El Ministerio de Industria acometerá en los próximos meses una reforma del mercado mayorista de la electricidad. Según fuentes del Gobierno consultadas por elEconomista, la reforma, que está aún en preparación, prevé realizar tres cambios fundamentales.
La primera intención del Ejecutivo es limitar los ingresos de las centrales nucleares para que este tipo de plantas ni cobren los cero euros que durante el año pasado se registraron durante cerca de 500 horas, ni los 90 euros que se alcanzaron a finales del ejercicio. Este tipo de centrales producen generalmente las 8.500 horas (un año) en base, y por lo tanto el Gobierno cree que deben tener un sistema distinto que esté menos ligado a las condiciones especiales del mercado, es decir, cuando no hay viento y el gas o el carbón se convierten en la tecnología marginal ingresan más o menos cuando la eólica está produciendo.
El Ministerio, no obstante, no especificó si se impondrá un techo y un suelo a la retribución de este tipo de centrales que funcionan prácticamente todo el año.
En segundo lugar, Industria acometerá una profunda reforma de los llamados servicios de ajuste ya que se están encareciendo de forma notable, tal y como ha desvelado en varias ocasiones elEconomista, al explicar las artimañas que se realizan en este mercado para poder casar las centrales a un precio superior al registrado.
Mercado más ágil
Y, por último, el Ministerio es consciente de que a lo largo de los casi 15 años de vida que tiene la bolsa eléctrica se han producido innovaciones tecnológicas que permiten reducir el tiempo de cierre del mercado diario con la entrada física de la energía, de este modo este plazo menor abre la puerta a una reducción del coste de la energía.
El Gobierno también deberá adaptar el funcionamiento de la bolsa mayorista a las normas que están elaborando organismos internacionales para crear el llamado mercado único, cuya intención es lograr un precio europeo.
Industria considera que se debe tener en cuenta la competitividad del mercado, ya que puede llegar a darse el caso de que algunas eléctricas puedan disfrutar de una posición pivotal, es decir, que con un análisis de la demanda y una buena previsión meteorológica, puedan saber cuál va a ser la tecnología que marque el precio un día y ajustar su oferta a estas situaciones.
El Gobierno quiere garantizar la participación de las distintas tecnologías para fomentar la competencia y la transparencia en este campo. Además quiere dotar de mayor liquidez los contratos bilaterales del mercado de futuro y regular la hibernación de «algunas instalaciones».
La intención del Ejecutivo, por lo tanto, es lograr en la reforma del mercado mayorista un precio al menor coste posible, con una mayor transparencia y competitivo.
Industria reconoce, al mismo tiempo, que la competencia en este mercado existe y funciona casi siempre razonablemente bien y ve como prueba de ello, que pese a tener unos impuestos superiores a la media los precios que se registran están en línea con el resto de países europeos.
La madre del cordero del sistema
La reforma del mercado mayorista supone un paso muy importante, ya que la tarifa del cliente doméstico comenzará a depender en gran medida de los precios que se registren en esta bolsa eléctrica. Esta reforma supone tocar la madre del cordero del sistema para dar señales de precio adecuadas para fijar la tarifa a más de 16 millones de usuarios.
Según las cuentas que maneja el Ministerio, en el caso de que el mercado tuviera un importante incremento de precios, las cuentas que han realizado aseguran que el precio apenas subiría entre 3 y 4 euros, de una media por familia de 51 euros. No obstante, la decisión de eliminar las subastas Cesur suponen un ahorro del 3%.
Industria rechaza que el contrato de tarifa constante sea llamado tarifa plana, ya que en ningún caso se dejará de tener en cuenta el consumo que realiza cada usuario.
Fuentes ministeriales indicaron que ahora se está negociando con las eléctricas para conectar los contadores digitales. En estos momentos en España hay 5 millones de estos aparatos instalados, pero tan sólo un millón está conectado. La intención del Gobierno es que se pongan a funcionar el resto de equipos de medida y que en 2018 todo el parque de contadores ya esté a pleno rendimiento.
Las eléctricas, por su parte, al igual que los consumidores, consideran que este sistema tarifario no se adapta a la ley y están dispuestas a llevarlo a los tribunales.
Fuentes del sector indican además que podrían incluso llegar a solicitar medidas cautelarísimas para evitar que esta tarifa pueda ponerse en marcha.