Ya lo avanzó al poco tiempo de asumir la responsabilidad al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo su actual titular, José Manuel Soria: en la resolución del déficit tarifario, todos los agentes del sector energético deberán contribuir, y esto incluye tanto a los ciudadanos como a las administraciones públicas como a las propias compañías generadoras de electricidad, tanto las ‘utilities’ tradicionales como el resto de titulares de instalaciones renovables, cogeneración y residuos. Y así ha quedado demostrado en los últimos cambios normativos realizados por parte del Gobierno.
Ahora, parece que las entidades financieras también podrían contribuir a darle solución al problema de la deuda ex ante, ya que es posible que así lo recoja la reforma energética que ultima desde el Minetur y que será presentada previsiblemente antes de la conclusión de junio.
De las reuniones que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha mantenido con los empresarios de las distintas patronales afectadas, ha trascendido que el Gobierno tiene la total convicción de que todos los agentes involucrados en el sector de la energía tienen que arrimar el hombro a partir de donde los Presupuestos Generales del Estado no puedan llegar. En concreto, tras su cita con los integrantes de Protermosolar, asociación de la industria termosolar española, se derivó que dado que los bancos son actualmente dueños de numerosas instalaciones solares cuyos anteriores dueños no han podido seguir manteniendo porque los recortes aprobados desde el Gobierno han asfixiado sus cuentas, deberán ahora asumir parte de los nuevos recortes que sin lugar a dudas se espera que formen parte del último paquete reformista.
Lo que no se sabe con detalle es cómo se formularía esta contribución por parte de la banca. Quizá los tiros podrían dirigirse a que asuma el coste de las posibles quiebras de multitud de instalaciones fotovoltaicas, termosolares o de cogeneración. En este sentido, desde la Unión Española Fotovoltaica (Unef) explican en declaraciones recogidas por Cinco Días que esto «supondría no poder hacer frente al pago del servicio de la deuda y tener que entregar las llaves de las plantas a los bancos». Tampoco es descartable que el Gobierno obligue a las entidades financieras a refinanciar los créditos solicitados por los inversores renovables.
Según especifica el diario económico, las asociaciones sectoriales consultadas acerca de sus encuentros con el secretario de Estado (además de Protermosolar y Unef, la Asociación Empresarial Eólica —AEE— y la que aglutina a los cogeneradores —Acogen—) aseguran que están «al límite» y que no van a poder soportar ningún nuevo recorte. De hecho, desde la patronal que preside Manuel Collados se habla de «un escenario funerario» para sus asociados.
También las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa (Endesa, EDP España, E.ON España, Gas Natural Fenosa e Iberdrola) consideran que el «gran sacrificio» que han realizado hasta ahora es más que suficiente y reiteran que los recortes para acabar con el déficit de tarifa deben aplicarse en las grandes partidas de los peajes, como son las primas al régimen especial (unos 9.000 millones de euros este año).
Sin embargo, todo apunta a que se les pedirá un nuevo esfuerzo. En este sentido, la Comisión Nacional de Energía (CNE) ya ha elaborado la metodología para la retribución de las redes y las opciones que ofrece no pintan bien para el sector. Unesa pide subidas de tarifa y que los PGE asuman parte de los costes regulados. Asimismo, de los encuentros con los responsables del ministerio se deduce que la retribución de transporte (REE) también sufrirá un tijeretazo que podría rondar el 20 %.
La idea general transmitida a las empresas por Alberto Nadal es la de mantener «una rentabilidad razonable», concepto que levanta ampollas porque para algunos, como los asociados de Protermosolar, la rentabilidad de sus instalaciones es ya «insignificante», y es por ello que arremeten contra la interrumpibilidad y los pagos por capacidad y piden que la rentabilidad razonable se aplique a la energía nuclear y la hidráulica.
Como cabría esperar, no existe consenso acerca de por dónde deberían ir los tiros del Gobierno para que estos fueran más certeros para una gran mayoría de afectados. Y es previsible que cuando se desvelen los planes definitivos que tiene el Minetur, los afectados no tarden en levantar sus voces contrarias.
Otros afectados por la nueva reforma serán el gas natural y el carbón y aunque el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que entre sus planes no se encontraba el de hibernar los ciclos combinados, las compañías afectadas están presionando para lograr lo que denominan «una demanda mínima».
¿Qué pasará con los consumidores? Esto también constituye una incógnita y desde Facua, asociación que representa a los usuarios en el consejo consultivo de la CNE, reconocen que ni siquiera han mantenido un encuentro formal con Alberto Nadal. Para esta patronal no todo es tarifa, y por ello demandan una regulación de los derechos y deberes de los usuarios, que están cada vez más desprotegidos. Eso sí, una medida que rechazan es la posibilidad de que se rebaje la potencia contratada que da derecho a acogerse a la tarifa de último recurso (TUR) y, por otra parte, aseguran que desconocen si el Minetur tiene previsto modificar el actual sistema del bono social.