Fuente: El Economista
Las empresas eléctricas avisan de que deben saber qué sistemas de autoconsumo hay conectados a sus redes para poder gestionarlas y evitar que el desconocimiento «pueda afectar a la calidad de suministro, a la seguridad de las instalaciones, del resto de usuarios y de las personas».
Así se pronuncia Raúl Suárez, miembro del Comité de Directores de Aeléc, la asociación de las cinco grandes compañías del sector -EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo-, alertando de que la regulación del autoconsumo en tramitación debe prever las necesidades de gestión de las redes a las que se conectan las instalaciones.
La propuesta normativa exime a las instalaciones menores de 15 kW del solicitar el permiso de acceso y conexión a la red a las empresas distribuidoras, algo obligatorio con la normativa anterior, anulada a finales del año pasado. Con ello se busca agilizar los trámites burocráticos, impedir que se conviertan en una barrera administrativa, y fomentar el crecimiento del mercado.
Sin embargo, al eliminar ese paso del proceso de instalación de los sistemas de autoconsumo se priva a las empresas distribuidoras del canal para conocer directamente qué instalaciones se están conectando en sus redes de baja tensión al sistema.
El autoconsumidor, en todo caso, debe informar a la Comunidad Autónoma de la existencia de la instalación y debe cumplir los requisitos técnicos que ésta establezca -tienen competencias en redes de baja tensión-, de modo que las eléctricas podrían recabar los datos de la Administración local, pero no acaban de fiarse.
Vulneración de la normativa técnica
Las distribuidoras argumentan que el desconocimiento sobre los sistemas que se conecten a sus redes puede derivar en que se vulnere la normativa técnica -la ITC-BT-40 establece un máximo a la potencia conectada en las redes-, con efectos negativos para la calidad del suministro y peligrosos para los operarios de las infraestructucturas, que pueden ser víctimas de vertidos incontrolados procedentes de las instalaciones de autoconsumo cuando desempeñan simples labores de mantenimiento.
Por eso Aeléc, en sus alegaciones a la propuesta normativa, acepta que se exima de pedir los permisos de acceso y conexión a las pequeñas instalaciones, pero reclama que se notifique su existencia directamente a las distribuidoras, para garantizar que no se rebase el citado límite, y, en el caso de que eso suceda, «comunicar al titular de la instalación de producción la imposibilidad momentánea de poder conectar su instalación a la red en la modalidad de autoconsumo con excedentes hasta que se realicen los refuerzos de red oportunos».
El autoconsumidor, hasta que estén listos dichos refuerzos, que deben incluirse en unos planes de inversión de las empresas eléctricas que periódicamente aprueban las autoridades, podrían instalar dispositivos antivertido para evitar que sus excedentes de generación se inyecten en el sistema, y luego retirarlos y aprovechar el nuevo mecanismo de compensación.
Suárez insiste en que «no se trata de poner una barrera administrativa, pero los distribuidores han de conocer qué se está conectando en sus redes para que todo funcione correctamente y sin riesgos».
A tiempo de aprobarse
En otro orden de cosas, la normativa en tramitación podría estar aprobado antes de que los ciudadanos vayamos a votar el próximo 28 de abril, aunque es difícil.
Al no tener rango de Ley -es un Real Decreto- no la deben aprobar unas Cortes que se disuelven el 5 de marzo, y se está tramitando por la vía de urgencia. El período de audiencia pública ya ha concluido y falta que se pronuncien la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Estado, que tarda un mínimo de 10 días en hacerlo.
De este modo, dependiendo de la velocidad de la CNMC y de su paso de un organismo a otro, con escala en el Ministerio para la Transición Ecológica, podría aprobarse en alguno de los Consejos de Ministros que quedan hasta las elecciones.