La Unión Europea quiere liderar la carrera mundial por la transición energética. Este propósito significa un cambio radical en el modelo económico, mediante la sustitución de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) por energías renovables (solar fotovoltaica, eólica) en la producción de bienes y servicios. La meta es descarbonizar la economía a 2050 o, al menos, que sea baja en emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Una maratón ambiciosa y de engorrosa ejecución, tal y como ha reconocido públicamente el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, debido, por un lado, al contexto geopolítico adverso: inicio de las negociaciones del brexit, incertidumbre por las elecciones en Alemania y Francia, llegada de Donald Trump a la Casa Blanca o la crisis de refugiados. Y por el otro, a un mercado energético europeo fragmentado, poco transparente y con enormes distorsiones que, unido a los recelos de los Estados miembros, los intereses empresariales y desafíos tecnológicos, suponen una barrera para avanzar por un camino inevitable.
“Es un reto sin precedentes; no nos damos cuenta de lo que implica descarbonizar una economía. La negociación con los 28 [o 27] será de las más difíciles y complejas. El cambio es irreversible, pese a la política de Estados Unidos [que amenaza con salir del pacto por el clima]”, admitió Cañete en el 14º Encuentro Energético, organizado este mes por la escuela de negocios IESE y la consultora Deloitte.
De hecho, durante su intervención de casi una hora, el comisario convirtió en mantra las frases “difícil, complejo, de enorme complejidad”, para ilustrar lo que se avecina en materia de consenso y cuya antesala fue el Acuerdo de París a favor del medio ambiente: “París supone mucho, porque por primera vez 196 países han puesto en marcha compromisos de mitigación y adaptación. Negociamos hasta las ocho de la mañana”, dijo orgulloso.
La nueva hoja de ruta legislativa aprobada recientemente por la Comisión Europea, el conocido paquete de invierno, pretende reducir a 2030 un 40% los gases de CO2, que el 27% del consumo de energía final proceda de fuentes limpias y elevar la eficiencia energética al 30% –este último objetivo vinculante, ya que va con retraso–, además de un proyecto de gobernanza que monitorizará y verificará el avance de los socios cada dos años.
“Nuestros estudios demuestran que solo las medidas de eficiencia podrían crear 400.000 puestos de trabajo –sobre todo en las pymes–, ahorrar 70.000 millones en importaciones de gas y petróleo y bajar los costes de salud en hasta 8.300 millones al año”, apuntó Daniel Calleja, director general de medio ambiente de la CE. La reforma de la directiva sobre renovables [en fase parlamentaria] moverá 177.000 millones de euros anuales en inversión público-privada, generará 900.000 empleos y subirá un 1% el PIB, calcula el organismo.
El problema es que, a escala nacional, no todas las metas son obligatorias, las tecnologías verdes no están aún completamente incorporadas en el sistema productivo y los Gobiernos mantienen todavía subsidios al carbón. “Es un paquete hecho a medida de las eléctricas”, critican las organizaciones ecologistas.
Además, el propio Calleja aceptó que mejorar la protección de los consumidores, entre las principales líneas de actuación para que puedan generar electricidad y combatir así la pobreza energética, implica una reforma normativa del mercado eléctrico europeo. “Europa está perdiendo oportunidades por las ineficiencias resultantes de las distintas situaciones nacionales”, sostuvo.
Pero el exministro popular de Medio Ambiente, Arias Cañete, detalló, ante una audiencia repleta de grandes empresas eléctricas, de gas y petróleo, “los obstáculos que están costando sangre”: “Queremos limitar el establecimiento de pagos por capacidad, vinculándolos al CO2, y el de precios regulados; revisar el régimen de los derechos de emisiones [en debate]. Lo grave es tener un sistema donde no hay señales de precio por contaminación que faciliten lainversión renovable. Deber ser un mercado más integrado, interconectado, con menos regulación e intervención”, zanjó el comisario, tras evitar trasladar la receta a España por ser un “simple componedor”.
La CE incluye también acciones en transporte (fomento del coche eléctrico), edificios (que sean eficientes), agricultura (mitigar la contaminación del subsuelo) y el reciclaje (reutilización en la industria). En 2018, los socios deben presentar a Bruselas su plan de descarbonización, que ha de plasmar cómo se hará esa transición en 30 años.
Pero cómo afronta España este horizonte, si hace apenas un mes se cuestionaba el funcionamiento del mercado por el fuerte repunte de los precios en la factura doméstica (el 50% del valor son peajes e impuestos), la parálisis en la industria renovable –pendiente de la primera subasta de 3.000 megavatios en tres años–, el bloqueo al autoconsumo, el escaso diálogo entre la Administración (cerrado a la reforma) y los agentes o la cesión de soberanía nacional en esta materia. Por eso, las empresas dudan de la eficiencia de la transición y del coste financiero y competitivo que supone para petroleras, gasistas y de carbón, e incluso de que se llegue a la meta.
“En España, en los últimos años, hemos creído menos en la economía de mercado, cuando es fundamental. Los usuarios están pagando las subidas de tarifas que el Gobierno no quiso hacer años antes para garantizar un retorno a unas empresas”, reprochó Nemesio Fernández-Cuesta, presidente ejecutivo de Isolux.
Así, urge la revisión drástica de la estructura fiscal y de ayudas (gravar el diésel y examinar los pagos a los ciclos combinados, por ejemplo). Unos reclamos a los que se suma Iberdrola: “Hay que limpiar el afán recaudatorio de las tarifas eléctricas”, sugirió Carlos Sallé, director de políticas energéticas y cambio climático de la compañía, quien insistió en que “quien contamina, paga”.
Mientras, Luis Aires, presidente ejecutivo de BP en España y Portugal, consideró que la normativa vigente penaliza una tecnología sobre otra: “No vamos en la dirección de fijar precios al carbono”, apuntó. Asimismo, Manuel Fernández, director general de negocios mayoristas de energía de Gas Natural Fenosa, reiteró la armonización regulatoria (fiscal y tarifaria) y más interconexiones con Centroeuropa.
En Cepsa, sin embargo, temen los atajos.Su consejero delegado, Pedro Miró, advirtió de que el mayor peso del petróleo no está en el transporte, sino en la química: “La deslocalización de la industria europea será enorme; la legislación condiciona la competitividad de las empresas”. Y desde Repsol cuestionan también la promoción del coche eléctrico cuando se fabrica con energía sucia, pero sobre todo, Pedro Antonio Merino, director de estudios de la petrolera, y Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo, se preguntan: “¿Cuánto costará la transición?”, esa que fija que el peso fósil debe pasar del 80% al 58%.
Fuente: Cinco Días