Fuente: El Periódico de la Energía
La Comisión Europea ha instado a España a trasponer a su legislación nacional en los próximos dos meses la nueva normativa comunitaria en materia de eficiencia energética y de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles, ha informado la CE en un comunicado.
En el primero de los dos dictámenes motivados, el segundo paso del procedimiento de infracción de la CE, el Ejecutivo comunitario solicita a España la “transposición correcta de los requisitos sobre contadores individuales en edificios de pisos, establecidos en la Directiva sobre eficiencia energética”.
Dicha directiva exige la instalación de contadores de calefacción y de agua caliente en todos los edificios de pisos existentes -en aquellos casos en que sea rentable y técnicamente factible-, mientras que las medidas de transposición nacionales establecen esta obligación solamente para los edificios construidos después de 2007.
En octubre de 2017, Bruselas remitió a las autoridades españolas una carta de emplazamiento y ahora la Comisión Europea avanza hacia la siguiente fase del procedimiento de infracción.
“Las autoridades españolas disponen de dos meses para subsanar las deficiencias señaladas en el dictamen motivado; de lo contrario, la Comisión puede llevarlas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea“, indicó la CE.
En cuanto al segundo punto, relativo a la calidad del combustible, la Comisión Europea remitió un dictamen motivado a España y otros nueve Estados miembros (Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Letonia, Rumanía y el Reino Unido) por no incorporar la normativa de la UE sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo a su ordenamiento jurídico.
Las reglas europeas establecen normas para calcular y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y de otros tipos de energía procedentes de fuentes no biológicas.
Dicha regulación tiene por objetivo “obtener información con un nivel suficiente de exactitud, de forma que la Comisión pueda evaluar el comportamiento de los suministradores de combustible a la hora de cumplir sus obligaciones a tenor de la directiva sobre la calidad del combustible”, señaló la CE.
La directiva sobre la calidad del combustible aspira a conseguir una reducción del 6%, como mínimo, de la intensidad en gases de efecto invernadero del combustible y la energía suministrados de aquí a 2020, agregó el Ejecutivo comunitario.
Los Estados miembros tenían hasta el 21 de abril de 2017 para incorporar a sus legislaciones nacionales las normas de la UE para el cálculo y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Tras una carta de emplazamiento enviada a los citados países en mayo de 2017, la Comisión da ahora dos meses a las capitales para reaccionar, so pena de llevarles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.