Fuente: Cinco Días
En su respuesta a la consulta pública realizada por el Ministerio de Energía previa a la tramitación del real decreto por el que este departamento quiere regular el procedimiento de cierre de centrales eléctricas, Endesa ha insistido en que «en las actuales condiciones de regulación y de mercado» no es posible realizar las inversiones medioambientales necesarias que garanticen el futuro de sus dos grandes centrales de carbón nacional de Teruel y Compostilla.
En el escrito presentado el viernes, al que ha tenido acceso Cinco Días, Endesa recuerda que la normativa europea (directiva de emisiones industriales, principalmente) establece que las centrales de carbón que quieran operar más allá del 30 de junio de 2020 «tendrán que realizar un significativo volumen de inversiones para reducir sus niveles de NOx y SO2 y partículas». Esto, unido a la incorporación de renovables, al fin de las ayudas a la minería del carbón a partir de 2018 y a la obligación medioambiental de consumir cierto porcentaje de carbón importado, lo que incrementa el coste de generación, hacen inviable económicamente dichas centrales. No así, las que utilizan únicamente carbón foráneo, como Litoral de Almería y As Pontes, cuyas condiciones de mercado le permiten realizar las citadas inversiones.
Aunque se desconocen oficialmente las razones que han llevado al ministerio que dirige Álvaro Nada a plantear una intervención directa en el caso de que una empresa quiera cerrar una planta, así como su objetivo último (no existe un texto legal articulado con los detalles) han sido la intención de Endesa sobre sus centrales de carbón y las declaraciones de Iberdrola promoviendo el cierre de nucleares, las que parecen haber llevado al Ministerio de Energía a plantear una norma, por el momento, abstrusa. Se especula con posibles nacionalizaciones o subastas.
El cierre a debate
En la consulta lanzada el 2 de agosto, Energía pregunta a los interesados si considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro; cambio climático e impacto en el precio. Asimismo, consulta sobre el procedimiento a seguir en el supuesto de que el titular solicite el cierre de una central necesaria para el sistema.
Según Endesa, que un propietario pida el cierre de una central necesaria para el sistema, «es síntoma de un fallo de mercado», esto es, que este no permite recuperar los costes. En estos casos, la CE permite «precios de escasez» y, en último extremo, pagos por capacidad con criterios de mercado, añade. Y recuerda que, así como la UE permite ayudas de Estado para evitar el cierre de centrales por razones de seguridad o motivos medioambientales, «es contraria a la denegación del cierre para evitar un incremento de precios». Esto supondría una «intervención que distorsiona el proceso de formación de la señal de precios», subraya el escrito.
Endesa defiende el uso de las centrales de carbón y los ciclos combinados de gas durante la llamada transición energética hacia un sistema basado en renovables. De hecho, una salida prematura de las instalaciones de carbón y nucleares, obligaría a incorporar, según Endesa, 11.000 MW de potencia forme a partir de 2025. Es necesario seguir utilizando las centrales tradicionales, aunque «no del mismo modo»: en el futuro, estas pasarán de ser productoras de electricidad a ser prestadoras de servicios de respaldo».
Tras recalcar que «nos encontramos en uno de los momentos de mayor incertidumbre en la larga historia del sector eléctrico», la eléctrica española controlada por Enel, pide que se revise «la elevada fiscalidad» que soporta la generación eléctrica en España; que se establezca un mecanismo de pago por capacidad conforme a la normativa comunitaria, que podría traducirse en un mercado de capacidad abierto a todas las tecnologías o un esquema de reserva estratégica para salvar a las centrales térmicas que no sean económicamente viables.
Como el mercado español carece actualmente de precios de escasez y un mecanismo de pagos por capacidad, la eléctrica que preside Borja Prado propone, de manera transitoria, un mecanismo de reserva estratégica para evitar el cierre prematuro de centrales, como los de Bélgica, Dinamarca o Alemania. Asimismo, propone mecanismos de pagos por capacidad competitivos y neutrales tecnológicamente para contratar capacidad a plazo mediante un sistema de subastas.
La eléctrica recuerda que, según la normativa actual, la clausura de centrales en España debe ser autorizada por el ministerio, previo informe del operador del sistema (REE) y la CNMC, y que la generación es una actividad liberalizada, basada en la libertad de acceso. En este sentido, prohibir el cierre de una instalación cuando no es viable económicamente, «vulnera ese principio básico de libertad», por lo cual, si se pretende cerrar, «debe imponerse una obligación de servicio público a su titular (..) que debe ser compensado por ello de forma suficiente». Lo contrario, según Endesa, implica la vulneración de importantes preceptos comunitarios.