El Ministerio de Industria parece dispuesto a abordar nuevos desafíos regulatorios que aseguren el correcto funcionamiento del sector energético tras cerrar las esperadas reformas de la electricidad y del gas. Según aseguran fuentes próximas al departamento de José Manuel Soria, el Gobierno desarrollará mecanismos legales para impedir la parada simultánea de centrales nucleares, un escenario que se ha repetido en las últimas fechas y que ha terminado por disparar el precio de la luz. “Está claro que no puede haber al mismo tiempo tres instalaciones detenidas, como ha sucedido recientemente”, explican en medios oficiales.
Industria tiene este proyecto en su punto de mira desde el pasado mes de diciembre, cuando la subasta para fijar el recibo de la luz arrojó una subida superior al 11%, desatando todo un tsunami en el sector. El tarifazo obligó a una intervención directa del Gobierno para anular la puja y proceder después a un cambio radical del sistema de formación de precios en el mercado eléctrico. Una de las causas expuestas entonces por Industria para explicar el desaguisado fue la falta de disponibilidad de centrales de generación, que restaron al sistema entre 6.000 y 8.000 megavatios, el doble que el año anterior.
“En concreto, en el periodo analizado han estado indisponibles hasta cuatro grupos nucleares (de los ocho existentes), por una potencia de hasta 3.510 MW, un 46% de la potencia nuclear instalada en el sistema eléctrico español”, rezaba la resolución del Ministerio de Industria para anular una subasta que –tras cortejarse cifras de casi 92 euros por megavatio hora en los días anteriores– terminó por arrojar un precio nada despreciable de 62 euros. Un guarismo que se ha repetido posteriormente en épocas de paradas sincronizadas de centrales nucleares.
El ministro de Industria, José Manuel Soria. (Efe)
Industria y su secretario de Estado, Alberto Nadal, no han dudado en poner en valor la energía nuclear como clave en el mix energético nacional. No en vano, las centrales atómicas proporcionan una potencia de base estable para todo el sistema eléctrico desde el momento en que aseguran una producción continua y en términos económicos razonables. La energía nuclear sirve de soporte para el resto de tecnologías, que fluctúan para configurar la curva de generación definitiva. Según datos facilitados esta misma semana por el Foro Nuclear, un 20% del consumo energético contabilizado el pasado año 2013 en España tuvo su origen en estas instalaciones, pese a que los reactores instalados sólo suponen el 7,3% de la potencia total del sistema.
La CNMC pasa al ataque
El Gobierno no está dispuesto a dejar que la libre y descontrolada actuación de los operadores en el sector eléctrico se convierta en la coartada que justifique el tirón de los precios en España. La competitividad de la industria española y buena parte de la tranquilidad de los consumidores domésticos están en juego, lo que exige una vigilancia especial sobre los movimientos cotidianos que se producen en el mercado. La discrecionalidad de las paradas técnicas de las centrales nucleares constituye un elemento clave de la oferta disponible de electricidad y su incidencia directa en el precio mayorista termina traduciéndose en un incremento del recibo de la luz.
La CNMC, que preside José María Marín Quemada, se ha puesto las pilas y está realizando un estrecho marcaje sobre las redes de generación y comercialización que manejan las grandes compañías del sector. La entidad reguladora trabaja con la misión de ‘no admitir ni media fisura’ y no se descarta la apertura de próximos expedientes sancionadores destinados a solventar cualquier tipo de sospecha que pueda inducir a una eventual manipulación de precios. El reciente caso de Iberdrola demuestra el celo profesional del llamado supervisor mayor del Reino para meter en cintura de una vez para siempre al poderoso oligopolio eléctrico en España.
José María Marín Quemada, presidente de la CNMC. (Efe)
Otro botón de muestra que pone de relieve la beligerancia de la CNMC es también la multa de 18,4 millones de euros impuesta esta misma semana a Nuclenor por el cierre sin autorización de la célebre central nuclear de Santa María de Garoña. La empresa que explota la instalación, controlada a medias por Iberdrola y Endesa, acordó parar la actividad productiva seis meses antes de la fecha inicialmente prevista para el cese definitivo de la central. La decisión, a juicio del regulador, se adoptó “sin que concurrieran razones técnicas ni de seguridad que lo justificaran”.
La resolución del expediente considera ahora que Nuclenor ha cometido una ‘infracción muy grave’. Todo ello después de un proceso de investigación que se ha prolongado desde hace más de un año y que, a fin de cuentas, debe servir como aviso a navegantes mientras el Ministerio de Industria ajusta el futuro ordenamiento funcional del sector. España no tendrá más centrales nucleares, pero las que tiene deberán funcionar a pleno rendimiento porque constituyen un elemento esencial de la producción energética y del control de precios en el mercado eléctrico.