El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, advirtió ayer jueves de que el Gobierno no prorrogará el decreto de garantía de suministro, que obliga a quemar determinadas cantidades de carbón nacional y cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2014.
En respuesta a una pregunta del diputado socialista Antonio Trevín en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Calvo-Sotelo ha recordado que la prórroga más allá de 2014 no es posible, tal y como ha manifestado «reiteradamente» la Comisión Europea. Así, a partir del 1 de enero de 2015 la generación eléctrica a partir de carbón nacional, así como la producción y precio de este mineral, «deberán acordarse entre las empresas afectadas», es decir, entre eléctricas y mineras. Sin embargo, ha apuntado que el Gobierno puede «establecer un procedimiento» para «mantener un hueco térmico suficiente para el carbón autóctono», sin costes para el sistema eléctrico, a partir de 2015. De acuerdo a las negociaciones entre Industria, sindicatos y patronal, este hueco será de alrededor del 7,5 % hasta 2018, aunque el secretario de Estado no ha aclarado qué tipo de procedimiento se establecería para garantizarlo. Calvo-Sotelo también ha recordado que las empresas eléctricas con plantas de carbón tienen que informar, antes de final de año, de las inversiones acometidas para adaptarlas a la directiva europea de emisiones, por lo que Industria «a fecha de hoy ignora qué centrales seguirán funcionando».
Comparecencia del ministro
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, comparecerá el próximo jueves 3 de octubre ante la comisión del ramo del Congreso para explicar el acuerdo alcanzado la semana pasada por su departamento con los sindicatos sobre el Plan del Carbón 2014-2018.
El acuerdo, que llega tras más de año y medio de negociaciones, incluye fijar un peso del 7,5% del carbón nacional en el ‘mix’ eléctrico, prejubilaciones para los mayores de 54 años (anteriormente eran a los 52) e indemnizaciones de 10.000 euros, con 35 días por año trabajado y un tope máximo de 30 mensualidades.
Asimismo, contempla inversiones en infraestructuras y reactivación de empresas para la subvención de proyectos empresariales por valor de 250 y 150 millones, respectivamente, así como un compromiso por parte del Ejecutivo para lograr contratos de suministro que firmen las empresas mineras con las compañías eléctricas para el consumo del carbón.
En cuanto a los trabajadores, se incluyen prejubilaciones a los 54 años con cuantías de un 70% de su salario, así como medidas para fomentar la formación de trabajadores en las comarcas mineras, recolocaciones prioritarias incluso para los trabajadores de las subcontratas como excedente del sector, mejoras sobre la seguridad de los mineros y un tratamiento diferenciado para los afectados por silicosis.