FUENTE: Jordi Dolader en El Periódico de la Energía
Era de prever! En un año de muchas convocatorias de elecciones, pocos avances cabía esperar en las mejoras del modelo energético español. Y así se está cumpliendo. Escrupulosamente. Ni tan siquiera se salva la sutura del incremento el déficit tarifario, la estrella del actual gobierno.
Lejos del esperado superávit y cerrados los siete primeros meses, el balance de ingresos del sistema de liquidaciones del sector eléctrico español arroja un déficit del 13%. Seguramente, al cierre del ejercicio 2015 y cuando el sistema contabilice lo que Hacienda aun no ha transferido a la bolsa, esto es el 7% del impuesto a la generación, la parte alícuota del coste extra-peninsular y alguna otra bagatela, se visualizará este anhelado superávit pero, por el momento, vencido el paso del ecuador del ejercicio, aun está por ver que se cumpla este objetivo.
Reconozcamos que nos hemos dado un sistema endiabladamente complicado. Que los ingresos que recolectan los comercializadores pasen de forma estrictamente regulada a la bolsa del sistema de liquidaciones y que de esta se transfieran a las diferentes cuentas que han acreditado servicios de generación, de redes, de primas y un largo etcétera, no resulta de fácil comprensión para el consumidor no especializado.
Por lo tanto, lejos de asignar responsabilidades adecuadamente, el consumidor arremete contra quien da la cara en el sector eléctrico, bien una de las empresas convencionales integradas en la patronal Unesa, bien en aquella comercializadora que ha arrancado con dificultad alguna cuota del mercado liberalizado. Y seguramente algo de razón tiene, ya que poco han explicado cada una de las empresas verticalmente integradas y menos las que han aparecido más recientemente al albur de la liberalización sobre sus verdaderas responsabilidades.
Han preferido jugar al equívoco de la marca, cuando en realidad son simplemente gestores de una “commodity”. Al no existir en España, como ocurre en la mayoría de los Estados Miembros de la Unión Europea, un verdadero Regulador Independiente, la acción del Gobierno a través de su Ministerio de Industria asume todas las decisiones regulatorias que confluyen en el sector eléctrico (algo también pero mucho menos en el sector gasista y casi nada en el sector del petróleo).
Por ello y bajo la batuta del Ministerio, los agentes del sector eléctrico deben cumplir escrupulosamente la normativa que diseña todo su quehacer, desde el diseño de la factura, hasta la forma en que los consumidores deben acceder al suministro. El servicio eléctrico es, de largo, una de las actividades más regladas de todos los servicios públicos. Siendo esto así, podemos entonces especular sobre las razones que han propiciado esta realidad.
La primera y por tanto la más evidente, es que la energía eléctrica ha estado siempre en la agenda política y ningún gobierno ha cedido un ápice de su soberanía a favor de ningún regulador independiente. El control de la factura, razón última por la que se ha venido acumulando el ominoso déficit tarifario eléctrico español, el control del Operador del Sistema Eléctrico, Red Eléctrica de España, garante principal de la Seguridad de Abastecimiento y el control/descontrol de las primas a las energías renovables son pruebas irrefutables que justifican esta intervención.
La segunda razón puede parecer algo más sofisticada pero el tiempo está dando la razón a esta tesis: Si los consumidores endilgan a los agentes responsabilidades inmanentes a la acción de gobierno, su imagen queda al resguardo de críticas. Realmente el consumidor no alcanza a comprender que si tiene la energía eléctrica más cara de la Unión Europea es debido a decisiones absolutamente ajenas a los agentes que operan en el sistema eléctrico y que se deben básicamente a las recurrentes leyes, reales decretos, reglamentos, ordenes y demás parafernalia normativa con sede en la Administración española.
Una tercera razón debemos buscarla en la falsa liberalización que la regulación española ha promovido. El hecho que subsistan para 16 millones de consumidores (potencialmente pueden ser hasta 24, por cierto) las tarifas de último recurso, hoy llamadas eufemísticamente precios voluntarios para los pequeños consumidores y las peleadas subastas de interrumpibilidad son pruebas fehacientes que algo está mal en este modelo eléctrico español.
De no replantearse un cambio copernicano al modelo eléctrico español, las disfunciones detectadas serán de imposible arreglo y seguiremos equivocándonos al exigir responsabilidades a quien no puede dar soluciones.