Fuente: Cinco Días
La CNMC ha comenzado a ejercer su función “legislativa” sacando a consulta pública sus primeras circulares o normas. Concretamente, cuatro relativas al sector energético. Al amparo de la potestad que le otorgó el real decreto ley 1/2019, de enero, el organismo ha remitido para alegaciones una circular sobre la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transportes y distribución de los productores de electricidad (quedan fuera, de momento, las de distribuidoras y consumidores).
Otra circular hace referencia al acceso y asignación de capacidad en el sistema del gas y otras dos, respectivamente, a las metodologías que regulan el funcionamiento del mercado eléctrico y la operación del sistema y la que fija las normas de balance del gas natural.
En el primer caso, para evitar la especulación que planea ya sobre el acceso a las redes eléctricas en un momento de impulso de las renovables, la CNMC propone “ordenar y dar un horizonte de factibilidad al elevado número de proyectos”. REE tiene registradas solicitudes para 160.000 MW, cifra tres veces superior a los previstos para 2030 en el Plan Nacional de Energíia y Clima (PNIEC).
Entre las medidas propuestas en esta circular por la Comisión figura la propuesta de subastar los permisos de acceso y conexión de la capacidad liberada tras el cierre de centrales de más de 200 MW o, en general, el incremento sobrevenido de capacidad disponible en un nudo que permita una nueva potencia instalada superior a 200 MW. La adjudicación se realizará mediante subasta en sobre cerrado con un sistema marginal, en el que se ofertará, para una determinada potencia y tecnología, el importe en euros/MW que esté dispuesto a ofrecer el solicitante. Los fondos obtenidos se considerarán ingresos del sistema eléctrico, lo cual, según fuentes de las eléctricas, “encarecerá el precio de la energía pues este coste se trasladará a la factura de la luz”.
El borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez establecía que, en el marco de una transición justa, las eléctricas podrían mantener las conexiones de los emplazamientos de las plantas de carbón o nucleares que se cierren. Y es que los permisos de clausura conllevarán la obligación de garantizar, entre otros, el empleo, con la construcción de instalaciones de renovables.
Además de la desaparición de la figura del interlocutor único de nudo (un intermediario muchas veces con conflicto de interés, pues recaía en alguna eléctrica que frenaba el proceso), la circular de la CNMC plantea otro tema espinoso: el del uso de la conexión en caso de hibridación (cuando el propietario de un parque eólico instale en él una planta fotovoltaica). La hibridación se regula con limitaciones.
Encuanto a los avales para solicitar un punto de conexión, la Comisión ha optado por mantenerlos (40.000 euros/MW) y fía la criba de tanta solicitud en plazos o hitos “que acrediten el grado de avance de proyectos debidamente identificados y aseguren su culminación”.
Aunque la ley 1/2019 otorga al organismo la potestad legislativa, el Gobierno “podrá establecer las orientaciones de política energética que deben ser tenidas en cuenta en la circular que apruebe la CNMC”. Una reserva del Gobierno que no todos comparten pero que obliga al organismo a consensuar sus normas. En este caso se ha adelantado a la aprobación de un real decreto sobre conexiones, cuyo contenido ya figuraba en un borrador elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica, ahora en funciones.
No obstante, las circulares lanzadas hoy a consulta pública (las afectadas tienen de plazo hasta el 5 de julio) no incluyen una fecha de entrada en vigor. Precisamente, a la espera de que se configure el nuevo Gobierno y el ministerio apruebe su RD complementario.