Fuente: Cinco Días
A comienzos de junio, el Ministerio de Energía propuso un decreto que regula los procedimientos de conexión a la red eléctrica a fin de reducir los plazos para la obtención o denegación de permisos. Los productores de energía fotovoltaica llevaban tiempo esperando el borrador porque el Gobierno debía cumplir sentencias del Tribunal Constitucional relacionadas con el autoconsumo.
Hace un año, el órgano abrió la posibilidad de que varios vecinos compartan la energía producida por una misma instalación fotovoltaica al modificar la norma de 2015 que lo prohibía. El decreto propuesto por el Ejecutivo respeta el fallo, pero no ha satisfecho del todo al sector, que esperaba otras medidas de calado, entre ellas, la eliminación del impuesto al sol.
“El decreto incorpora algunas reclamaciones que llevábamos tiempo haciendo. No obstante, hay margen de mejora y, por ello, hemos realizado alegaciones”, dice José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef). “Si se aprueba con las observaciones que hemos presentado, favorecerá el autoconsumo fotovoltaico en España”, añade.
La reivindicación más importante es la eliminación de la tasa que el Gobierno impuso en 2015 a los consumidores que tienen paneles en sus tejados para hacerlos partícipes de los costes del sistema.
Pero Donoso argumenta que se trata de un cargo sobre energía que no pasa por la red de distribución y que, por tanto, no debe sufragar su mantenimiento. “Lo que no se usa no se paga”, sostiene.
En mayo, grupos parlamentarios, entre ellos Unidos Podemos y el PSOE, registraron una proposición de ley para fomentar el autoconsumo que contempla la eliminación del impuesto, algo que también propugna la nueva directiva europea de renovables. Sin embargo, la propuesta del ministerio, que se publicó cuatro días antes de hacerse efectivo el cambio de Gobierno, lo mantiene.
El borrador tampoco recoge otras demandas, como la distinción entre dos tipos de consumidores, aquellos cuyos paneles están técnicamente impedidos de inyectar la energía excedentaria a la red y, por consiguiente, no pueden venderla al sistema, y los que sí pueden hacerlo.
Donoso explica que esta distinción es importante porque las instalaciones sin excedentes no se pueden considerar productoras y, en consecuencia, deben tener un régimen regulatorio diferente al de las que sí cumplen esa condición.
“Hay cosas que se pueden hacer sin modificar la ley de 2015. Por ejemplo, es importante que se pueda valorar la energía inyectada a la red por los autoconsumidores”, comentan fuentes de Endesa, que también ha presentado observaciones y pide la eliminación del impuesto al sol.
“Lo ideal sería eliminar todos los cargos, que no los pague ningún cliente, con o sin autoconsumo. Mientras esto no se haga, hay diseños de tarifa más eficientes, que reparten de una manera más justa los costes por utilizar la red, por ejemplo, cargos por la potencia contratada como en Portugal”, abundan.
Para Cox Energy, que promueve y gestiona plantas solares, la tasa no es un impedimento para el desarrollo de sus proyectos. “Nuestro mayor inconveniente son las tramitaciones”, puntualizan. Precisan que actualmente los papeleos tardan entre 1,5 y 2 meses cuando, en su opinión, todo debería quedar resuelto en dos semanas o incluso menos. En ese sentido, consideran que el decreto cumple sus expectativas, ya que suprime algunas barreras y simplifica trámites.
Entre los aspectos positivos, destaca la ampliación del procedimiento simplificado de que gozan las instalaciones de 10 kW a las de hasta 15, “con lo que prácticamente abarcaría toda la horquilla de tramitaciones que afectan al cliente residencial”.
No obstante, el grupo también ha presentado observaciones. Entre otras, pide que se defina la sanción a las distribuidoras que no cumplan los plazos de tramitación y que se retire el impuesto de generación eléctrica del 7% a las instalaciones de menos de 100 kW, para que así puedan vender la energía sobrante y sea más atractiva la inversión.
Paneles en el tejado desde 4.000 euros
Inversión. Producir energía para consumo propio puede costar entre 4.000 y 10.000 euros dependiendo del tipo de instalación y de si esta se consumirá de manera instantánea o se almacenará en baterías, según fuentes de Cox Energy. La inversión –añaden– se puede recuperar en un plazo de entre seis y ocho años.
Ahorro. Endesa, por su parte, estima que una instalación bien diseñada puede cubrir desde el 35% de la energía que se consume en un hogar hasta superar el 80% si se complementa con sistemas de almacenamiento como las baterías de ion-litio.