El Tribunal Supremo ha admitido un escrito presentado por Acerinox para la ampliación de los recursos contencioso administrativos contra el nuevo mecanismo de interrumpibilidad por el que se solicita el análisis dentro del expediente del tope de 550 millones de euros anuales fijado por el Ministerio de Industria en estas ayudas a las grandes industrias.
En concreto, la ampliación del recurso afecta al artículo 8 de la última orden ministerial de peajes eléctricos, en el que se establece una cuantía máxima anual para retribuir a las grandes industrias que prestan este servicio de interrumpibilidad.
Este servicio ofrecido por las grandes industrias consiste en la modulación de su consumo en los momentos en los que lo requiera el sistema eléctrico. Con la reforma energética, se asigna en función de subastas y tiene un coste inferior a los cerca de 750 millones concedidos hasta entonces.
Acerinox, junto a empresas como Siderúrgica Balboa o asociaciones empresariales como Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) o la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficem), forma parte del grupo de empresas que tiene recurrido el nuevo mecanismo de asignación a través de subasta de la interrumpubilidad.
Tras una primera puja a finales del año pasado en la que se asignaron bloques por unos 350 millones, el Ministerio de Industria repitió el proceso para adjudicar cerca de 200 millones adicionales, después de recibir quejas de empresas como Alcoa.
La directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, anunció esta semana que Industria estudia la posibilidad de que se realice una nueva subasta de interrumpibilidad «antes de verano de 2015».