Fuente: El Periódico de la Energía
El secretario general de Industria y de la Pyme en funciones, Raül Blanco, ha asegurado que en España «no hay ni habrá» prohibiciones a los vehículos diésel, sino que el anteproyecto del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) tan solo recoge recomendaciones en línea con lo que marca Europa.
«La ley se va a hacer en consenso con el sector (de automoción). Nos vamos a remitir a la normativa europea, que es la que nos marca los plazos. En ese marco va a estar España», señaló en declaraciones a Europa Press.
El PNIEC se enmarca dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la desacarbonización al 100% de la economía española en 2050 y que plantea, entre otras medidas, que no se matriculen vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2) más allá de 2040, entre los que se incluyen modelos tanto diésel como de gasolina y también híbridos y de gas.
Desde que se conoció el borrador de anteproyecto de la Ley, tanto el sector del automóvil como las petroleras han rechazado esa prohibición al considerarla «excesiva» y que «socavaba los principios de libertad y progreso».
PLANES DE INCENTIVO
Por otro lado, ante la continuada bajada de las ventas de turismos y todoterrenos en España, Blanco afirmó que el Ejecutivo evaluará la posibilidad de aprobar futuros planes de demanda en función de la disponibilidad presupuestaria de los próximos ejercicios.
«Hay que empezar a evaluar la situación no solo desde la óptica española, sino también a nivel global y europeo. Aunque en España los datos algunas veces se han acentuado más, en otros países también está sucediendo lo mismo. Hay que trabajar con el sector para trasladar certidumbre y plena tranquilidad al consumidor. Eso será positivo», subrayó.
Para acompañar a la industria del automóvil en los nuevos retos que afronta, el Gobierno presentó a finales de la legislatura pasada un paquete de medidas incluidas en el Plan Estratégico de Apoyo al Sector de la Automoción, que cuenta con una dotación presupuestaria de 2.634 millones de euros para el período comprendido entre 2019 y 2025.
Dichas medidas van desde planes de achatarramiento y estímulo de la demanda de vehículos de cero y bajas emisiones; pasando por el rejuvenecimiento de las plantillas en las fábricas, el estímulo de la formación dual y una mayor participación de la mujer en el sector; hasta el apoyo a la innovación mediante líneas de ayudas parcialmente reembolsables para la financiación de proyectos empresariales de I+D+i y modernización tecnológica.
MESA DE MOVILIDAD
Además, el secretario general de Industria y de la Pyme en funciones destacó la importancia de poner en marcha la Mesa de Movilidad Sostenible, que tiene como fin de crear una herramienta para afrontar los diferentes aspectos que afectan a la movilidad en las ciudades.
En mayo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, confirmó que la Mesa Nacional de la Movilidad tendrá su sede en Zaragoza en el marco del proyecto Mobility City.
Blanco también resaltó que el Ejecutivo trabajará junto con el sector de automoción en la promoción de inversiones, sobre todo en el ámbito de I+D, en posibles cambios de fiscalidad, formación y distribución, entre otros aspectos.
A principios de mes, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, aseguró que el Gobierno trabajará «con la mayor diligencia» para revisar la fiscalidad que se aplica al diésel y, en opinión de Blanco, no es nada nuevo de ahora.
«El sector lo conoce y lo ha asumido con tranquilidad», apuntó, subrayando que España se situará en este ámbito dentro del marco europeo, que es el que define una transición «ordenada».
Blanco aseguró que en las «próximas semanas» habrá noticias sobre las discrepancias surgidas con determinados artículos de la Ley de Cambio Climático aprobada (el pasado 12 de febrero) por Baleares, que, entre otros puntos, contempla la prohibición del acceso de vehículos diésel a la región desde 2025.
Según publicó este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha alcanzado un acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación de la Administración central con Baleares para estudiar la constitucionalidad o no de dicha Ley.
«Hay que trabajar en el marco europeo y, a partir de ahí, aplicarlo a la normativa nacional. Hay que trabajar siempre con el máximo consenso del sector y teniendo en cuenta los calendarios de transición y de adaptación de manera ordenada, para que todas las tecnologías, incluso el vehículo eléctrico, puedan desarrollarse en España», sentenció.