Fuente: Cinco Días
El viernes 9 se cumplió el plazo para la presentación de observaciones a los proyectos de circulares elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los que se propone una nueva metodología para el cálculo de la tasa de retribución financiera que recibirán las redes de distribución y transporte eléctricas (entre 2020 y 2025) y las de gas (entre 2021 y 2026).
El final del período de consulta pública ha dejado al regulador de la competencia sometido a fuertes presiones que vienen tanto de las eléctricas y de las gasistas como del propio Gobierno, todos pugnando, con mayor o menor intensidad, por una rebaja de los recortes planteados.
El órgano presidido por José María Marín Quemada puso en marcha esta reforma en cumplimiento del Real Decreto Ley 1/2019 de enero pasado, el cual le otorgó por primera vez la potestad de legislar sobre la retribución, los peajes y otros aspectos económicos del sector, en línea también con lo dispuesto por la UE.
La CNMC se estrenó en esta facultad el 5 de julio pasado con la publicación de siete propuestas de circulares cuyo contenido causaron gran revuelo en el sector, además de fuertes caídas en Bolsa, debido a que, en esencia, proponen corregir el exceso de retribución que, en opinión de los técnicos del regulador, estas empresas han recibido en los últimos años.
Así, el organismo propone un cambio en la metodología para el cálculo de los ingresos que las redes percibirán durante el nuevo período regulatorio marcado por la ley. En el caso de la electricidad, este período comienza en 2020 y finaliza en 2025 y en el del gas, arranca en 2021 y concluye en 2026.
Como resultado de la nueva fórmula, la remuneración del transporte de gas se reducirá en los próximos seis años un 21,8%, sobre ingresos de 1.186 millones anuales; mientras que los de la distribución se resentirían un 17,8% sobre 1.420 millones de ingresos.
En el caso de las redes de electricidad, el recorte sería del 8,2% para el transporte, que cobra anualmente 1.656 millones, y del 7% para la distribución, sobre los 5.455 millones que reciben en los peajes.
Tras la publicación de los borradores, la CNMC abrió un período de consulta pública que coincidió con la presentación de resultados semestrales de las empresas, circunstancia que sus principales directivos aprovecharon para criticar el planteamiento y adelantar las observaciones que presentarían.
Este viernes, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), integrada por Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP, emitió un comunicado en el que califica de “insuficiente” la tasa de retribución del 5,58% propuesta por la CNMC y pide que se revise al alza.
La patronal argumenta que, de otro modo, no será posible atraer las “elevadas inversiones” que serán necesarias para ejecutar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno e incentivar “realmente” la descarbonización de la economía.
Asimismo, estima que la nueva metodología propuesta por el regulador parece “más compleja” que la existente e introduce “importantes nuevas incertidumbres” en el esquema retributivo, lo que impide contar con una visión completa del marco regulatorio que se aplicará en el próximo período.
Sin efecto retroactivo
Aelec reclama garantizar la certidumbre y seguridad jurídica de las inversiones realizadas por las empresas en el período regulatorio vigente, reconociéndose en función del modelo retributivo actual, bajo el que fueron diseñadas y aprobadas.
De esta manera, pide que el nuevo modelo se aplique para las inversiones y gastos en los que incurran las empresas a partir del 1 de enero de 2020, ya que “no tiene sentido calcular retribución ni incentivos a partir de las realidades de años ya pasados, sobre los cuales las empresas ya no pueden actuar”.
En concreto, la patronal eléctrica exige que las inversiones de 2019 y los incentivos de 2018 y 2019, liquidables en 2020 y 2021, respectivamente, se calculen conforme a la metodología vigente hasta ahora.
Posteriormente, respetando este principio, los cambios metodológicos propuestos se aplicarían a los gastos, incentivos e inversiones realizados a partir del 1 de enero de 2020, pero siempre y cuando para dicha fecha, las distribuidoras sean “plenas conocedoras de ellos, en los casos que corresponda, y hayan tenido el tiempo necesario para adaptarse a los mismos”.
Por su parte, Sedigas, la patronal de las gasistas, argumenta que en la elaboración de la propuesta, el supervisor se ha basado en estimados incorrectos, por lo que pide la reformulación del recorte.
“Las memorias de las circulares contienen información y cálculos no reproducibles que inducen a pensar en un nivel de análisis insuficiente”. La CNMC deberá ahora analizar todas las alegaciones y aprobar el nuevo marco antes del 1 de enero de 2020.
Sin embargo, la crítica más sorprendente vino del propio Gobierno. El Ministerio de Transición Ecológica publicó el martes pasado sus alegaciones, en las cuales acusó a la CNMC de falta de prudencia financiera al no tener en cuenta en su planteamiento el elevado grado de endeudamiento de las compañías reguladas.
El departamento dirigido por Teresa Ribera convocará, además, una Comisión de Cooperación para resolver sus discrepancias con el regulador.