El triángulo virtuoso de sostenibilidad, seguridad y competitividad, la consecución de un mercado único energético y la conexión con Europa de las redes eléctrica y gasista. La industria española del sector de la energía coincide, en términos generales, en reclamar una política europea que logre esos objetivos en los próximos. En el primer encuentro celebrado en la redacción de EL PAÍS con motivo de las próximas elecciones europeas, se reunieron representantes de las principales patronales del sector para analizar el futuro. Eduardo Montes, presidente de la patronal eléctrica UNESA; Antoni Peris, presidente de la patronal del gas SEDIGAS; Álvaro Mazarrasa, director general de la patronal de operadores petrolíferos AOP; y José Donoso, director general de la patronal fotovoltaica UNEF, en representación de las energías renovables, debatieron durante algo más de una hora sobre estas cuestiones.
El debate comenzó con la intervención de Montes, que fijó como primer tema básico “la integración de los distintos mercados europeos para conseguir el mercado global, el mercado unitario europeo eléctrico”. “Es fundamental para que exista una similitud al menos de precios eléctricos que permita un avance global en la competitividad de la UE”.
Montes añadió. “Y lo es porque va a forzar a que existan unas interconexiones entre los diferentes países que ayuden a que la energía pueda ser trasvasada a otros países, lo que en electricidad es clave porque la energía eléctrica no es almacenable y porque va a conseguir que dentro del sistema eléctrico se den las condiciones, que no por haber sido muy mencionadas dejan de ser importantes: seguridad de suministro, competitividad de los precios y el respeto al medio ambiente”.
José Donoso, representante de la industria renovable, reconoció que la UE se encuentra en una situación muy compleja y con desafíos muy importantes. “La crisis de Ucrania recuerda que las políticas nacionales están muy condicionadas; pero esta crisis oculta otras dos estructurales: la ambiental y la energética”, lo que a su juicio hace que las políticas europeas tengan una visión muy cortoplacista. Eso unido a que para 2035 se prevé que se duplique la demanda, obliga a que se den respuestas estructurales de más calado. “Consideramos que Europa se está equivocando cuando prioriza la competitividad a corto plazo cuando debiera poner en marcha una transición a un modelo energético en el que sea independiente”. Según Donoso, no se puede olvidar que la energía europea depende en más del 50% de fuera, porcentaje que en España se eleva al 70%.
Para Donoso, “un mercado único permitiría racionalizar la oferta de renovables, que son las únicas endógenas, a excepción de los países del norte”, apuntó barriendo para casa. “Pero es incompatible si no se resuelven los problemas de interconexión”, completó.
Sobre interconexión habló también Antoni Peris, para quien el reto de verdad es el mercado único y la integración. “Hace falta una integración total, que el caso gasista necesita almacenamiento y que el gas fluya en ambos sentidos”, continuó. Y apostilló: “También se requiere armonizar las normas entre los países y garantizar la seguridad de suministro, es un reto de la UE por interés común”, que se considera imprescindible para salvar el problema de la dependencia.
En este punto España juega un papel esencial en el futuro europeo, porque cuenta con siete plantas regasificadoras, contratos de suministro de gas licuado de petróleo (GLP) con varios países africanos y americanos y, lo que es más importante, una conexión doble con África para transportar gas argelino. Eso le da una condición primordial para garantizar la diversificación que tan necesaria se vislumbra tras la crisis de Ucrania (Europa se alimenta principalmente de gas ruso, que en gran parte pasa a través de territorio ucranio). Sin embargo, el principal gasoducto español (Midgas) está parado en la provincia de Girona desde hace años a 50 kilómetros de la frontera con Francia.
El problema, en el que coincide toda la industria, radica en que Francia siempre ha dado la espalda a la conexión, tanto en gas como en el mercado eléctrico. Montes recordó, al respecto, que estaba previsto para 2014 que cada país tuviera listo al menos el 10% de su potencia instalada para interconexiones. Sin embargo, España junto al Reino Unido solo puede recibir un 4%. “Es una pescadilla que se muerde la cola: si no tenemos conexiones va a ser muy difícil lograr el mercado único europeo; pero si no tenemos un mercado común de la electricidad, las interconexiones no van a ser útiles porque hay que exportar a un precio competitivo”, sentenció.
Montes y Peris (es decir, electricidad y gas) coincidieron en la queja por la paralización de los ciclos combinados, cuyas infraestructuras se nutren de gas natural y que han sufrido un retroceso por las decisiones de la mayor parte de los países, incluido España. “El cambio de política ha obligado a modificar el papel de energía complementaria a otro de respaldo; pero el gas no lo hemos de mirar como suministro de energía, sino también como intermedio que forma parte de la energía eléctrica”, dijo Peris, que exigió “una política que fomente la competitividad y la empleabilidad”.
Álvaro Mazarrasa, por su parte, agregó a la competitividad y al cambio climático que ya habían apuntado sus compañeros de mesa, el desafío que entraña la sobrerregulación. Según Mazarrasa hay más de 3.000 normas jurídicas al año, lo que hace imposible seguir las iniciativas del Parlamento. “Hay que simplificar, porque si no las inversiones se van a ir de Europa, además crea una situación de inseguridad jurídica”, advirtió el representante petrolero. Mazarrasa opina que la regulación inteligente de la que habla la UE no se está cumpliendo. “La UE vive muy alejada de la economía real y del día a día”, remató.
En cuanto a la competitividad, puso el dedo en la llaga cuando dijo que los precios en electricidad y gas son dos y tres veces más altos que en EE UU. Eso hace, a su juicio, que “los que competimos en mercados globales tengamos serios problemas para competir en igualdad de condiciones”.
Sobre el cambio climático, aseguró que ve cierto “autismo” en la política europea y se preguntó qué va a pasar en el consejo de octubre cuando se plantearán los objetivos para 2030. “Pensamos que hay más voluntarismo que realismo”, subrayó y propuso retrasar la decisión a 2014, en la reunión de París, para negociar un acuerdo más madurado y alcanzar compromisos. “Como industria pedimos que no se precipite hasta que no tengan claro qué van a hacer el resto de grandes economías porque solos no resolveremos los problemas”.
Los cuatro intervinientes fueron unánimes a la hora de defender los objetivos medioambientales, aunque pusieron algunos matices sobre las políticas llevadas a cabo para su desarrollo. “Tenemos el derecho y la obligación de mirar cómo se puede construir un mundo mejor a medio-largo plazo en el que el consumo y la producción de energía tenga un impacto nulo o casi nulo en el medio ambiente”, enfatizó Donoso como conclusión.
La descarbonización del sistema consiste en alcanzar el objetivo el conocido 20, 20, 20 (reducir las emisiones de CO2 un 20% respecto al 90 en 2020; aumentar las energías renovables al 20% del espectro de energías primarias e incrementar un 20% la eficiencia energética). “El último Consejo Europeo puso un cuarto 20, además de modular los otros, según recordó Montes. Consiste en que en 2030 la descarbonización sea del 40%, y que el 27% sea de energías renovables aunque sin fijar ningún tipo de condicionamiento para cada país”, recordó Montes.
Para Montes, “el sistema de control de emisiones no ha funcionado de una manera eficiente porque los derechos de emisión empezaron a estar a un precio de 20 y 30 euros por tonelada han caído a cuatro o cinco”.
Por norma general, coincidieron en que en Bruselas se les escucha poco, aunque reconocieron que ahora se les está empezando a hacer caso. “Creo que la UE ha ido perfilando en estos años su política, que ha tenido que cambiarse por los excesos y los objetivos de sostenibilidad, seguridad de suministro y competitividad han ido cambiando las prioridades”, señaló Montes.
Tras redundar en que estos objetivos son los fundamentales, el presidente de las eléctricas reclamó también mejoras en la fiscalidad (en España se paga 21% de IVA más 5% de impuesto eléctrico), lo que lleva a la necesidad de armonización fiscal que también se pide en otros sectores y en la necesidad de que todos los sectores industriales participen en la descarbonización.
Las energías renovables parecen necesarias, incluso si llega a niveles de obligatoriedad porcentual. Pero la pregunta es cómo se integran. Según Montes, hay varios temas en pleno debate que son cruciales: las redes de distribución y los incentivos previstos. “El sistema de incentivos que se ha aplicado hasta ahora es insostenible no solo en nuestro país, sino también en la Unión Europea”, afirmó. A su juicio, hay varios planteamientos: por medio de incentivos a la inversión en determinadas tecnologías o por medio de ayudas al I+D+I para tecnologías nuevas. En este sentido, también se discutió sobre la integración de estas tecnologías y cómo se va a garantizar la seguridad de suministro.
Montes opina que las renovables se empezó sin planificar. “Había que ser los salvadores del planeta”. En este punto, Donoso apuntó que la UE ha perdido el liderazgo y que ya el 60% de las renovables se hace fuera de Europa. “Si nos empeñamos en ser competitivos en algo que no lo somos, se genera una economía subsidiaria e ineficiencias del mercado, el debate no está resuelto y debe centrarse en cómo la sociedad paga el precio justo, cómo eliminamos subvenciones, que no se resolvió hace años”.
Para Donoso, “hemos conseguido ser competitivos en de verdad y crear empleo sin subvenciones. Estamos compitiendo en precios, calidad y servicios, y eso es apostar por una industria de futuro”. Montes coincidió en que la eólica se hizo de una manera impecable, pero lo que no tuvo sentido es que se instalaran 4.000 megavatios de fotovoltaica agarrándose a unas primas enorme”.
El problema de Europa es la sobrecapacidad, según Peris, aunque también aceptó que hay mayor receptividad. “Pero hay que ser conscientes de que tiene que haber mayor equilibrio entre los actores del sistema”. Lo mismo opinó Mazarrasa, que cree que la industria está empezando a tener hueco en sus oraciones. “Pero la Comisión no funciona como una Gobierno, cada comisario tiene sus intereses y defiende sus medidas por su trayectoria política. Echamos en falta que haya una defensa de interés común”, remachó Mazarrasa.