los robos de energía, que cuestan más de 17 millones de euros al año al conjunto de los consumidores.
Cada cierto tiempo salta la noticia de que se ha detectado un enganche ilegal a la red eléctrica o una manipulación de los equipos. Ahora ocurre con más frecuencia, porque los contadores inteligentes permiten a las empresas detectar cambios difíciles de justificar en las pautas de consumo de los abonados. En 2015, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hubo 83.522 casos.
El fraude, según reveló Endesa hace unos años, lo cometen empresas y particulares con un elevado poder adquisitivo; las familias pobres apenas llegan al 1% de los casos, porque éstas no cometen fraude; simplemente dejan de pagar los recibos. Además, se está detectando una profesionalización delictiva: incluso se ofertan por Internet servicios de reducción de consumo que no consisten en aplicar medidas de ahorro y eficiencia energética, sino en la instalación de sistemas para defraudar.
Persistente vacío legal
Sin embargo, se trata de un área con un importante vacío legal. Hace ya cinco años se intentó regular con detalle, introduciendo el problema en un decreto sobre comercialización, pero el asunto se reveló complejo y se aparcó. Eso sí, la iniciativa derivó en un Grupo de trabajo de las empresas y la Adminstración que fructificó en 2015 en un informe de la CNMC que incluía una propuesta normativa específica.
En este informe, el regulador ya hacía referencia a la policía del fraude -verificadores acreditados por las distribuidoras o por Organismos de Control Autorizados-, al establecimiento de multas -equivalentes a tres años de consumo eléctrico-, al desarrollo de planes anuales de verificación, a la armonización de normas autonómicas…
Unesa ha aprovechado las alegaciones al Proyecto de orden por la que se regulan los requisitos y condiciones administrativas y técnicas exigibles a los organismos o entidades para actuar como verificador de las medidas eléctricas, del Ministerio de Economía, para volver a poner la idea del inspector del fraude encima de la mesa.
Su planteamiento es muy parecido al del informe de la CNMC: el inspector estaría acreditado con un carnet válido para toda España y debería disponer de los equipos adecuados para realizar sus tareas. Los requisitos para ser inspector serían similares a los de un instalador, más acreditar experiencia en el ámbito de la distribución.
Unesa también pone el acento en la estandarización de los procedimientos y en delimitar claramente las responsabilidades del fraude.