El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por Unesa y Endesa en contra del Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica.
En concreto, el texto legal amplía a las instalaciones de bombeo el peaje de 0,5 euros por megavatio hora (MWh) impuesto a los productores de electricidad con el objeto de equilibrar el sistema eléctrico. Y las sentencias, fechadas el 7 de mayo y el 6 de junio, respectivamente, rechazan el planteamiento de nulidad presentado por la patronal de las eléctricas y la energética presidida por Borja Prado en contra de la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto, en la que se fijaban los peajes que debían soportar las instalaciones con grupos de bombeo.
Las entidades que interpusieron los recursos consideran que esta medida vulnera la normativa comunitaria al superar el límite de 0,5 €/MWh en las tarifas por transporte que pueden pagar los productores de electricidad. Así, al excederse el umbral, se estaría vulnerando el Reglamento 838/2010 de la Comisión Europea sobre la fijación de directrices relativas al mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte y un planteamiento normativo común de la tarificación del transporte.
No obstante, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del Supremo se ha mostrado en contra de esta interpretación. Según recoge la decisión del alto tribunal, el umbral fijado por la norma comunitaria está al margen de los peajes que deben pagar las instalaciones de generación por la utilización de las redes para proveerse de energía para el funcionamiento de la propia central.
El cobro del peaje a la generación incluido en el RDL 1544/2011 supuso una extensión de una medida más amplia incluida en el RDL 14/2010, diseñado por el equipo del exministro Miguel Sebastián para recortar en cerca de 5000 millones en tres años los costes del sistema eléctrico. Este último incluía un peaje a la generación para todos los productores de electricidad, tanto del régimen especial como ordinario, cuyo valor era de 0,5 €/MWh, el máximo permitido por la norma comunitaria.
Con esta medida, el Gobierno esperaba ingresar cerca de 150 millones de euros anuales durante tres años, y al final del periodo tendría que haberse subsanado el problema del déficit de tarifa.
El peaje, en vigor desde el 1 de enero de 2011, se aprobó para hacer que los generadores de electricidad participasen en la financiación de las redes, con el argumento de que su actividad contribuye a aumentar el coste de estas infraestructuras.