Fuente: El Economista
Si la nuclear es la energía del futuro, el futuro de la nuclear es el sector público. Esa parece la lección que transmite el caso de Areva, el mastodonte francés que está al borde del colapso. El gobierno francés no ha tenido problemas en diseñar un plan de rescate financiado con dinero de los contribuyentes que garantice su viabilidad y, con ella, el funcionamiento de su red de centrales nucleares.
Mientras en la calle los manifestantes discuten la leonina reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido Socialista (y ordenada de facto por Bruselas como parte del mandato de estabilidad presupuestaria), pocos políticos se atreven a poner en duda las bondades del plan de rescate de uno de los más poderosos conglomerados del hexágono y del que el país depende por completo. No en vano, cerca del 75% de la electricidad que se consume en Francia (y cerca del 40% de la demanda energética total) se cubre mediante los 59 reactores de fisión nuclear distribuidos en un total de 19 plantas.
El esquema de funcionamiento de este sistema es relativamente sencillo. Dos compañías teóricamente privadas se encargan de mantener el grueso del parque nuclear en funcionamiento: Electricite de France (EDF) por lo que respecta a la producción y comercialización de la energía, y Areva en lo relativo a la construcción y el mantenimiento del abultado parque de reactores. Ahora, la segunda tendrá que hacer frente a una severísima restructuración.
Esta lectura superficial es, sin embargo, engañosa. En realidad ambas compañías ya están controladas de forma indiscutida (más del 80%) por el Estado francés, así que lo que va a hacer ahora el Elíseo es poco más que un nuevo reparto de cartas. O como diría Alphonse Karr: «plus ça change, plus c’est la même chose», que viene a ser algo así como «cuanto más cambian las cosas, más iguales se quedan».
Cambiar todo, y que todo siga igual
El plan es simple: vender activos de Areva en todo el mundo para concentrarse en su negocio principal (la fisión nuclear) y en su mercado principal (Europa), y conseguir una cuantiosísima inyección de dinero público. Ambos movimientos deberían ser suficientes como para recolectar hasta 8.000 millones de euros.
Por lo que respecta al «cómo», el consejero delegado del mastodonte, Philippe Knoch ha revelado que la actual empresa se partirá en tres pedazos. El primero de ellos se llamará New Co (literal en inglés, y al parecer temporalmente: «nueva compañía»), y se centrará en la distribución y el tratamiento del peligroso combustible nuclear. Esta empresa, por cierto, está ya a la venta.
El segundo de los pedazos saldrá de Areva NP, la actual división de fabricación de reactores nucleares, que como estaba previsto será inicialmente absorbida por EDF con una participación mayoritaria. El plan es encontrar comprador a una filial cuyo valor actual se estima en torno a los 2.700 millones de euros. El tiempo dirá si París va o no en serio con esta idea, pero EDF asegura que hay «compradores interesados».
La tercera pata del grupo se conservará con su estructura de hólding público y, despegada ya del negocio del combustible y de la construcción, su principal tarea será la de sacar adelante el lamentable proyecto de la central de Olkiluoto. Era 2005 cuando comenzaron las obras para construir el primer reactor del mundo con tecnología EPR, y hace ya seis años que expiró el primer plazo dado para su puesta en servicio.
Sólo el pasado mes de enero comenzaron las pruebas preliminares… y sólo después de una inversión de 8.500 millones de euros, de los que la francesa sólo podrá cobrar los 3.000 millones por los que le fue adjudicada. El de Olkiluoto no es el único charco en el que se ha metido Areva por culpa de la tecnología EPR: en Reino Unido aún se preguntan si merecerá la pena pagar 33.000 millones de euros por una central, la de Hinkley Point, aunque en este caso el mayor perjudicado será el contribuyente británico.
EDF y Areva creen (léase «el gobierno francés calcula») que con la venta de los 2.900 millones de euros en que valora sus unidades de motores nucleares para submarinos y de fabricación de turbinas eólicas, apenas serán necesarios 5.000 millones del erario público para cuadrar unas cuentas lastradas por cuatro años de pérdidas consecutivas. El desaguisado era tal que el pasado año el conglomerado perdía 0,57 euros por cada uno que facturaba.