El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha trasladado a UGT «por primera vez» en lo que va de legislatura la «intención del Gobierno de que el carbón autóctono esté representado dignamente en el ‘mix’ energético» con el objetivo de ir desplazando al de importación, según indica en una nota de prensa el secretario del sector minero de UGT, Víctor Fernández.
El representante sindical participó ayer en la reunión que UGT mantuvo con los especialistas del Minetur y tras la cita señaló que el departamento dirigido por José Manuel Soria también expresó su intención de ir reduciendo la producción de carbón hasta alcanzar los 4,5 millones de toneladas en 2019, aunque no especificó el programa diseñado para las empresas ni sus producciones.
En todo caso, Fernández advierte de que, en lo que va de año, solo se ha quemado en las centrales térmicas el 10 % del carbón nacional asignado. «Confiamos en llegar al menos a poder quemar el 50 % de lo previsto al final del ejercicio», añade el comunicado difundido.
Después del encuentro con el Minetur, el portavoz de UGT concluye que la solución al futuro del sector depende, por un lado, de la reforma energética que se anuncie en las próximas semanas y, por otro, de lo que ocurra el próximo día 3 de julio en Bruselas, cuando se adoptará una decisión acerca de los impuestos al CO2.
Asimismo, subraya que los responsables de la cartera de Industria insistieron en la reunión en que la negociación sobre el carbón debe inscribirse en el contexto energético actual, caracterizado por la sobrecapacidad del parque de generación, en el que existen más de 100 000 MW para una demanda de poco más de 30 000 MW.
UGT aprovechó la cita en el Ministerio para entregar a sus representantes un documento que detalla la posición que defiende el sindicato en aspectos sectoriales, territoriales y sociales. En el primero de ellos, reclama la definición del ámbito de las empresas que percibirán las ayudas y pide que se determinen las ayudas a la explotación, las producciones y el empleo hasta diciembre de 2018.
En cuanto al consumo garantizado, defiende un mecanismo equivalente y sustitutorio del actual real decreto de restricciones por garantía de suministro con una duración mínima hasta diciembre de 2018. También pide ayudas a los ‘stocks’, al transporte y al cierre de unidades de producción.
En el apartado social, desde UGT reclaman la ausencia de bajas traumáticas, lo que implica que el acuerdo recoja prejubilaciones, bajas incentivadas, tratamiento de excedentes, recolocaciones, la creación de una subcomisión de adaptación laboral y el mantenimiento del «vale de carbón».
En materia territorial, se propone la creación de una comisión de seguimiento integrada por las partes firmantes del acuerdo, para analizar y proponer actuaciones, dando prioridad a la formación, las becas y la creación de un tejido empresarial fuerte y competitivo con capacidad de generar empleo.
Por último, el documento deja clara la «más rotunda oposición» del sindicato a la intención del Gobierno de desmantelar el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y al cierre de la Fundación para el Desarrollo de la Formación, encargada de la gestión de las becas y los planes de formación.