Fuente: El Periódico de la Energía
Desde que en abril pasado se aprobara el RD 244/2019 de Autoconsumo y se abriera la puerta a la compensación de los excedentes de las instalaciones, aún no es posible hacerlo. Y eso que la normativa obligaba a un plazo máximo de tres meses para que se establecieran los formatos y protocolos de comunicación entre los diferentes agentes implicados, es decir, que el autoconsumidor legalizara su instalación en la Comunidad Autónoma correspondiente y ésta a su vez, informara a la distribuidora de su existencia.
Una vez hecho este proceso, la distribuidora tendría que hacer lo propio con la comercializadora, quien sería la que debería ajustar la facturación con la compensación de los vertidos a la red de cada autoconsumidor.
Sin embargo, según ha podido saber El Periódico de la Energía, «la normativa, que solo tiene rango de Orden Ministerial, espera su turno en alguna mesa del Ministerio de Transición Ecológica», explican fuentes del sector, «es decir, que pese a que es un proceso meramente administrativo con información interna del Ministerio, con la propuesta de la CNMC y las instrucciones técnicas de REE, y que podría aprobarse y publicarse en el BOE en el momento que quiera el gobierno, tanto si está en funciones como si no, no se hace. Y es que el gobierno está en parálisis desde abril pasado, y podría esperar hasta después de las elecciones del 10N para empezar a moverse, no vaya a ser que se le acuse de oportunista o electoralista».
Desde hace unos meses, el sector del autoconsumo se ha disparado al calor de la nueva normativa. Según datos de UNEF, en 2018, la potencia fotovoltaica alcanzó los 261,7 MW y el 90% correspondía a instalaciones de autoconsumo, para 2019 se preve alcazar los 300-400 MW. Y ese boom no es solo por la eliminación del impuesto al sol o por la simplificación de los trámites administrativos, sino también porque es más rentable si hay una compensación económica por los excedentes en el recibo de la luz.
«Ahora dice todo el mundo ‘cómo mola esto del autoconsumo’, pero la realidad es que la compensación por excedentes se debería estar haciendo y aquí nadie mueve ficha», explica a este diario un autoconsumidor.
«Y no solo no se está activando la compensación, también es difícil legalizar una instalación, aunque depende en qué comunidad autónoma se esté», continúa, «por ejemplo en la Comunidad de Madrid un autoconsumidor necesita hacerlo a través de EICI, la Entidad de Inspección y Control Industrial, que te pide 50 euros para hacer el trámite, mientras que en Castilla-La Mancha, con una declaración responsable, es decir, con un escrito del instalador, es suficiente».
Sin embargo, en el caso de estas dos instalaciones, ninguna ha conseguido después de más de un mes, respuesta alguna por parte ni de la Administración ni de la compañía distribuidora de la zona.
«Hasta que el Ministerio de Transición Ecológica no publique en el BOE la estandarización del proceso de legalización de las instalaciones y el sistema para la compensación de los excedentes, difícilmente ni las comunidades autonómas ni las distribuidoras moverán un dedo», continúan las fuentes expertas del sector, «esa Orden Ministerial debe definir cómo se comunican entre ellas, por qué canal, qué ficheros se envían y con qué información de cada consumidor, de qué manera y en qué plazo de tiempo».
Hasta ahora «las distribuidoras y las comunidades autónomas no tenían nada que decirse porque era vía el Ministerio de Industria cómo se gestionaban las nuevas instalaciones de autoconsumo, y el promotor se encargaba de todo», concluyen las mismas fuentes, «así que para todas ellas es un procedimiento nuevo que debe establecer el Ministerio para que no de lugar a confusiones o a cambios de última hora».