Fuente: Cinco Días
La propuesta del ministro de Energía, Álvaro Nadal, de que las titulares de las centrales nucleares (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa y, en pequeña medida, EDP España) asuman el coste de su desmantelamiento obligaría a estas grandes eléctricas a provisionar unos 2.800 millones de euros. Esta cantidad equivale al déficit del fondo que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) destina específicamente al desmantelamiento de las plantas.
El Plan Nacional de Residuos Radicativos (PGRR) de 2006 (el último publicado) cifra en 17.000 millones de euros el fondo necesario hasta 2080 (que es lo mismo que decir a infinito) para hacer frente tanto a la gestión de residuos como al desguace de las instalaciones. De esta cantidad, 12.100 millones procedería de las tasas que pagan las empresas y el resto a la rentabilidad financiera que Enresa obtendría de colocar dicho fondo en el mercado.
En estos momentos, el fondo total de esta empresa pública asciende a 5.200 millones de euros, según datos empresariales. Y aunque no hay una atribución del mismo por actividades, se calcula que un 24% correspondería al desmantelamento de las centrales tras su cierre y el grueso (algo más de un 75%) a la gestión de los residuos. La propuesta que el ministro de Energía aún mantiene encima de la mesa, plantea que Enresa siga gestionando los residuos (la empresa pública explota la planta de El Cabril, en Córdoba, de residuos de media y baja intensidad) y privatizar los desmantelamientos.
Por tanto, según dichos porcentajes, los fondos necesarios para sufragarlos sumaría 4.080 millones frente a los 1.250 millones de euros que había en la caja a 2017. Por tanto, las empresas necesitarían añadir 2.800 millones para desmantelar su parque. Según la propuesta de Energía, estas recibirían el fondo acumulado por Enresa para este fin desde 1985.
Por tanto, si prosperase la medida de Nadal, a la que las empresas se oponen, estas se verían obligadas a provisionar esa cifra, en función de sus activos nucleares. La más afectada sería Endesa, con un 47%, seguida de Iberdrola, con un 42% y Gas Natural Fenosa, el 10%.
Hasta 2005, y desde 1985 en que se creó el fondo, este lo pagaban los consumidores a través de la factura de la luz y a partir de aquel año, un cambio regulatorio obligó a las empresas a dotarlo a través de tasas que gravan la radiactividad generada. Cuando se produjo este cambio, los usuarios habían pagado 1.794 millones de euros. Hasta 2015, el saldo acumulado era de 4.613 millones y la empresa pública había gastado más de 2000 millones desde 2005, en la gestión de los residuos y el desmantelamiento en marcha en ese periodo: además de la planta de Vandellós I, cerrada por un grave accidente en 1978 y la de Zorita, cuya clausura se decretó en 2006.
Aunque todo apunta a que la propuesta del titular de Energía responde a su intención de poner trabas al cierre con el que amenazan algunas eléctricas como Iberdrola, en el sector se considera que también lo hace a la vista de las dificultades para abastecer la caja de Enresa. El propio Nadal advirtió recientemente en el Congreso de los Diputados que la rentabilidad financiera de este fondo ha descendido considerablemente. Por otro lado, los costes del sistema van en aumento: a falta de un Almacén Temporal Centralizado de Residuos (ATC), las centrales se van a ver obligadas a construir almacenes individuales (ATI) en sus terrenos. Por el momento, han sido autorizados los de Ascó y Almaraz, amén del proyectado en Garoña. Según la propuesta del ministerio, esta central sería desmantelada por Enresa.
A estos costes habría que añadir el de los residuos de Vandellós I, que custodia Francia desde su cierre. También el que el desmantelamiento de los reactores más nuevos es más caro porque los desechos acumulan más radiactividad.
Todos estos cálculos son válidos para la actual vida util de 40 años que tienen las centrales. Si esta se amplía a 50 años, según fuentes empresariales, el fondo sería suficiente, “y sobraría”.
UNA MEDIDA EN EL AIRE
Tras el frustrado intento de incluir la privatización del desmantelamiento de las centrales nucleares en una enmienda a la ley contra la sequía, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, insistió en seguir adelante con la propuesta, que incluirá en una proposición de ley.
Aunque el PSOE ha advertido que no contará con su apoyo, ya sea como proyecto de ley, ya como proposición de ley, las empresas temen que por alguna vía, el ministro siga adelante con su deseo. Si se trata de entorpecer el cierre de centrales, lo lógico, aseguran en el sector, es aumentar su vida útil para que sean rentables.
La medida tampoco gusta en Enresa, que se quedaría sin la función del desmantelamiento. Aunque las eléctricas comparten su deseo de que la mantengan, también le piden más transparencia.