Con el rechazo de ayer del Pleno del Congreso de los Diputados a las cuatro enmiendas a la totalidad (presentadas por el PSOE, la Izquierda Plural, ERC y CC-NC) al proyecto de “Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares”, esta normativa continúa con su tramitación parlamentaria. No obstante, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, avanzó que se permitirá que los operadores eléctricos mayoritarios puedan superar el 40 % del mercado cuando no haya otras compañías interesadas en hacerse cargo de las nuevas instalaciones.
La propuesta de normativa salió adelante en la cámara baja con el apoyo de los diputados del PP y la abstención de CiU, PNV, Foro Asturias y UPN. Por su parte, el frente opositor integrado por CC-NC, ERC y la Izquierda Plural contó con el respaldo del resto de la oposición, mientras que el texto alternativo de los socialistas solo consiguió el voto favorable de los proponentes y los nacionalistas canarios, mientras que UPyD e IU-ICV se abstuvieron. Además, los populares rechazaron que el proyecto de ley vuelva al Pleno antes de ser enviado al Senado.
Durante la sesión plenaria, Soria explicó que el objetivo que persigue la polémica ley es «favorecer a operadores que no estén ahora para que pueden entrar», de tal forma que no se podrá otorgar régimen retributivo o primado para nuevas instalaciones a los titulares de una empresa o grupo con un porcentaje de potencia superior al 40 % en ese sistema, con el objetivo de mejorar la competencia a través de la concesión de la vía libre de entrada a nuevos operadores.
«En estos sistemas, la demanda eléctrica se cubre con generación térmica. La titularidad es de una empresa y la distribución y comercialización también», explicó en clara referencia a Endesa. Sin embargo, a través de una enmienda pactada entre el Gobierno central y el Gobierno canario, el texto quedará modificado en su tramitación parlamentaria para incluir una excepción a esa regla general.
«El Gobierno de Canarias y el Ministerio hemos pactado una enmienda para que se permita que el operador dominante pueda realizar nuevas instalaciones cuando no existan otras empresas interesadas», precisó Soria.
Las centrales hidroeléctricas «no se traspasarán a REE»
Por otra parte, para asegurar la capacidad de bombeo, el Minetur y el Ejecutivo canario también han «pactado» una enmienda para «fijar un calendario de ejecución para las instalaciones con bombeo y autorización administrativa o que sean concesionarias de un aprovechamiento hidráulico». Así, «solo si se incumple ese calendario, se traspasará a Red Eléctrica de España (REE), que tendrá la titularidad únicamente en el caso de que lo autorice la Comisión Europea».
Al concluir la sesión plenaria, el titular de la cartera del ramo explicó a los medios que esta enmienda «mejora» el proyecto en cuanto a que «establece un periodo de tiempo para que quien ha resultado adjudicatario de un proyecto de bombeo comience y ejecute la obra» y que, si pasa el tiempo fijado sin que se inicie la actividad, pueda entrar REE a hacerse cargo de la construcción y explotación de la instalación.
«Siempre y cuando hubiera una autorización al efecto de la Unión Europea, porque no lo haríamos en ningún caso en contra del criterio europeo», matizó, señalando que la isla de Gran Canaria, que está afectada por un retraso de estas características, «no puede seguir esperando de manera eterna en el tiempo que se ejecute un buen proyecto para la isla».
En el proyecto inicial, el Ejecutivo justificaba que dada la «importancia de las instalaciones de bombeo y plantas de regasificación en los SEIE (Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares) para garantizar la seguridad de suministro», la titularidad de estos activos corresponderá al operador del sistema eléctrico (REE) y al gestor técnico del sistema gasista (Enagás).
Aumentar la eficiencia y la seguridad de los sistemas
El resto de objetivos de la ley pasan, según Soria, por «aumentar la eficiencia de los sistemas» eléctricos de estos territorios, facilitar la apertura de nuevas instalaciones de generación y distribución y procurar que haya más operadores de los existentes. En este sentido, el proyecto «habilita al Ministerio para crear mecanismos retributivos para reducir el coste de generación».
Asimismo, se pretende dar «garantía» de suministro y aumentar la seguridad de los sistemas ante posibles riesgos, habilitando a la Dirección General de Política Energética para «minorar el concepto retributivo adicional para la producción si hay una reducción sustancial de la disponibilidad de las instalaciones, de la seguridad del suministro o de los índices de calidad» y se «refuerza la capacidad del Gobierno en caso de riesgo para la seguridad del suministro».
El último objetivo pasa por intentar optimizar el coste de los combustibles, que suponen más del 60 % del total de los costes de estos sistemas, fijándolos «conforme a un mecanismo competitivo», en palabras de Soria.
‘Fracking’
Por último, una disposición del proyecto hace referencia a la fracturación hidráulica, por considerarlo «oportuno» tras hablarlo con las comunidades autónomas afectadas. Así, se introduce «una consideración de control ambiental» que pasa por otorgar al Gobierno central las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación suprautonómicos, así como todas las concesiones de explotación, mientras que serán las comunidades las que autoricen exploraciones o investigaciones que afecten solo a una región.
El ministro al frente del Minetur hizo hincapié en la necesidad de esta regulación tanto para el Estado como para las propias comunidades afectadas y recordó que es una prioridad del Gobierno «solucionar los desajustes del sistema eléctrico, equilibrando ingresos y costes» y prestando una especial atención a los sistemas insulares y extrapeninsulares, cuyo tamaño y singularidades hacen que el suministro sea más caro y tenga riesgos particulares.
Por su parte, a las comunidades les interesa que se garantice el suministro al menor coste posible y que se ataje su «especial vulnerabilidad» causada por su aislamiento y por la «necesidad de conseguir una mayor penetración de las renovables».
La ley continúa ahora su trámite parlamentario con un plazo de presentación de enmiendas al articulado que se extenderá hasta el próximo 4 de junio.