Fuente: Cinco Días
Tal como estaba previsto, los responsables del negocio nuclear de las grandes eléctricas (salvo el de Endesa y EDP España, que harán lo propio el próximo martes) firmaron ayer en la sede de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) un protocolo de acuerdo sobre el cierre programado del parque atómico español, del que son titulares. El documento fue firmado finalmente por Iberdrola y Naturgy.
Como informó Cinco Días, Endesa rubricará el pacto el día 12 (también EDP lo ha pospuesto a ese día), una vez que su consejo de administración le dé el visto bueno en la reunión extraordinaria convocada para el lunes, 11, que acordará el relevo de su presidente, Borja Prado. Dado que el protocolo tiene implicaciones contables negativas para la eléctrica, que controla el grupo italiano Enel, la firma requiere de su autorización.
Según confirman las empresas implicadas, todas han sometido a sus respectivos consejos el que se considera un acuerdo histórico. El máximo órgano de gobierno de Iberdrola se reunió la semana pasada con carácter extraordinario y monográfico para debatir y aprobar el pacto, mientras que Naturgy aprovechó el consejo ordinario previo a la junta general que celebró el martes para tratar sobre un acuerdo, en el que ha jugado un papel relevante.
El primer paso lo dio Enresa (empresa pública participada en un 80% por el Ciemat y en un 20% por la SEPI), que celebró consejo el pasado 25 de febrero. Esta compañía, responsable de la gestión de los residuos y del desmantelamiento) se ha comprometido a no subir la actual tasa que recauda a las eléctricas más allá del 20%: de 6,64 euros MWh a 7,8 euros MWh.
El acuerdo tendrá un impacto negativo en la D&A (depreciaciones y amortizaciones) de Endesa de hasta 60 millones de euros anuales hasta la fecha de caducidad de las plantas, según aseguró su consejero delegado en la conferencia de analistas de presentación de los resultados de 2018. Esto se deriva del cambio en el periodo de amortización de los activos nucleares, que la eléctrica fijó calculando una vida de 50 años.
Teniendo en cuenta que, según el pacto firmado ayer y al que se ha comprometido Endesa, las centrales españolas cerrarán con una media de 46 años, la eléctrica debe ajustar su amortización a este plazo rebajándolo en cuatro años. Por contra, para Iberdrola y Naturgy, que las amortizan a 40 años, el efecto sobre el D&A es positivo. En el primer caso, en unos 100 millones de euros anuales, según cálculos de analistas que la eléctrica no descarta. En el de Naturgy, con una pequeña participación del 11% en Almaraz y un 34% en Trillo, el efecto es muy pequeño, “unos cuantos millones de euros”, según fuentes empresariales.
Hasta ahora, las centrales nucleares recibían licencias de explotación cada 10 años, por lo que las empresas amortizaban a su albur: “las más prudentes lo hacían a 40 años y las menos, a 50 años”, señala un analista. En todo caso, la incertidumbre sobre los cierres siempre ha planeado en una tecnología sometida a fuertes vaivenes políticos. El concepto de vida útil no figura en ninguna norma, es simplemente una especificación del fabricante.
Un punto clave del memorando, a propuesta de Iberdrola/Naturgy, unidas por su resistencia pétrea a realizar inversiones extras al fin de la vida de las plantas, es que esta se ha calculado en función de las horas de generación o “fatiga real” y, por tanto, descontando las paradas registradas en estos años. Es la llamada “vida efectiva” que se traduce en una media de seis años más para cada una. Sería a partir de entonces cuando el Consejo de Seguridad Nuclear las consideraría jubiladas e impondría mayores inversiones para seguir trabajando.
Es por el citado efecto negativo contable por lo que Endesa ha fijado como línea roja que el calendario debe respetarse. “Nunca podrán cerrar antes de la fecha establecida”, señalan en la eléctrica. Por el contrario, el requisito de sus competidoras es que no podrán funcionar más allá de esas fechas, ya que partir de ahí se le impondrían unas inversiones que no quieren hacer bajo ningún concepto.
Endesa es la mayor productora nuclear, un 39%, frente al 41% de Iberdrola y el 16% de Naturgy.
Un calendario que termina en 2035
Sin la presión del fin del plazo para la solicitud de prórroga de Almaraz I, que termina el próximo 31 de marzo, “es muy probable que ahora no estuviésemos hablando de ningún acuerdo”, opinan en el sector. A ello también ha contribuido el papel que ha jugado el actual Gobierno, también con fecha de caducidad.
EDP con Endesa. Endesa, acompañada de EDP, firmarán el día 12 un acuerdo que ya rubricaron ayer Naturgy e Iberdrola. Ese día, las tres grandes se verán las caras en la asamblea de socios de Almaraz, en la que acordarán pedir el permiso para que los dos grupos de la central cacereña funcionen hasta las fechas que figuran en el protocolo, 2027 y 2028. Concretamente, pedirán 7,3 años (a contar desde el 31 de marzo de 2020 en que termina la licencia) para el primer reactor y 8,4 años, para el segundo,
Trillo. La siguiente de la lista será la Ascó I (en 2029) y Cofrentes (en 2030). De esta manera, se dará cumplimiento al Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) que establece la desaparición de cuatro centrales (algo más de 4.000 MW de potencia) al término de la próxima década. Ya en 2033 sería clausurada Ascó II y en 2035, Vandellós y Trillo, esta en septiembre de ese año y la primera unos meses antes.