La Comisión Europea asegura que existe una investigación en curso acerca de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) del sistema eléctrico y que en unos meses decidirá acerca de si abre o no un expediente, según indica la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PxNME).
La plataforma transmite este mensaje de Bruselas tras haber entregado este miércoles a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea su denuncia sobre la sobrecompensación recibida por las compañías eléctricas en concepto de CTC, explica en una nota de prensa.
«La Comisión ha confirmado que desde hace unos meses existe un procedimiento en marcha por este asunto, presumiblemente iniciado por el Gobierno de España, al que automáticamente queda incorporada la denuncia», señala la plataforma.
La PxNME también asegura que, «sorprendentemente, la Comisión ha agradecido la nueva información aportada en la denuncia y que permitirá a ésta tomar una decisión, en unos meses, sobre si abre o no una investigación formal tendente a exigir la devolución de las sobrecompensaciones».
En la denuncia presentada por la plataforma se pide a las autoridades comunitarias que insten a España a exigir a las eléctricas la devolución de los importes recibidos de más por los CTC.
En concreto, los abogados voluntarios de la plataforma, Piet Holtrop y Daniel Pérez, acompañados por el ingeniero Jorge Morales, han debatido con representantes de la Comisión los aspectos críticos de la denuncia, articulada en torno a dos partes.
Una de ellas consiste en la solicitud de devolución de 3.600 millones de euros cobrados en exceso hasta julio de 2006, según cifras de la Comisión Nacional de Energía (CNE), mientras que la otra alude al resto de «cobros indebidos» desde entonces hasta la fecha, cuyo cálculo está pendiente de realizar.
Historia de los CTC
Los CTC se crearon en 1997, con la Ley del Sector Eléctrico, con el objeto de que las inversiones realizadas hasta ese momento por las eléctricas tuviesen un retorno suficiente garantizado, sin riesgos asociados al proceso de liberalización del mercado.
En concreto, se les garantizó un precio de la electricidad de 36 euros por megavatio hora (MWh), de modo que se les compensaría hasta igualar esta cifra en los momentos en los que el mercado marcase un precio inferior, con un tope de 1,7 billones de pesetas (10.200 millones de euros), según la revisión de la Ley 9/2001.
El mecanismo también descontaba a las eléctricas los ingresos obtenidos en cuanto el mercado superase los 36 euros por MWh, circunstancia que comenzó a producirse en 2005, con las subidas de los precios de la energía, y que continuó hasta 2006, momento en el que el Gobierno derogó los CTC.
No obstante, el Ejecutivo no llegó en ningún momento a reclamar a las empresas el importe cobrado de más, que los informes de la Abogacía del Estado cifran en más de 3.000 millones, hasta que en 2010 prescribió la oportunidad de hacerlo. PxNME considera que esta prescripción pudo haberse producido en 2014.