Fuente: El Periódico de la Energía
España está abocada a realizar una reforma fiscal medioambiental o energética. Imponer una tasa a la contaminación parece ser la medida estrella del plan que manejan todos los partidos. Ahora, hay que ver cómo hacerlo y gestionarlo. ¿Quién se verá afectado? ¿A dónde se destinará lo recaudado?
No muy lejos, en Francia ya se ha puesto en marcha una reforma fiscal energética, que podría servir de ejemplo para España.
Según cuenta la plataforma Energía y Sociedad, el gobierno francés ha aprobado diversas medidas fiscales en el sector energético, en el marco de la denominada transición energética hacia una economía verde.
Entre las medidas se pueden destacar las siguientes
•A partir de 2015, todos los combustibles fósiles contribuirán a la financiación de tecnologías renovables mediante una tasa sobre las emisiones de CO2, que se incorpora a los impuestos especiales de forma proporcional a su contenido de carbono.
•Por otra parte, se identifican los costes no vinculados al suministro (extracostes de zonas no conectadas y tarifas sociales, principalmente), que pasarán a ser financiados mediante una partida presupuestaria diferenciada
•Además, se ha aprobado una compensación a la industria electro-intensiva por los costes indirectos derivados de la incorporación en el precio de la electricidad del coste de los derechos de emisión del EU-ETS.
Los tres puntos clave
Desde 2015, todos los combustibles fósiles, contribuyen a la financiación de tecnologías renovables mediante una tasa sobre las emisiones de CO2 que se incorpora a los impuestos especiales de forma proporcional a su contenido de carbono.
Este sistema de tasación prevé aumentar progresivamente los impuestos especiales al consumo de productos energéticos en base a la evolución del valor de referencia del CO2 fijado por el gobierno, que pasa de los 7 €/tonCO2 en 2014 a los 100 €/tonCO2 en 2030.
Esta tasa se va incorporando en los impuestos especiales que gravan el consumo final de los productos energéticos de forma proporcional a su contenido de CO2, de forma que, desde 2015 afecta a todos los productos energéticos (productos petrolíferos, gas, carbón y electricidad).
Por otra parte, se identifican los costes no vinculados al suministro (extracostes de zonas no conectadas y tarifas sociales, principalmente), que pasarán a ser financiados mediante una partida presupuestaria diferenciada Hasta 2015, la tarifa eléctrica era la responsable de sufragar mediante un cargo específico una serie de cargos tanto de política energética como de carácter social.
Además de los sobrecostes de las políticas de apoyo a las renovables y a la cogeneración, se incluían costes de apoyo a las zonas no interconectadas a la red nacional, financiación de las tarifas sociales y del regulador y otros.
Con la reforma fiscal introducida en la Ley de Presupuestos de 2016, se diferencian y se separan los costes de carácter social, no relacionados con la transición energética, que se financiarán con los ingresos de los Presupuestos Generales del Estado a través de una nueva partida presupuestaria (“Servicio público de energía”).
En el nuevo esquema, el Estado asume la responsabilidad de estos costes sociales, de forma que no supongan un encarecimiento de la factura eléctrica, a pesar de que Francia es uno de los países de la UE con menores precios de electricidad.
Por último, la Ley de Presupuestos de 2016 también ha aprobado una compensación para aquellas empresas en riesgo significativo de fuga de carbono debido a los costes indirectos derivados de la incorporación en los precios de la electricidad del coste de los derechos de emisión (EU ETS). Está pendiente que esta ayuda sea aprobada por la Comisión Europea.
¿Cómo se aplicarían en España?
Estas medidas se podrían aplicar en España, cuya factura incluye costes de política energética y social, no vinculados al suministro, de importe superior a los que están actualmente vigentes en Francia.
La reforma fiscal de Francia puede ser un buen ejemplo para abordar el encarecimiento que se ha venido produciendo en España por la existencia de costes derivados de políticas sociales y energéticas.
Las tarifas de electricidad de ambos países incluyen costes no vinculados al suministro, en un contexto en el que los costes de apoyo a las energías renovables se han incrementado significativamente, poniendo en peligro la estabilidad de las tarifas de electricidad, que exigen elevadas subidas anuales si sólo el consumidor eléctrico se hace cargo.
En el caso de España, este incremento ya se ha producido, al incluir la factura costes de política energética y social, no vinculados al suministro, como el apoyo a las tecnologías renovables, el sobrecoste de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, la amortización del déficit de tarifa histórico,… Estos costes no vinculados al suministro han supuesto un fuerte incremento de la factura, que se sitúa actualmente por encima de la media europea.
Tanto organismos internacionales (la OCDE y el FMI) como expertos nacionales (Libro blanco francés sobre la fiscalidad medioambiental; Informe Lagares, en el caso español) han puesto de manifiesto la necesidad de una reforma fiscal medioambiental.
“Una reforma fiscal contribuiría a restablecer el equilibrio de precios entre las distintas energías, respetando el principio de “quien contamina paga” y asegurando fuentes de financiación para los futuros desarrollos en energía sostenible, tanto desde un punto de vista medioambiental como económico”, dicen desde la plataforma.