Poco a poco se van avanzando los detalles de cómo será la nueva facturación para los 16 millones de hogares acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) y que, precisamente, ha dejado de llamarse así dentro de la vorágine de cambios que afronta el sistema energético español. Entre las novedades del nuevo recibo, el Ministerio de Industria y Turismo aumentará de cinco a ocho el número de compañías eléctricas que servirán para fijar el precio de producción de la luz, que corresponde aproximadamente al 40% de la factura. El resto corresponde a impuestos y pejaes, que dependen directamente del Gobierno.
A partir de abril, cuando caduca el sistema de subastas, las empresas comercializadoras que aportarán el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor —el nombre con el que han bautizado al sustituto de la TUR— serán las cinco grandes (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP España) y otras tres nuevas. El motivo es que tienen una elevada implantación en las zonas en las que operan y son Cide HC-Energía, la Empresa de alumbrado eléctrico de Ceuta y Gaselec.
La nueva lista aparece en el borrador de real decreto por el que se establece la metodología de cálculo del nuevo PVPC, que ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta lista se publica con el objetivo de cumplir una sentencia de 2011, en la que se consideraba discriminatorio que cinco eléctricas suministren de forma obligada la tarifa regulada. El nuevo real decreto fija ahora unos criterios concretos para este servicio, entre ellos el de haber suministrado a más de 100.000 clientes durante el año anterior, o a 25.000 en el caso de Ceuta y Melilla. De esta forma, se abre la lista y se acaba con la arbitrariedad denunciada por las eléctricas.
La norma también resuelve la incertidumbre de los consumidores que se habían quedado sin derecho a tarifa regulada al tener más de 10 kilovatios (kW) de potencia contratada y que no encontraban suministro a mercado. Para estos usuarios, en muchos casos ayuntamientos e instalaciones públicas, se fija una penalización del 20% sobre el PVPC, sin que expire este escenario.
Evolución real de los precios
Industria destaca como una de las principales características del nuevo sistema la de que ahora los precios del componente de la energía tendrán en cuenta la evolución real de los precios, frente al modelo anterior, en el que el precio se fijaba a priori a través de unas subastas, cuyo resultado no se correspondía con lo que los resultados del mercado.
La memoria del borrador detalla que el coste de producción de la energía que se considerará para la factura se calculará a partir del resultado de los mercados diario (donde se negocia la energía para el día siguiente) e intradiario (el del mismo día), al que se incorporará el coste de los servicios de ajuste: el margen de comercialización, que fija el Gobierno; los pagos por capacidad de generación y las cuantías a la financiación de los operadores del mercado (Omel) y el sistema (Red Eléctrica).
Las facturaciones seguirán realizándose sobre lecturas reales de los contadores, de modo que al final de cada bimestre se recoja en ellas el precio medio del mercado. No obstante, en el caso de los consumidores con equipos de telemedida —los llamados contadores inteligentes— se podrán fijar precios en función de las horas de consumo.
El nuevo mecanismo, según sostiene el departamento que dirige José Manuel Soria, supondrá un ahorro para los consumidores, que no tendrán que hacer frente al coste de aseguramiento asociado a las subastas eléctricas. Solo por este concepto se producirá el posible ahorro del 3% pronosticado por Industria.
Tarifas anuales
El borrador también recoge las condiciones para las ofertas que deberán presentar las comercializadoras a los consumidores con un precio fijo para el conjunto del año. Esta opción se dirige a los usuarios que prefieran unas referencias más estables, y las ofertas serán «públicas, transparentes y comparables».
Las ofertas deberán presentarse antes del 30 de abril e informarán tanto de lo que se paga en peajes como del precio del kilovatio hora, y deberá incluir además los importes finales antes y después de impuestos. Además, no podrá incluir ningún otro producto o servicio, energético o no, aunque sí que podrá variar si el Gobierno modifica la parte regulada de la tarifa.
Por su parte, el consumidor deberá comunicar con 15 días de antelación si no quiere que el contrato se prorrogue y todas las empresas deberán incorporar en sus facturas las diferentes opciones de contratación existentes, así como el listado de comercializadoras, tanto de referencia como de mercado libre.
La norma establece además un mecanismo para, en el caso de que el precio del mercado eléctrico haya sido inferior al precio fijado por el Gobierno para el primer trimestre, devolver el importe cobrado de más a los consumidores. Para ello, se alude a un nuevo término, conocido como CIF, con el que se recogerá estos posibles importes cobrados de más. Industria fija de plazo hasta el 15 de mayo para que la CNMC establezca el valor de esta posible devolución.