FUENTE: Isidoro Tapia en Cinco Días
Parece que nos sobran mil millones de euros. O más exactamente, al sistema eléctrico. Gracias a un crecimiento de la demanda por encima del previsto (2.5% en el acumulado anual hasta septiembre), el Gobierno prevé finalizar 2015 con un superávit cercano a esta cifra. Sirvan estas líneas para promover un debate sobre esta partida. Sí, estamos a falta de unos días para las elecciones, pero no hay por qué cejar antes de intentarlo.
En realidad, no nos sobran mil millones. La ley 24/2013, aprobada por este mismo Gobierno, dice en su artículo 19 exactamente qué hacer en este caso: mientras exista deuda acumulada (actualmente asciende a 24 mil millones de euros), los superávits deben destinarse a amortizar la deuda pendiente del sistema eléctrico.
Parece que la proximidad de las elecciones relativiza el cumplimiento de las leyes. El ministro de Industria ha reconocido que baraja destinar el superávit a bajar el precio de la electricidad. Yo le diría al equipo energético del Ministerio que sea fuerte. Que resista esta tentación electoralista y cumpla la ley. No merece la pena: hace tiempo que nuestro país salió de la pubertad política. Tal vez consigan cinco votos al bajar la luz pero por el camino perderán diez, o veinte. Que las encuestas más favorables prevean que el partido en el Gobierno pierda al menos un tercio de los votos que obtuvo en 2011, tiene mucho que ver con actitudes como esta. No se puede estar cuatro años pontificando sobre las virtudes de la disciplina estoica, y en los minutos de descuento abrir el grifo de la cerveza y marcharse sin pagar. Sencillamente, no cuela.
Pero es que, además, cumplir la ley tiene sentido. La deuda del sistema eléctrico es una pesada factura que, de manera injusta y poco eficiente, los consumidores eléctricos hemos dejado en el debe de las generaciones futuras. Cuanto antes eliminemos la deuda, mejor. Ha sido durante muchos años la excusa perfecta para no abordar las reformas necesarias.
Asumamos, sin embargo, que es mucho pedir a un Gobierno que cumpla sus propias leyes en periodo electoral. Bien, en ese caso, hagamos las cosas con cabeza. Bajar el precio de la electricidad es de hecho una buena idea. El precio de la electricidad para consumidores domésticos se ha duplicado desde 2005. Para la industria, ha aumentado más de un 70%. Estoy seguro que los servicios técnicos del Ministerio, que son excelentes, encontrarán la forma de bajar el precio sorteando la ley. Pero no es necesario. Cambiemos la ley para que la bajada sea estructural, no porque la demanda nos haya sorprendido en unas décimas. Aquí van algunos candidatos: la financiación de los costes extrapeninsulares, el impuesto de la electricidad (que se superpone al IVA), o el cumplimiento de los objetivos de renovables, que son objetivos de todo el sistema energético pero que financia en gran medida el sistema eléctrico.
Una segunda alternativa: dar una respuesta a la pobreza energética. Por debajo de un determinado umbral de consumo eléctrico, los hogares no pueden satisfacer sus necesidades más básicas. El bono social no está funcionando. Reformémoslo y garanticemos un consumo mínimo a los hogares más pobres. Y financiemos un plan de inversiones en eficiencia energética específicamente dirigido a estos consumidores, que según la Agencia Internacional de la Energía es la medida más eficiente contra la pobreza energética.
O una tercera opción: el Ministerio acaba de aprobar una regulación contra el autoconsumo eléctrico. Sí, contra. Según la patronal Euroelectric, que no es sospechosa de promover excesos verdes, las regulaciones europeas menos favorables para el autoconsumo son las de Suecia, Finlandia y… España. Algo esperpéntico para un país con excelentes recursos solares y una crónica dependencia exterior. El Ministerio ha justificado su normativa en el coste de un excesivo desarrollo del autoconsumo. Que esto se haya dicho casi al mismo tiempo que se reconocía el superávit eléctrico en 2015, es la definición exacta de lo que es hacer ‘luz de gas’, lo que hacía Anton Walbrook con Diana Wynyard en la película del mismo nombre.
Y hasta una cuarta alternativa: nuestra imagen exterior en el sector de las renovables está por los suelos. Se acumulan 25 demandas de arbitraje en el CIADI, más que países como Argentina o Venezuela. Alguien debería evitar que la cascada de sentencias no solo haga saltar la estabilidad financiera del sistema eléctrico por los aires, sino que convierta a nuestro país en un paria en el escenario internacional.
Cumplir la ley, o cualquiera de estas cuatro alternativas, o muchas otras. Pero, por favor, no hagamos trampas al solitario.