La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea tramita varias denuncias de operadoras eléctricas españolas que consideran que parte de las primas que han recibido las energías renovables en los últimos años son ayudas de Estado ilegales. Se trata de denuncias de carácter anónimo (la CE permite el anonimato en el caso de este tipo de ayudas) tras las cuales se encuentran las grandes eléctricas, tal como han confirmado a Cinco Días varias fuentes. El anonimato rige incluso respecto del Estado miembro de las denunciantes.
Los escritos se presentaron antes de que el Gobierno aprobara en julio del año pasado la reforma eléctrica, con la que ha puesto fin al antiguo sistema de primas a la producción con energías verdes y supone un recorte de los incentivos de 1.700 millones euros. Y lejos de ser archivados, van para adelante.
En aquel momento, pese a la moratoria renovable de 2012, aún seguían incorporándose al sistema nuevos megavatios, esencialmente termosolares, que figuraban en el prerregistro cuando el Gobierno aprobó el parón (España cuenta con el 67% de la capacidad instalada en el mundo de este tipo de tecnología). Además, el déficit de tarifa, que financiaban hasta el año pasado las cinco grandes eléctricas de Unesa, seguía imparable.
Aunque las ayudas de Estado son un mecanismo perfectamente legal si no perjudican al mercado, su legalidad depende del cumplimiento de una serie de condiciones, como la proporcionalidad del incentivo. Y es este punto el quid de la denuncia, ya que sus autoras consideran que han sido excesivas.
Fuentes jurídicas recuerdan que las ayudas de Estado deben cumplir tres requisitos: tienen que ser notificadas, tratarse de fondos públicos y ser compatibles. En el caso, la primera condición no se cumplen porque no han sido notificadas, pero esta no es una cuestión relevante, pues si no hay denuncia de por medio no tiene consecuencias.
En cuanto a si las primas que han recibido las renovables en España (más de 54.000 millones hasta 2013, año que cerró con 9.200 millones) son fondos públicos, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, del 19 de diciembre de 2013, ha equiparado los fondos procedentes de la factura eléctrica de los consumidores con los del Tesoro. Se trata de un fallo por una denuncia presentada por la Asociación Vent De Colère, en Francia, en la que se reconoce como ayuda de Estado el pago que hacen los consumidores a promotores eólicos por intermediar el pago un organismo público, la Caja General de Depósitos.
La compatibilidad de la ayuda, a su vez, depende de dos requisitos: que se persiga una finalidad loable, tal como la garantía de suministro, el interés general o el orden público (condición que, en principio, se cumple) y el de proporcionalidad, en la medida en que no se perjudique a los competidores. esto es que las ayudas sean las estrictamente necesarias para que se aborden las inversiones, pero no más.
En este caso, las denunciantes consideran que en España ha habido una sobrerretribución, no porque las primas hayan sido elevadas, “sino porque las que se planificaron no se fueron acompasando al descenso de los costes de inversión”, argumentan. Ello llevó a rentabilidades excesivas, “hasta del 30% en el caso de la fotovoltaica”. Cuando se habían planificado unos 300 MW estos se dispararon hasta 3.000.
Aunque las grandes eléctricas también tienen en su cartera instalaciones renovables, estas son casi exclusivamente eólica. Y, aunque la denuncia es general, como el argumento es la desproporción de las ayudas y la retribución excesiva, aquellas consideran que este no es el caso de la eólica, que no sería receptora (o poco) de las ayudas de Estado ilegales.
¿Una decisión favorable a Industria?
Si la Comisión de la Competencia que dirige Joaquín Almunia admite las denuncias de empresas eléctricas españolas contra las primas de las renovables y las considera ayudas de Estado incompatibles, las cobradas en exceso podrían ser declaradas ilegales. Sin embargo, esta hipotética decisión podría haber perdido contenido después de que el Gobierno haya abordado una reforma que implica un importante recorte en los ingresos de las renovables, que recibirán una rentabilidad tasada (el 7,4%).
Según fuentes jurídicas, una sentencia en esta línea beneficiaría al Gobierno, pues sería reconocer que la política de incentivos aplicada hasta ahora no era la correcta y sí lo es la nueva regulación, que supone un tajo importante de los ingresos. Además, la reforma acaba con la discriminación denunciada por las grandes eléctricas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Eon) obligadas, hasta este año, a financiar los déficits del sistema. Desde el 1 de enero, esta obligación se hace extensiva a todas las empresas con ingresos regulados. Las mismas fuentes, consideran que una decisión así podría ser aprovechada por Industria en su defensa en los arbitrajes internacionales planteados por inversores del sector de las renovables.
Pero quedaría por ver si, en ese caso, se obligaría a la devolución de primas cobradas en exceso y cómo se mediría este. Un serio problema para el Gobierno.