Fuente: Cinco Días
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, la conferencia de analistas para la presentación de los resultados trimestrales de la compañía para arremeter contra la propuesta de acabar con la sobrerretribución que reciben la producción nuclear y la hidroeléctrica en el mercado mayorista de la electricidad. La propuesta figura en el pacto presupuestario que recientemente firmaron el Gobierno y Podemos.
Galán dedicó buena parte de la presentación de las cuentas trimestrales de Iberdrola, que se han saldado con un beneficio de 2.091 millones hasta septiembre, un 13,5% menos debido a extraordinarios y un 38% más sin contar estos, a subrayar que estos activos “no están totalmente amortizados” y que, como ha señalado reiteradas veces, “tanto el parque nuclear como el hidroeléctrico está en pérdidas”. Según sus datos, en 2017, el primero perdió 101 millones de euros y el segundo, 18 millones”, en ambos casos, “por la alta carga impositiva que soportan”, hasta 1.500 millones el años pasado.
Tras recordar que los activos nucleares de Iberdrola tienen un valor neto contable de 3.200 millones (que amortiza en 40 años) y los hidroeléctricos de 4.800 millones de euros (con un periodo de amortización de 50 años), Galán advirtió de que la limitación de ingresos a estas tecnologías “colisionarían con la normativa europea de mercado interior de la energía”. Concretamente, en su opinión, porque no están amortizados; va en contra de las políticas de lucha contra el cambio climático; mantiene artificialmente la competitividad de los combustibles fósiles; tiene fines racaudatorios, y supone un coste adicional para los contratos bilaterales.
Ante la imposibilidad de eliminar el actual mercado marginalista, el Gobierno y Podemos proponen en su pacto fijar a estas tecnologías un precio límite a cobrar en el pool y que la diferencia (los llamados beneficios llovidos del cielo que supuestamente reciben) se ingrese en el sistema para abaratar el precio de la luz.
El presidente de la energética valoró positivamente el real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética que entró en vigor el 6 de octubre y, entre otras medidas, incluye la suspensión durante seis meses del impuesto del 7% a la generación, así como la eliminación del llamado céntimo verde para el gas destinado a producir electricidad. Según Galán, las medidas “están teniendo un impacto directo en los precios del pool, reduciendo las importaciones de energía y la factura de los consumidores”. Esto demuestra, según sus palabras, “la relación directa entre los impuestos y los precios del mercado”, así como su efecto sobre la competitividad del sector.
Iberdrola, que ha logrado contrarrestar “la peor evolución de España con la buena marcha del negocio internacional”, registró entre enero y septiembre un ebitda de 6.720 millones de euros, un 22,5% más que en los mismos meses de 2017. Debido a los altos precios de la electricidad en el mercado español y que la compañía vende más que produce (tiene una posición neta compradora de electricidad), el área de generación y clientes en España se ha resentido, con un descenso del ebit del 23,6%, hasta 277,6 millones.
Para evitar el impacto de la volatilidad de estos precios, la compañía está maximizando la energía negociada a través de contratos bilaterales, que representa ya el 80% del total, frente al 20% en el pool.
Previsiones
Iberdrola confirmó ayer sus previsiones para 2018 y anticipó un beneficio neto de 3.000 millones y un ebitda superior a los 9.000 millones. Los ingresos han mejorado un 19,7%, hasta 26.282,6 millones
En términos globales, el ebitda crece en todos los negocios: renovables (+38,1%), redes (+17,8%) y generación y clientes (+17,4%). El 80% del beneficio operativo bruto de la compañía ha procedido de actividades reguladas, “con ingresos predecibles a largo plazo, de acuerdo con la estrategia del grupo”, señala este en una nota.
Iberdrola también ha continuado mejorando sus niveles de eficiencia a lo largo del año. En concreto, el ratio gasto operativo neto sobre margen bruto ha mejorado en 180 puntos básicos con respecto a los nueve primeros meses de 2017, hasta situarse en el 27,3% al cierre de septiembre.
En el periodo analizado, la compañía invirtió 3.644,8 millones de euros, un 45% al área de Redes y un 34% a renovables. El plan estratégico 2018-2022 prevé unas inversiones de 32.000 millones, el 85% se destina a proyectos internacionales.
El próximo lunes, el presidente de Iberdrola inaugurará el parque eólico marino de Wikinger, situado en aguas alemanas del mar Báltico.
La empresa ha continuado avanzando en su plan de rotación de activos no estratégicos por 3.000 millones de euros hasta 2022. En lo que va de año, ha realizado desinversiones por valor de casi 1.200 millones de euros, incluyendo la venta de activos de generación en Reino Unido y de la planta termosolar en Puertollano (España), que acaba de anunciar.
La deuda a fin de septiembre ascendía a 34.379 millones.
Devaluación de activos
La CNMV podría publicar en días la respuesta al requerimiento que el pasado julio envió a Iberdrola sobre el valor contable de sus centrales eléctricas.
A raíz de que Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) procediese a realizar a finales de junio una fuerte depreciación contable de sus activos de generación en España, por 4.900 millones, el regulador pidió explicaciones en este sentido a sus dos grandes competidoras: Endesa (cuya respuesta se conoció el martes) e Iberdrola. Otro motivo del requerimiento de la CNMV es el bajo precio que se paga por las centrales, como es el caso del trasvase de dos ciclos combinados de Viesgo a Repsol, por algo más de 100 millones, cuando el coste de construcción rondó los 400 millones cada una.
Endesa, a la que se le preguntó por la ampliación del periodo de amortización de sus instalaciones, justifica la decisión en informes que concluyen que con el mantenimiento adecuado se puede lograr mayor vida útil.
Por contra, en el caso de Naturgy, el organismo le pregunta por qué aplicó una devaluación que le acarreó unas pérdidas de 3.000 millones. Endesa e Iberdrola sostienen que la situación no es equiparable y atribuyen la situación de la compañía que preside Francisco Reynés a la sobreprecio que Gas Natural pagó en su día por Fenosa, con un fondo de comercio de 2.000 millones.