La retirada de las aportaciones públicas, por importe de 3.600 millones de euros, para cubrir el déficit de tarifa aprobada vía enmienda en el Senado la semana pasada reavivó en los consumidores los temores sobre un nuevo incremento en la tarifa de la luz a partir del mes de enero, cuando se efectúa la revisión de la nueva tarifa a la que están acogidas la mayor parte de los hogares españoles, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), hasta ahora denominado Tarifa de Último Recurso (TUR).
La no ejecución del crédito extraordinario destinado al sistema eléctrico por 2.200 millones, el rechazo de introducir el 50% de los sobrecostes extrapeninsulares en los Presupuestos Generales (900 millones) y la paralización de la transferencia de la recaudación del «céntimo verde» sobre los hidrocarburos (500 millones) han impedido la consecución del objetivo de dejar a cero el déficit de tarifa en 2013.
En líneas generales y explicado de manera gráfica, este déficit no es otra cosa que la deuda histórica, reconocida legalmente, que los clientes han contraído con las compañías eléctricas porque los costes regulados han sido superiores a los ingresos del sistema. Por tanto, ampliar este agujero equivale a acrecentar la deuda que el Estado reconoce a estas compañías.
Pacto para suavizar los incrementos
¿Qué supone entonces que el déficit de tarifa para este año se cierre por encima de los3.600 millones de euros? Las especulaciones sobre que esta cuantía no iba a contar con el aval del Estado sumaba más presión sobre la factura: al no poder ser expulsada esta deuda al mercado, mediante las titulizaciones del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE), muchos analistas preveían que esta se repercutiría en los recibos de la luz. Bankia Bolsa, por ejemplo, estimaba que esta situación provocaría una subida del 10% en la factura. Desde el sector eléctrico se hablaba incluso de más de un 12%.
Pero este escenario cambió ayer de manera significativa tras el acuerdo alcanzado ayer entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los representantes de las principales compañías eléctricas (los presidentes de Endesa, Borja Prado; de Iberdrola, Ignacio Galán; de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró; y los consejeros delegados de E.ON, Javier Anzola; y de EDP, Miguel Stillwel) para «trabajar de forma conjunta en la definición de posibles mecanismos de titulización de la deuda del sector eléctrico similares a los ya existentes». A cambio, las eléctricas, según el ministro de Industria, José Manuel Soria, deberían renunciar a sus exigencias de fuertes subidas en el término regulado del recibo, los peajes de acceso. «El Gobierno se ha comprometido a dar un aval por el déficit que haya en el sector en este año. Eso siempre está condicionado a que los precios de la electricidad no suban ese 12% que continuamente están reclamando las eléctricas», recalcó.
Subida de más de un 6%
Por tanto, y con el compromiso del Gobierno de no modificar el término regulado del recibo (los peajes de acceso, que equivalen al 50% del precio final), las próximas subidas estarán ligadas exclusivamente a lo que marque la evolución de los costes de la producción de electricidad en los mercados. El problema es que el precio del mercado mayorista, conocido como «pool», se encuentra disparado durante este mes y marca máximos históricos, sólo superados por los alcanzados en el año 2006. Los importes para el primer trimestre de 2014 se elevan un 13,5%, lo que apunta a fuertes subidas en el recibo.
Esto se debe, según apuntan desde el operador del mercado, Omel, a una caída en la producción en las centrales nucleares y las plantas eólicas, que han aumentado la contribución del gas, energía más cara. Si esta tendencia se mantiene en la subasta entre comercializadoras de último recurso (Cesur), que se celebrará el próximo 19 de diciembre, el recibo de la luz se podría encarecer a partir del 1 enero más de un 6%.