La reforma del sistema del gas en la que trabaja desde hace meses el Ministerio de Industria se encuentra estancada por el futuro incierto del almacenamiento de gas Castor. Este se encuentra paralizado desde el pasado otoño tras los terremotos ocurrido de la costa de Castellón que fueron inducidos por la inyección de gas colchón en la planta. De hecho, tras muchas reuniones con las empresas afectadas, la transportista Enagás y las distintas distribuidoras (Gas Natural, Redexis y Madrileña de Gas, principalmente), la reforma estaba bastante avanzada, según fuentes del sector.
De hecho, ya se manejaban cifras sobre el recorte que implicarían las medidas, unos 400 millones de euros: 200 millones para el transporte; 110 millones para la distribución y otros 90 millones derivados de la eliminación del índice de actualización de la retribución (el denominado IPH). Eso sí, según las mismas fuentes, quedaba por resolver cómo se repartiría el recorte de la distribución entre las empresas afectadas.
El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró la semana pasada en un encuentro con la prensa que el ministerio había llegado a un acuerdo con las compañías para establecer en la distribución del gas un sistema de retribución igual al de la electricidad, en la que los ingresos son mayores si la demanda aumenta y viceversa, revisable cada seis años. Para ello, se negociaba con las compañías “un escenario razonable de previsión de la demanda hasta 2020”. Nadal avanzó que tanto el nuevo sistema como el mercado secundario de gas (probablemente, ibérico)que se negocia en paralelo a la reforma estarían listos el 1 de enero de 2015.
Pero hay una contingencia que puede dar la vuelta al coste de una reforma que el Gobierno ha planteado para evitar que el incipiente déficit de tarifa del gas siga el mismo camino que el eléctrico: la solución a Castor. Aunque este déficit es mucho menor que el eléctrico, tanto en volumen (más de 700 millones acumulados) como en términos relativos sobre los ingresos del sistema gasístico (3.600 millones anuales), si en estos momentos está estancado es porque este almacén aún no se ha integrado en el sistema y no ha cobrado retribución alguna.
Pero los costes de Castor ya están auditados (1.461 millones de euros) y la instalación contaría ya con la autorización provisional que no definitiva para su integración en el sistema. Esto le daría derecho a ser remunerada, por ejemplo, por el medido millón de euros que la empresa que lo explota, Escal, destina cada mes a su mantenimiento.
Todo apunta, a tenor de las declaraciones de Nadal, a que el Gobierno no lo pondrá en marcha ni tampoco lo cerrará. “La pregunta del millón es qué pasaría a partir de ahora” si se pone en marcha, dijo el secretario de Estado, quien consideró que “hacen falta años de análisis”. Asimismo, descartó su desmantelamiento, «por si lo necesitamos dentro de 10 años”. Por tanto, solo queda por comprobar si el Gobierno decreta su cierre sine die o si es la propia Escal, en la que participa ACS con un 66,7% y la canadiense CLP, con el resto, la que solicita la renuncia de la concesión, lo que le permitiría recuperar su inversión ya auditada.
Escal no esperará a que pasen las municipales
El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y el presidente de ACS, Florentino Pérez, han reconocido haber mantenido contactos para tratar sobre el futuro de Castor. El segundo, en representación de Escal, ha pedido un plazo razonable para la puesta en marcha del almacén subterráneo y su integración definitiva en el sistema gasístico.
Fuentes del sector, aseguran que la intención de Industria era posponer la decisión para después de las elecciones municipales de 2015, pero la dueña del proyecto solo se mostró dispuesta a dejar pasar los comicios europeos. De no ser así, Escal renunciaría a la concesión de Castor, que Industria estaría obligada a aceptar y a reintegrar la inversión, según lo establecido en la orden de peajes de 2006, que permite esta reversión en caso de riesgo geológico. Tanto Nadal como el titular de Industria, José Manuel Soria, son conscientes del problema financiero de los bonistas de Castor, entre los que se encuentra el BEI, propietario de 300 millones en bonos y garante de otros 200 millones. Los bonos (1.400 millones de euros) vencen cada seis meses y así como en el vnecimiento del 31 de diciembre solo se pagaron intereses en el del 30 de junio se pagarán intereses y amortización.
Ya sea por la reversión de la concesión o porque el ministerio tome la decisión de parar Castor, la cuestión es cómo se financiará la devolución de la inversión. Todo apunta a que será a través de la tarifa del gas, un coste que Industria deberá tener en cuenta en la nueva reforma. En este punto, hay fuentes jurídicas que opinan que la normativa energética no contempla la posibilidad de retribuir vía tarifa un activo que no esté en funcionamiento. Aunque existen antecedentes como el de la moratoria nuclear.