La Secretaría de Estado de Energía ha publicado el sábado la resolución por la que el Ministerio de Industria admite la decisión de la CNMC de invalidar el resultado de la subasta eléctrica celebrada el pasado jueves, de la que se desprendía una subida de la energía en la tarifa de último recurso (TUR) del 11% en enero. Además del escaso volumen ofertado, la resolución ofrece datos del contexto “de precios elevados” en que se ha desarrollado la subasta.
El Ministerio recuerda que desde el 2 de diciembre los precios en el mercado mayorista spot se incrementaron hasta un 70% en solo una semana (entre 80 y 90 euros MWh), situándose en niveles de 2002. En este sentido, y dejando caer una acusación indirecta a las compañías eléctricas, desvela que desde ese día se ha producido una “indisponibilidad” anómala de centrales eléctricas, más del doble respecto al año anterior, lo que ha tirado de los precios hacia arriba.
Concretamente, han estado parados por razones que no se especifican, entre 6.000 y 8.000 MW, lo que equivaldría a más de una decena de plantas (un ciclo combinado suele tener 800 MW). La indisponibilidad ha afectado a la mitad del parque nuclear (cuatro de las ocho existentes no han funcionado); entre 541 y 2.367 MW de instalaciones de carbón; entre 1.215 y 2.410 MW de ciclos combinados de gas e incluso varias centrales hidráulicas, que suman hasta 2.361 MW. Esta retirada de oferta unida a una elevada demanda por las bajas temperaturas registradas y el hundimiento de la producción eólica por la ausencia de viento (un 30% menos que en diciembre del año pasado y casi la mitad menos que en noviembre) ha llevado al sistema ha tirar de producción de gas, con lo que este combustible, el más caro, ha sido el que ha marcado el precio final en el mercado mayorista (pool).
De esta manera, se ha producido un cambio en la tecnología marginal (hasta entonces, lo marcaba el carbón) “que ha provocado un incremento de costes del 50%”. Además, el sistema ha tenido que abastecerse de un gas que escasea en la península (la falta de demanda por la crisis mantenía ociosos a los ciclos combinados) a precios un 16% superiores a los de noviembre.
Industria considera en esta resolución que, dado que los precios bajarán en el primer trimestre de 2014, no se pueden trasladar los de la subasta a los de la tarifa que regirá en ese periodo. Y recuerda que la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC (donde se integró la antigua CNE) ya abrió una investigación del mercado el pasado 10 de diciembre.
Falta de competencia
Respecto a la no validez de la subasta Cesur del jueves, el texto hace referencia a “circunstancias atípicas”, enumera cuatro, siempre relacionadas con la falta de presión competitiva, pero no, como indica la normativa que las regula (la orden1659/2009 y 1601/2010), a que se hayan detectado “comportamientos no competitivos u otras faltas en el desarrollo de la misma” o a que el proceso no haya sido “transparente, competitivo y no discriminatorio”. Fuentes jurídicas aseguran que el supuesto de falta de presión competitiva no es una razón legal para anular la subasta, pues es algo que no recogen las citadas órdenes ministeriales.
Eso sí, la oferta en una puja que funciona por rondas fue escasa, pese a que participaron 36 agentes. El volumen agregado antes de iniciarse la subasta resultó un 11,5% inferior al de otras subastas similares, con un ratio de elegibilidad un 10,4% menor; hubo retiradas importantes de oferta por ronda muy superiores a las subastas 22ª y 24ª, sobre todo en la primera ronda (un 55% superior al promedio de retiradas en dichas rondas) y, por primera vez, al finalizar la tercera, “los agentes supieron que se encontraban con un exceso de oferta inferior al 200%”, algo totalmente inusual. En definitiva, según la resolución, la Cesur del jueves terminó en la séptima ronda, el cierre más rápido de todas las celebradas hasta ahora, que en ningún caso habían cerrado antes de la ronda 12.
Estas son las razones por las que el Ministerio ha resuelto no trasladar a la TUR de enero el resultado de una subasta (61,83 euros MWh el producto base) que se situó un 7% respecto a las referencias de precios de los contratos equivalentes de los mercados de futuro (OTC y OMIP). La resolución no avanza nada sobre cuál será la solución. Por el momento, el Ministerio ha pedido a la CNMC una propuesta alternativa que, según Mariano Rajoy, estará lista antes del 1 de enero, aunque en el sector no creen que se pueda cumplir ese plazo. “Lo importante es que esa subida no se va a trasladar al recibo de la luz”, afirmó Rajoy, antes de aseverar que “el asunto se va a resolver antes de fin de año”.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros del viernes, aseguró que el Gobierno implantará a partir de enero un nuevo mecanismo “objetivo y transparente” de fijación de los precios de la electricidad. La vicepresidenta del Gobierno explicó que la subida de la tarifa afectaría a un total de 16,2 millones de consumidores, de los que 14,6 millones son hogares y el resto, empresas.