El Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado recoge, entre otras medidas, que las grandes compañías eléctricas integradas verticalmente deberán hacer frente de nuevo a la financiación del bono social de la tarifa eléctrica, decisión con la que no están en absoluto de acuerdo las afectadas (EDP España, Endesa, E.ON España, Gas Natural Fenosa e Iberdrola), que no descartan recurrirla.
El bono social, que se aplicará a partir de ahora en función de la renta y del número de miembros de la familia, lo financiaban las eléctricas de Unesa desde su creación en 2009 hasta que una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2012 daba la razón a las eléctricas en su rechazo. Más concretamente a Iberdrola, que había interpuesto un recurso contra una obligación que consideraba arbitraria. Aunque el Supremo consideraba legítima la aplicación de este descuento en la tarifa, falló que no estaba justificada la razón por la que tenían que ser esas cinco compañías (las asociadas de Unesa) y en el porcentaje establecido las que debían financiarlo. Así, y a pesar de que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, considera subsanadas las reticencias de la sentencia, en el sector opinan que la situación no ha variado.
En concreto, el RDL incluye en su texto «la modificación del régimen de asunción del coste del bono social» (…) y que «con el fin de contribuir a la necesaria y urgente reducción de costes del sistema, se juzga necesario modificar el régimen de reparto del coste introducido por la Orden IET/843/2012, de 25 de abril, imponiendo, como obligación de servicio público la asunción del coste del bono social a las matrices de las sociedades o grupos de sociedades que realicen actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y que tengan el carácter de grupos verticalmente integrados».
En este punto, desde las páginas de Cinco Días llaman la atención sobre una gran incógnita que surge precisamente a raíz de este planteamiento: en el caso de Endesa, su matriz es la italiana Enel, por lo que resulta sorprendente que deba ser esta compañía la que pague el bono social en España.
Por otra parte, el texto normativo apunta que «en consonancia con las exigencias resultantes de la Directiva 2009/72/ CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009, según la cual las obligaciones de servicio público deben definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, se establece que, a fin de que el reparto sea equitativo, la recíproca participación de cada una de las tales empresas o grupos de empresas en la asunción del coste sea proporcional al porcentaje que corresponda sobre una cuantía calculada considerando tanto el número de suministros conectados a las redes de distribución como el número de clientes a los que suministra la actividad de comercialización. De igual modo, en orden a asegurar la permanente adecuación del reparto a las concretas circunstancias del sector y posibilitar su público conocimiento y eventual control, se establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calculará anualmente, sin perjuicio de su ulterior aprobación por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, los porcentajes de reparto aplicables y dará publicidad a la información para ello empleada».
De lo anterior se deduce que las eléctricas están obligadas por ley a la financiación del bono social por ser este un servicio público. Ante esto, cabe recordar que desde que el Supremo diera la razón a Iberdrola, el bono social de la tarifa, que disfrutan tres millones de usuarios, es pagado por el resto de consumidores que no tienen derecho a él. Y aunque la sentencia obligaba a la devolución de lo sufragado desde 2009, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no lo ha hecho alegando que las liquidaciones son provisionales y lo serán por mucho tiempo, detalla la información publicada en el periódico económico.
Por último, cabe indicar que al nuevo bono social tendrán derecho los consumidores considerados vulnerables, que mantendrán la tarifa de último recurso. Al resto de los domésticos se les aplicará el nuevo precio voluntario al pequeño consumidor, al que las comercializadoras correspondientes podrán hacer ofertas y descuentos.