El Tribunal Supremo ha dispuesto que se solicite al Ministerio de Industria las auditorías sobre las labores concretas y costes de mantenimiento y operatividad realizadas por Enagás en relación con el almacén de gas natural Castor.
Asimismo, reclama a Industria una copia certificada de la resolución de 17 de noviembre de 2015 por la que se estableció la retribución adicional de 253,3 millones de euros y el reembolso de los gastos de operación y mantenimiento de ‘Castor’ por una cuantía adicional de 42,3 millones de euros.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha adoptado esta decisión en el marco de un auto en el que acuerda practicar las nuevas pruebas solicitadas por la Generalitat de Cataluña en su recurso contra la Orden de 19 de diciembre de 2014 por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas.
El auto resuelve además que se pida al Ministerio que actualmente encabeza Luis de Guindos en funciones la notificación a la Comisión Europea del pago a Enagás Transportes de la cantidad de 17,31 millones e euros que le reconoce la Orden de peajes, impugnada en el presente procedimiento o, caso de no haberse producido, la inexistencia de la misma.
La Generalitat de Cataluña presentó un recurso contencioso-administrativo contra la citada Orden y, posteriormente, solicitó que se realizara una prueba adicional a la vista de los nuevos hechos incorporados en la contestación a la demanda por el Abogado del Estado, que se negó a la práctica de la misma.
A petición de la Sala, la Generalitat explicó que esos nuevos hechos se refieren a que en la contestación a la demanda se afirma que la Orden siguiente a la impugnada vuelve a fijar la misma cantidad a tanto alzado a Enagás, por lo que la prueba de las auditorías tiene como finalidad determinar si la cantidad que se paga responde a la realidad de los costes o a otros intereses.
Del mismo modo, justificó la prueba de la notificación a la Comisión Europea del pago a Enagás de 17,31 millones de euros en que aunque no se trate de una ayuda de Estado, como sostiene el Abogado del Estado, es necesaria su notificación.
Tras examinar esos hechos nuevos, la Sala Tercera considera «razonable» la petición de ampliación de la Generalitat y «pertinentes» los medios solicitados, motivo por el que admite que se practiquen las citadas pruebas.
Enagás finalizó el pasado mes de marzo el proceso de hibernación del almacenamiento subterráneo de Castor, con un doble sellado de los pozos, lo que supone un refuerzo adicional a otras dos válvulas ya existentes en cada uno de los pozos.
Con esta medida, la compañía cumplía la labor encomendada por el Gobierno a través del real decreto ley 13/2014, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.