Fuente: El Mundo
El primer concurso para instalar nuevas instalaciones renovables en cuatro años en España ha llegado sumido en una enorme bronca entre el sector energético y el Ministerio de Industria. La patronal eólica AEE, que integra al 90% del sector incluidas las grandes eléctricas, advirtió ayer de que el gran apetito inversor de la subasta «no refleja la realidad del sector» ni es «significativo».
Por su parte, desde el Ministerio de Industria aplauden el éxito de la convocatoria -la primera tras la moratoria verde aprobada en 2012- y presumen de que las nuevas renovables costarán al consumidor eléctrico «15 veces menos» de lo que costó la energía fotovoltaica promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.
La subasta de energías renovables también ha abierto una grieta entre las propias empresas del sector. La alta oferta en la subasta de incentivos a la inversión ha multiplicado por cinco la capacidad subastada, por lo que los adjudicatarios han logrado la concesión sin retribución adicional a lo ingresado por el precio que determine el mercado mayorista.
Varias fuentes del sector consultadas consideran que el resultado de la subasta hace peligrar el desarrollo de los 500 megavatios (MW) de potencia eólica asignada, ya que hoy en día, añaden, sólo se pueden construir parques sin apoyo primado en situaciones «muy excepcionales». Los adjudicatarios han sido el gigante portugués EDP y las compañías Jorge Energy y Energías Eólicas de Aragón. En el caso de la subasta de 200 MW de biomasa, los ganadores de la subasta han sido los grupos Ence y Forestalia.
La patronal renovable Appa, que engloba a todas las tecnologías verdes, cargó también contra Industria por su «improvisación» en el diseño de la subasta y advirtió sobre la «incertidumbre en la materialización de los proyectos adjudicados». «La subasta se ha mostrado más como un producto financiero y los adjudicatarios podrían tener dificultades para desarrollar los proyectos», cargó en un comunicado la asociación empresarial. «El resultado es sorprendente y se aparta de la ortodoxia económica.
Es significativo que la mayoría de los principales promotores del sector no hayan resultado adjudicados», añade la misma nota. A pesar de las críticas y quejas por parte del sector, el concurso de potencia renovable fue validado en la tarde del pasado jueves por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Las patronales renovables y las empresas consultadas a título individual también coinciden en la urgencia de convocar nuevos procesos para asignar incentivos a la inversión -antiguas primas- a la construcción de nuevos parques o a la repotenciación de los existentes. Esto es, la sustitución de maquinaria antigua por molinos más potentes y con mayor capacidad de generación eléctrica.
Según los cálculos del sector, España precisaría aún de la instalación de 6.400 MW adicionales renovables -equivalentes a un 6% de la capacidad actual del sistema- para cumplir con los objetivos en esta materia fijados por Bruselas para 2020. Buena parte tendrían que instalarse «antes del verano» para que pudieran estar operativos al final de esta década, ya que la construcción suele durar un periodo de cuatro años.
En este sentido, la incertidumbre política que sufre el país por la ingobernabilidad surgida tras las elecciones generales del pasado 20 de diciembre introduce más presión al ya de por sí cuestionado cumplimiento de los deberes. El Ministerio de Industria considera que «hoy en día» el país está por encima de la senda prevista para lograr ese objetivo. «La nueva potencia adjudicada contribuirá a asegurar el cumplimiento de ese objetivo con el mínimo coste para el consumidor», añade el departamento dirigido en funciones por José Manuel Soria.