Fuente: El Economista
El Ministerio de Energía ha puesto en marcha de manera urgente los trámites para refacturar los tributos autonómicos del año 2013 en el recibo de la luz.
El Tribunal Supremo obligó al Gobierno a tener que trasladar a los clientes las cantidades de estos impuestos ya que la Ley del sector eléctrico establecía que en caso de que las actividades eléctricas fueran gravadas con tributos de carácter autonómico o local, cuya cuota se obtuviera mediante reglas no uniformes para el conjunto del territorio nacional, se permitiría que al peaje de acceso -una de las partes del recibo- se le pudiera incluir un suplemento territorial, que podría ser diferente en cada comunidad autónoma o ayuntamiento.
El 11 de junio de 2014, el Tribunal Supremo declaró la nulidad de la Orden IET/221/2013 por no haber incluido dichos suplementos territoriales y se obligó al Ministerio de Industria a proceder a su inclusión. El 22 de septiembre de 2016 en un denuncia de Iberdrola contra la Orden IET/1491/2013 se declaró igualmente que no era conforme al ordenamiento jurídico porque no se incluían estos recargos y el Alto tribunal dio un ultimátum.
El 23 de enero de este año, el Gobierno aprobó la Orden ETU/35/2017 en la que establecía los suplementos territoriales de Cataluña, La Rioja, Castilla La Mancha y Valencia sobre 2013 y que suponían una refacturación de 16,4 millones para evitar una sanción, incluso de carácter personal al ministro de Energía.
En aquel momento solo estas pocas autonomías habían facilitado la información y el Gobierno arrancó la medida para eludir dicha multa. Más de medio año después, las eléctricas no han podido todavía refacturar y el Supremo le ha concedido al Ejecutivo un mayor plazo para poder hacerlo correctamente.
Orden para pedir los datos
El Alto tribunal ha requerido al Ministerio para que apruebe de manera urgente los suplementos restantes no incluidos tomando como referencia, en caso de no contar con la mejor información, la que dispone el Ministerio de Hacienda.
De hecho, en un auto del pasado 29 de mayo, el propio Supremo reconoció que se necesitan más datos para poder realizar las refacturaciones. Por ese motivo, el Ministerio prepara una Orden Ministerial por la que obligará a las Comunidades Autónomas a dar los datos concretos de cada uno de los tributos para poder refacturar los recibos y poder cerrar una cifra definitiva. De este modo, las 15 autonomías afectadas -a excepción de País Vasco y Navarra por su régimen foral- cuentan con tributos ambientales que afectan a activos energéticos y que, por lo tanto deberán ser refacturados.
Según los cálculos del Ministerio ya realizados, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deberá refacturar 5,86 euros, a los de la C. Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, 0,02 euros anuales se pagarán en Cataluña y 0,05 euros en La Rioja.
Según el borrador de Orden Ministerial sobre la medida, el importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha y 3,9 millones a la C. Valenciana por impuestos ambientales, cerca de 142.000 euros vendrán de Cataluña por la Ley de Protección Civil y 16.538 euros procederán de La Rioja por los impuestos por el impacto visual pero quedan otros muchos por cuantificar para definir las cantidades.
Además a esta refacturación se añadirá previsiblemente otra del margen de comercialización que las eléctricas también ganaron en los juzgados.
El Ministerio ha preparado una carta tipo que las comercializadoras tendrán que enviar a sus clientes para explicarles esta cuestión y que incluye dos modelos. Uno lo recibirán los clientes actuales de cada comercializadora y otro se enviará a los clientes que durante el periodo de abril de 2014 a diciembre de 2016 tenían contrato con esa comercializadora y que ahora ya no lo tienen. En el primer caso, la carta irá junto a la factura en la que se haga la refacturación -es decir, que al cliente no se le avisará previamente-, y vendrá identificada como «regularización del componente asociado al coste de comercialización por sentencias judiciales», e incluirá, de forma separada, los siguientes conceptos: el periodo al que corresponde la regularización, los parámetros de dicho periodo para la facturación: potencia y energía activa, la cuantía correspondiente a la regularización, y el número de facturas en que va a llevarse a cabo la regularización. Los consumidores que ya no son clientes también recibirán la carta junto a la factura correspondiente.
Prohibirán cerrar centrales de carbón
El Gobierno aprobará próximamente un real decreto para impedir el cierre de las centrales térmicas que considere estratégicas, según informó el secretario sectorial de Minería de UGT FICA, Víctor Fernández. Los sindicatos mantuvieron una reunión con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, para abordar el futuro del carbón.
En la reunión, la tercera desde la llegada de Navia al cargo, el secretario de Estado confirmó a los sindicatos que «habrá un real decreto para impedir el cierre de la centrales térmicas».