Fuente: El Economista
La Comisión Europea (CE) presentó hoy una serie de medidas para asegurar la seguridad del suministro de gas en la UE y reducir la dependencia energética, sobre todo de Rusia, entre las que destacan planes de contingencia por regiones y el control de contratos comerciales e intergubernamentales por Bruselas.
El vicepresidente de la CE para la Unión Energética, Maros Sefcovic, recalcó que las propuestas no van en contra de Rusia, aunque la relación con Moscú es «extremadamente compleja», sino que la Unión Europea (UE) reconoce que el país «es y será un socio muy importante» en materia energética.
No obstante, algunas partes claves de las medidas apuntan directamente a Rusia o su consorcio gasístico Gazprom, como los planes de prevención y contingencia regionales o la notificación automática a la CE de contratos comerciales de gas de más de un año de duración si la cuota de mercado es lo suficientemente importante para ser relevante para la seguridad del suministro, un 40 %.
El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete afirmó que, tras las crisis del gas de 2006 y 2009, que dejaron sin calefacción a millones de personas, la UE decidió que eso no podía volver a pasar, pero la realidad es que las pruebas de resistencia realizadas en 2014 «mostraron que aún somos demasiado vulnerables ante interrupciones prolongadas del suministro de gas».
La UE ha importado por décimo año consecutivo más de la mitad de la energía que consumió en 2014, y además, las tensiones políticas en sus fronteras «son un áspero recordatorio de que el problema no va a desaparecer sin más», señaló, en una referencia, aún sin mencionarlos, a la crisis y problemas gasísticos entre Kiev y Moscú.
Así, entre otras medidas, la CE propuso hoy pasar de un enfoque nacional a uno regional y solidario para la cooperación entre los Estados miembros a la hora de prevenir y hacer frente a crisis gasísticas, como una interrupción del suministro por parte de Rusia.
España se integraría en el denominado grupo «Norte-Sur de Europa occidental», formado además por Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda y Portugal, según consta en la propuesta de la CE, que ha definido siete regiones más Chipre y Malta.
Bruselas ha observado en los últimos años que «las políticas nacionales no siempre tienen en cuenta la situación de la seguridad del suministro de sus vecinos» y que la UE no siempre evalúa adecuadamente los riesgos externos.
Además, según Arias Cañete, la «insuficiente transparencia» de contratos comerciales dificulta la introducción de medidas preventivas y de abastecimiento eficaces y una rápida reacción ante una crisis de suministro de gas.
De ahí que la CE quiere ser «notificada automáticamente» de ciertos contratos comerciales, y no para «husmear» en ellos o controlar los precios o hacer cambios a acuerdos privados, sino «tener una mayor transparencia sobre la situación de la seguridad del suministro en una región dada», explicó.
De la misma manera quiere ver los contratos intergubernamentales entre uno o más Estados miembro y uno o más países de fuera de la UE antes de que se firmen o se enmienden, como puede ser el caso de Nord Stream II, con el que Rusia quiere duplicar la capacidad de su gasoducto a Alemania y que la mayoría de los socios rechazan.
Un tercio de los 124 acuerdos intergubernamentales existentes «contienen provisiones que no cumplen» el derecho comunitario o las políticas de la UE, y una vez firmados los contratos a menudo es demasiado tarde para denunciarlos, argumenta la CE.
Los países de la UE no podrán finalizar los contratos hasta que la CE haya emitido en pocas semanas desde su notificación su opinión sobre la conformidad con las normas de competencia y la legislación sobre el mercado interior energético.
Si no cumplen con el dictamen los países miembros, la Comisión podrá abrir un proceso de infracción.
En cuanto a la cooperación regional y la solidaridad entre países, la propuesta de la CE prevé que en una crisis importante en un Estado miembro, los países vecinos ayuden, en última instancia, a garantizar el suministro de gas a hogares y servicios sociales o públicos esenciales, tales como los sanitarios o la seguridad.
Los planes de prevención y emergencia regionales tendrán que ser actualizados cada cuatro años y deben detallar arreglos técnicos, jurídicos y financieros para aplicar el principio de la solidaridad.
En caso de una crisis habrá tres fases, que implicaría primero la actuación de las compañías y de la industria gasísticas relevantes, después de los Estados miembros a nivel nacional o regional, y por último la intervención de la UE.