El operador del sistema gasista, Enagás, tiene seis meses para adquirir a Endesa y al socio Sodecam los dos proyectos de regasificadoras en Canarias, según consta en la Ley 17/2013 sobre los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, publicada este miércoles en el BOE.
Estos dos proyectos son el de Granadilla, en Tenerife, y el de Gran Canaria. En ambos, el promotor es la sociedad Gascan, participada en un 47% por Endesa, en un 11% por Sodecan y en un 42% por la propia Enagás, que deberá ahora comprar las participaciones a los dos socios.
Fuentes de Enagás indicaron a Europa Press que existe una «muy buena relación» entre los socios y cifraron en 600 millones de euros el coste de las inversiones en ambos complejos. La transacción deberá recoger la parte proporcional de los socios en este esfuerzo inversor.
La ley publicada este miércoles emplaza a las empresas que sean titulares de las instalaciones de regasificación en Canarias a «transmitirlas al grupo empresarial del que forma parte el Gestor Técnico del Sistema, en el plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor».
El precio de la compraventa de cada instalación, señala la norma, será acordado entre las partes y estará basado en precios de mercado. «En el caso de las instalaciones que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley no dispongan de acta de puesta en servicio, el precio de transferencia estará basado en los costes en que efectivamente se hubiera incurrido por el transmitente hasta el 1 de marzo de 2013», añade.
En caso de que a los seis meses no haya acuerdo, el Ministerio de Industria pedirá al regulador que nombre un árbitro independiente que, en tres meses, dicte un laudo vinculante para ambas partes en el que se determine el precio de la transmisión, cuya materialización se producirá al cabo de dos meses.
Un 40% de potencia máxima
La nueva ley se marca el objetivo de mejorar la competencia en los territorios insulares, Ceuta y Melilla. Para ello, impone un límite en la instalación de nueva potencia a los operadores con una cuota de generación superior al 40%, lo que afecta especialmente a Endesa.
No obstante, este porcentaje no será tenido en cuenta cuando la nueva potencia siga siendo insuficiente para cubrir la demanda o cuando no hubiese otras empresas interesadas en promover instalaciones.
La disposición transitoria segunda exceptúa además de la nueva limitación a varios proyectos de renovables en curso. En concreto, exime a las instalaciones que, a fecha 1 de marzo de 2013, hayan sido adjudicatarias en concursos de nueva potencia renovable, tengan autorización administrativa y estén inscritas en el registro de preasignación de retribución de instalaciones de régimen especial.
Sobre el bombeo, su titularidad deberá corresponder al operador de la red eléctrica, Red Eléctrica de España (REE), dado su papel en la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables.
Marco para el ‘fracking’
La nueva ley otorga además carta de naturaleza en todo el territorio nacional a la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos no convencionales, conocida como ‘fracking’.
En concreto, añade un apartado 5 en el artículo 9 de la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos en el que se reconoce la posibilidad de aplicar «técnicas habituales en la industria, entre ellas, la fracturación hidráulica».
Además, añade un nuevo párrafo en un anexo de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental en los que se incluyen también «los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica».
Endesa obtiene la máxima calificación en eficiencia energética
Por otro lado, Endesa ha obtenido en el nuevo complejo de oficinas de la sede que la compañía tiene ubicada en la avenida de Vilanova de Barcelona la calificación A, el máximo nivel en el Certificado de Eficiencia Energética expedido por el Instituto Catalán de Energía de la Generalitat, ha informado en un comunicado este miércoles.
El certificado, que se centra en la parte nueva de la construcción de las instalaciones, tiene una validez máxima de diez años y acredita que el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono de esta zona son un 60% inferiores a las de un edificio de dimensiones similares que cumple con los requisitos mínimos de eficiencia energética del Código Técnico de Edificación (CTE).
En concreto, la zona que ha obtenido la máxima calificación ocupa una superficie de 8.766 metros cuadrados que están destinados a oficinas, y se trata de una zona con unos consumos energéticos anuales de 197.785 kWh.
Esta calificación permite alcanzar unos ahorros energéticos estimados en 357.886 kWh, lo que equivale al consumo energético de 84 familias, y representan un total de 195 toneladas de dióxido de carbono anuales no emitidas a la atmósfera.
El complejo está integrado por varios edificios que ocupan una manzana y una superficie de 42.400 metros cuadrados para unos 1.200 empleados, y también se ubican 70 plazas de aparcamiento en dos plantas, una zona de oficinas, una subestación eléctrica y el Centro de Control de Red de alta, media y baja tensión de Catalunya.