Unesa, la asociación que integran las cinco grandes compañías eléctricas -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Eon España- ha logrado hacer un frente común con el resto de empresas del sector eléctrico que reciben ingresos regulados para denunciar ante el Ministerio de Industria los retrasos continuos del Estado en el pago de sus compromisos con el sistema eléctrico. Así, en una carta firmada, junto con esta asociación, por las fotovoltaicas UNEF y APPA; la eólica, AEE;la cogeneración, Acogen, y las dos que integran a las pequeñas distribuidoras de electricidad, CIDE y Aseme), las compañías grandes y las pequeñas muestran su preocupación “por el impacto” que tiene en sus balances “el retraso acumulado en los libramientos mensuales que deben atenderse en la liquidación de la nueva fiscalidad energética”.
La carta, dirigida al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a la que ha tenido acceso CincoDías, subraya que, según el informe de la Agencia Tributaria del mes de julio, la recudación neta por las medidas fiscales para la sostenibilidad energética asciende, al menos, a 956 millones de euros, a los que hay que añadir los 198 millones recaudados equivalentes al 90% de las subastas de derechos de emisión de CO2 que el Estado debe destinar al sistema eléctrico. Por tanto, había recaudado a esa fecha, 1.154 millones. Sin embargo, frente a esto, el importe ingresado en dicho sistema en la liquidación sexta de este año (la de junio) practicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es tan solo de 170 millones.
Por tanto, señala la misiva, “existe un importe pendiente de liquidación en los libramientos mensuales de 984 millones de euros (en el conjunto del año, el Estado debe pagar casi 3.000 millones al sistema eléctrico procedente de los citados tributos).
Hasta este año, las desviaciones de la tarifa (la diferencia entre los ingresos y los costes) los financiaban las eléctricas de Unesa, pero desde el 1 de enero la asumen todas las empresas reguladas en proporción a sus ingresos. De ahí que los intereses de esta asociación confluyan ya con el del resto de pequeñas y medianas del sector con retribución regulada.
Las afectadas advierten a Nadal que, como consecuencia de los retrasos en los pagos, son ellas las que “continúan financiando íntegramente los resultados deficitarios de las liquidaciones acumuladas del año, por un importe que alcanza los 3.682 millones hasta junio, “con el consiguiente impacto económico-financiero que de ello se deriva”. Cuando, añaden, ellas “actúan diligentemente para ingresar los correspondientes impuestos”.
Desde el 1 de enero de 2013, el Gobierno aplica, entre otros, un impuesto del 7% a los ingresos por la energía que venden las compañías, que se recauda trimestralmente y el llamado céntimo verde, un tipo del impuesto de hidrocarburos que grava el consumo del gas natural. El fin de esta fiscalidad era ayudar a acabar con la sangría del déficit de tarifa.
En su comunicación, las siete asociaciones eléctricas reiteran la urgente necesidad de que Industria realice “cuantas actuaciones sean precisas, de manera que los importes recaudados sean ingresados sin mayor dilación para su inclusión en la próxima liquidación de actividades reguladas, dando así fiel y efectivo cumplimiento a lo legalmente establecido”.
Se da la circunstancia de que, tras ser publicada la sexta liquidación de este año, el Gobierno anunció a algunos medios que había ingresado en la cuenta de la CNMC unos 590 millones.
Precisamente, el regulador publica hoy la séptima liquidación del año, la del mes de julio. Las empresas temen que, aunque se corrija ahora el desfase, este vuelva a repetirse y se convierta en un problema estructural, pues no hay garantías de lo contrario.
Los dedos señalan ahora a Industria
Frente a las acusaciones de que el Estado pudiera estar financiándose con el dinero de la tarifa al demorarse en el libramiento de los impuestos energéticos, en Hacienda loniegan tajantemente. “El Estado no se financia con estos impuestos debido al desfase desde que el impuesto se recauda hasta que se paga a la CNMC”, dicen. Y añaden que “el decalaje entre el ingreso del impuesto y el pago al regulador es el propio de los procedimientos de gestión de ingresos afectos a una financiación concreta, ejecutados con normalidad”.
Los dedos comienzan ahora a señalar al propio Ministerio de Industria, ya que la transferencia última a la CNMC la realiza este departamento. Los impuestos recaudados por la Agencia Tributaria reciben las correspondientes certificaciones de la Intervención General del Estado (IGAE) y son los ministerios correspondientes los que hacen después las propuestas para que se liberen los pagos (estos los hace siempre la Dirección del Tesoro).
Aunque la ley de creación de la CNMC establecía que Industria se encargaría de las liquidaciones del sistema eléctrico, finalmente, el Gobierno dio marcha atrás por la falta de medios de este ministerio. Para ello, tuvo que modificar la norma.
El problema para las eléctricas es que las aportaciones del Estado están ligadas a la recaudación de los impuestos energéticos, no es un simple compromiso presupuestario.