Fuente: El Periódico de la Energía
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere acabar con una serie de privilegios que poseen los consumidores directos. Esta figura del mercado eléctrico no realiza unos pagos que sí hacen el resto de consumidores normales. Se trata del bono social que repecuten las comercializadoras a través de la factura de la luz, la financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y la Tasa Municipal que pagan las comercializadoras.
Según la CNMC, el bono social considera como sujetos obligados únicamente a los comercializadores de energía eléctrica, no resultando de aplicación esta obligación a los consumidores directos en mercado. Sin embargo, “hay consumidores directos que no estarían ejerciendo la actividad por sí mismos,dado que les representan otros agentes para realizar las compras de energía en el mercado (bien otras comercializadoras como sus representantes o sujetos de mercado que son directamente representantes)”.
Esto ha hecho que el número de consumidores directos se dispare en los últimos meses. Según datos de la propia CNMC hay registrado 340 consumidores directos en el mercado. La gran mayoría de estos consumidores directos son empresas de cierto tamaño con un consumo de energía eléctrica más o menos elevado. Pero también hay mucha figura de la administración pública, que sí cuentan con representante o agente de mercado para que les compre su energía.
A 31 de octubre de 2018, los consumidores directos llevaban consumidos 3.500 GWh, o lo que es lo mismo el 1,5%, más del doble de la energía demandada en 2017 y más del triple que la de 2015.
Entonces, cada vez el peso del bono social, de la financiación del Fondo de Eficiencia Energética y la Tasa Municipal recae en menos consumidores y por tanto la CNMC lo ve injusto y cree que se debería repartir entre todos.
“Con el fin de evitar tratos discriminatorios de unas figuras a favor de otras, debería plantearse la extensión de esta obligación a toda la demanda, independientemente de cómo accede al mercado a comprar la energía. De esta forma se evitaría que el coste del Bono Social y la aportación al Fondo de Eficiencia Energética sea financiada por un colectivo cada vez menor (el suministrado por una comercializadora), con la correspondiente implicación de aumento de precios o pagos explícitos, en las facturas de sus clientes”, señala la CNMC en su último informe sobre financiación del bono social.
Para que quede claro, estos son las tres obligaciones a las que debería hacer frente el consumidor directo:
1) El coste de la financiación del bono social, cofinanciación del suministro de electricidad de energía eléctrica de los consumidores en riesgo de exclusión social y el coste de los consumidores definidos en el artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013.
2) La aportación económica que va destinada al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
3) La tasa municipal que ingresan los ayuntamientos por el suministro de energía eléctrica en su localidad (1,5% del coste de suministro de energía eléctrica, esto es el 1,5% de la facturación total excluido el peaje de acceso).