Los consumidores han pagado un sobrecoste de 1.147 millones en los últimos cuatro años por la tarifa de la luz debido a las subastas eléctricas, según cálculos del Ministerio de Industria. Eso supone en torno al 3% del recibo total en esos años. El Gobierno quiere acabar con ese sobreprecio al vincular la factura al precio del mercado y da como alternativa una oferta a precio fijo durante 12 meses para quienes no quieran arriesgarse a los vaivenes. Sin embargo, fuentes de Industria admiten que lo previsible es que quienes se acojan al precio anual tengan que pagar un sobrecoste aún mayor.
Las subastas Cesur garantizaban estabilidad en el precio por periodos de tres meses, aunque variase el precio de la energía en el mercado. El sobrecoste era el precio del aseguramiento, proporcionado por entidades financieras. Ahora, las comercializadoras que ofrezcan una tarifa anual por la parte de la energía (pues la parte de peajes continuará siendo fijada por el Gobierno para todos) deberán también cubrir su riesgo y el coste de una cobertura anual será, en principio, mayor al de un aseguramiento trimestral, por lo que en el propio ministerio ven probable que el sobreprecio sea mayor que el de las subastas.
El comercializador fijará la tarifa anual libremente. La única esperanza para los consumidores es que la competencia limite ese sobrecoste y que la cobertura natural que implica la existencia de grupos integrados permita reducir ese coste de aseguramiento.
Para ello es vital que la información sea muy transparente. El Gobierno llegó a plantearse una medida como la tasa anual equivalente (TAE) que están obligados a usar los bancos y que facilita la comparación de los tipos de interés en ofertas con diferentes plazos y comisiones. Al final, Industria descartó la TAE eléctrica por la complejidad del sector, pero exigirá que las compañías publiquen sus ofertas anuales en una misma web y que esas ofertas tengan una estructura que permita comparaciones homogéneas.
Las ofertas anuales están pensadas sobre todo para pequeños negocios. Industria cree que la mayoría de los consumidores se acogerán a los precios de mercado y que con ello obtendrán ahorros frente al sistema de subastas, aunque el precio puede dar saltos de una factura a otra, que fuentes de Industria creen que no superará los 5 euros. Quienes tengan contadores inteligentes preparados para ello, pagarán la parte de energía del recibo de la luz al precio en que se sitúe cada hora. Para el resto, se aplicará el precio medio del periodo de facturación (habitualmente dos meses).
Las eléctricas y su patronal, Unesa, han presentado alegaciones contra la propuesta de Industria. Ven inviable la facturación por horas en abril por las complejidades de carácter técnico. Para la facturación por horas se aplicarán 1.464 precios diferentes (24 horas por 61 días), con lo que será casi imposible que dos clientes con el mismo tipo y volumen de consumo paguen lo mismo, lo que puede resultar, a su juicio, discriminatorio. También denuncian que el nuevo sistema será extremadamente volátil, que el consumidor nunca sabrá qué le está costando la electricidad y no podrá planificar su demanda. Las eléctricas, además, no creen que introduzca competencia, sino que supondrá un freno a la liberalización. Por último, critican que se use el pool (el mercado mayorista eléctrico) como referencia, cuando no está diseñado para ello, con lo que creen que el nuevo sistema nace viciado de base.
El Gobierno tiene aún pendiente la reforma del pool. Fuentes de Industria consideran que las compañías han aprendido demasiado sobre su funcionamiento y utilizan sus mañas para obtener el precio más alto posible. Al Gobierno le preocupa el coste de los mercados de ajuste, pero ven otras anomalías. “Tan aberrante es que una nuclear cobre 90 euros por megavatio como que cobre 0”, señalan fuentes de Industria. Entre las posibilidades está dejarlas fuera del pool, establecer un suelo y un techo o usar otros mecanismos para evitar esas oscilaciones.
Mientras, la Comisión nacional de los Mercados y la Competencia publicó ayer que el déficit de tarifa, que es el desfase que se produce porque los pagos (de los peajes) no cubren los costes de la actividad regulada de las eléctricas, aumentó hasta los 4.098 millones en diciembre, lo que supone superar en unos 400 la última previsión del propio Ejecutivo. El alza se debe a los costes de la actividad extrapeninsular y las primas a las renovables. No obstante, es un dato provisional, porque quedan dos liquidaciones y la cifra definitiva se sabrá en abril.
Tras la reforma eléctrica, Industria quiere este año centrarse en la del gas, donde también hay déficit de tarifa. En el subsector del butano, planea la liberalización del precio protegiendo a los consumidores más vulnerables. El problema es que las bombonas son revendibles, con lo que uno de los factores a tener en cuenta es cómo limitar al máximo el mercado negro del butano si se establece una bombona social.