Fuente: El Periódico de la Energía
La industria electrointensiva tiene de plazo hasta el próximo 15 de febrero para presentar sus propuestas al Gobierno antes de elaborar el Estatuto de su sector. Un Estatuto que a día de hoy es un papel en blanco y que no define ni siquiera quiénes son los que van a incluirse en él.
“Entendemos que la industria electrointensiva es toda aquélla que forma parte de asociaciones como AEGE (Asociación de Empresas con gran consumo de energía), UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas), cualquier sector industrial manufacturero con alto consumo, así como ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) o las cementeras (Oficemen)”, señalan fuentes del sector, “pero hay que esperar a que lo determine el documento final que aprueba el Gobierno”.
Mientras tanto, lo que es seguro es que pedirán sus reclamaciones históricas, es decir, equiparar el precio de la electricidad a la de sus homólogos francés y alemán y mantener su competitividad a salvo. Y para ello, al igual que se hace en Francia, podrían reclamar una reducción en tarifa de los costes del sistema eléctrico, una exención parcial o total de parte de los peajes, una compensación sobre el precio del carbono o participar en subastas de interrumpibilidad diseñadas por el Gobierno.
Pero una de las propuestas más novedosas será incluir PPAs que les ayude a bajar su factura energética. “Propondrán un sistema de contratos bilaterales especiales con proyectos renovables nuevos o con los ya existentes”, señalan las mismas fuentes.
Una opción que desata las dudas sobre quién gana o pierde en esos acuerdos o cuál sería el papel del Estado en todo ello.
“Si se toma como referencia lo que se hace en Francia, existe un sistema de subastas, que se llaman ARENH, en donde la nuclear debe destinar parte de su producción para ofertarla en ellas y, aunque pueden acudir cualquier tipo de consumidor, en España podría asignarse solo para la industria electrointensiva”, explica por su parte el analista Javier Colón, de la consultora Neuro Energía, “en el caso del país vecino, el gobierno francés incluso obliga a EDF a que parte de su producción se destine para las subastas”.
“Durante muchos años la demanda de las empresas que acudían a las subastas era inferior a la electricidad que las nucleares ofertaban, y no se llega a comprar toda la energía, pero en los últimos años, con la elevación de los precios mayoristas, se está invirtiendo esa relación y la demanda es incluso superior a la energía subastada”, añade el experto.
“En el caso de España, esa podría ser una opción para los PPAs, que fuera una subasta donde participaran los nuevos proyectos renovables y se fijara un precio, y en el caso de que la industria ofreciera un precio que no le interesara a los productores o al revés, podría darse el caso de que se quedara desierta”, puntualiza Javier Colón.
“Otra de las opciones es que el Gobierno, como el francés, obligara a las plantas ya existentes, como las nucleares, a pactar precios competitivos con la industria electrointensiva”, pero en este caso saldrían perdiendo porque recibieran menos retribución que si fuera a pool, “por lo que habría que retribuirles de alguna manera y la opción más viable sería incluyendo un nuevo cargo a la factura eléctrica que pudiera costear esa diferencia”.
Una medida que se unirá a otras tantas para permitir a estas empresas reducir sus costes de energía y “garantizar la competitividad”, según aseguró la ministra de Industria, Reyes Maroto.