Fuente: El Economista
Las autorizaciones para que los proyectos de generación se enganchen a las redes eléctricas en puntos concretos -respaldadas por garantías que suman 365 millones de euros- vencen en el año 2018, lo que aporta una notable incertidumbre a los promotores, especialmente a los que piensan participar en la subasta de renovables; por eso las patronales han pedido al Ministerio de Energía que prorrogue la validez de los permisos a los adjudicatarios.
Las centrales de generación de tamaño importante se enganchan a las redes eléctricas en las subestaciones y conseguir el punto de conexión forma parte de la tramitación de cualquier proyecto. Las licencias las otorga REE, tras una tramitación que dura meses y que exige depositar una garantía financiera de 10.000 euros por MW de potencia del proyecto. A cierre de 2016, REE tenía peticiones por 36.537 MW, respaldados por más de 365 millones en avales.
Caducan a los cinco años
Para evitar el acaparamiento indefinido de las licencias de conexión, que impida el acceso a la red a otros promotores, la disposición transitoria octava de Ley 24/2013 del sector eléctrico establece un plazo de caducidad para ellas si no se ha puesto en marcha la correspondiente instalación: cinco años desde que se concedan o cinco años a partir de la promulgación de la norma, es decir, diciembre de 2018.
Este calendario plantea un problema a los promotores que piensan acudir a la subasta de 3.000 MW de renovables que se celebrará durante el primer semestre -probablemente en abril-, puesto que el punto de conexión de sus proyectos, si resultan adjudicatarios, caducará en medio de la promoción final de los mismos, y hay un vacío legal: ni siquiera está regulada la devolución de los avales.
REE conoce la problemática, pero apunta a que la solución la debe alumbrar el Ministerio de Energía, al que las patronales de renovables le han pedido que establezca un sistema de renovación automática de las licencias para los adjudicatarios de la subasta de energía limpia, para evitar riesgos innecesarios. al igual que prolongados y engorrosos trámites.
El Ministerio, preguntado por elEconomista, guarda silencio. Cuando se promulgó la ley aseguró que no habría problema, pero el tiempo ha pasado sin que haya eliminado la incertidumbre. Ahora bien, alguna fuente indica que ya está estudiando una solución que aporte seguridad a los promotores que triunfen en la puja verde y que permita retirar los avales a los que abandonen los proyectos.