Fuente: El Confidencial
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció el miércoles que suprimirá de manera inmediata el impuesto sobre la producción eléctrica para reducir el precio de la factura para los consumidores. Este tributo grava la producción de electricidad con un tipo del 7%, que acaba recayendo sobre los consumidores a través del precio que abonan en su factura de la luz. El ministerio anulará temporalmente esta figura tributaria, que resulta muy rentable para el Estado.
La Agencia Tributaria recauda cada año más de 1.500 millones de euros con este tributo. En concreto, en 2017 consiguió 1.510 millones de euros, según el último ‘Informe de recaudación tributaria’ de la AEAT. El techo de ingresos lo alcanzó en el año 2015, cuando se recaudaron 1.605 millones. Esto significa que el Gobierno estará renunciando a un tributo que es incluso más rentable que el impuesto a la banca que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció al inicio de su mandato y del que ahora reniega.
Según las estimaciones del PSOE, el potencial recaudatorio de un impuesto a la banca cuya base imponible fuese la misma que el impuesto sobre sociedades ascendería a 1.000 millones de euros al año. Cifra que está claramente por debajo de la recaudación del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. La fuerte subida experimentada por el precio de la luz en las últimas semanas apunta a que la recaudación este año superará ya las cifras de 2017. Sin embargo, si el Gobierno anula temporalmente este impuesto, los ingresos no alcanzarán las cifras del año pasado al cierre del ejercicio. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el Estado dejará de recaudar en torno a 1.000 millones de euros con este tributo.
Un impuesto de 1.500 millones
El impuesto sobre la producción eléctrica se introdujo en el año 2012 por el Gobierno del Partido Popular y comenzó a aplicarse en 2013. El Ejecutivo vendió que el objetivo del tributo era medioambiental, pero la realidad es que solo buscaba reducir el enorme agujero del déficit de tarifa heredado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El tributo grava también la producción de las energías renovables, por lo que la muletilla de ‘impuesto medioambiental’ es mera retórica. En estos cinco años y medio, el Estado ha recaudado más de 8.000 milones de euros, una cuantía próxima al 1% del PIB.
Según los cálculos del PP, que también ha pedido la supresión de este impuesto, el precio de la luz podría reducirse un 3,5% si se aplica esta medida. Eso sí, para conseguir esta bajada de la factura de la luz, es necesario que el precio de la energía frene su escalada de las últimas semanas, ya que, de lo contrario, la reducción del impuesto servirá solo para amortiguar el incremento de los precios en el mercado.
Un parche y patada hacia adelante
Ribera ha tomado, según fuentes del mercado, la única medida a su alcance que podía activar. La recaudación extra lograda por el sistema eléctrico este año gracias a la subida de la luz compensa con creces la falta de ingresos por el 7% en lo que resta de año. Por esa vía, la medida no supone un gran trastorno para las previsiones de Hacienda.
Dicho de otro modo, Ribera tira del repunte de la recaudación provocado por la subida de la electricidad para rebajarla —o amortiguarla— a partir de ahora. La propia ministra reconocía en el Congreso este miércoles que algunos costes quedan cubiertos este año con la mayor recaudación lograda, por ejemplo, con las subastas de CO2. Tocar cualqueir otro impuesto, como el IVA o los hidrocarburos, que le pedía algún diputado, le hubiera sido mucho más difícil encajar legalmente.
Sin embargo, esta medida se ha planteado como algo temporal. Las decisiones de calado, aquellas que pueden afectar a los ingresos de las empresas, se han pospuesto para una reforma más profunda que se aborde en los próximos meses. En este sentido, Ribera ha puesto el foco en el sistema de fijación de precios del mercado, la configuración de los peajes y la fiscalidad global energética.
La suspensión del 7% a la generación obliga a la ministra a reordenar el sistema si no quiere incurrir en déficit de tarifa, cuando aún hay más de 20.000 millones de deuda por amortizar. El superávit de 2017 fue de 117 milones de euros. Abolir el 7% y dejar todo igual rompería el equilibrio logrado con la reforma de 2013.
En cuanto a la transformación del sistema de fijación de precios marginalista, la ministra ha puesto en cuestión los ingresos de las hidráulicas y de las nucleares, que por el momento quedan intactos, para alivio de las grandes eléctricas. Algunas de estas compañías se habían afanado en los últimos días en transmitir la idea de que la mejor opción era la de bajar impuestos, sin tocar el mercado.
De momento, los propietarios de las plantas atómicas y las centrales hidroeléctricas mantendrán esos beneficios caídos del cielo conocidos como ‘windfall profits’. Fuentes del mercado aseguran que Ribera podía haber subido el cánon hidráulico o impuestos específicos a las nucleares. De hecho, este era uno de los miedos que tenían las empresas, apuntan fuentes conocedoras de la situación.
Esto ha sido precisamente motivo de decepción para algunos partidos. Josep Vendrell, de Unidos Podemos, ha afeado a la ministra que sus propuestas acaben donde empiezan los ingresos de las empresas. La asociación de consumidores Facua considera las propuestas «raquíticas».
Ahora habrá que ver qué repercusión política desata Transición Ecológica para un Gobierno que solo cuenta con 84 diputados. El PP lanzó una propuesta de ley esta semana que contemplaba precisamente la eliminación de este impuesto del 7% a la generación. PP y PSOE están en línea en esta ocasión.
Sin embargo, Ione Belarra, diputada de Unidos Podemos, condicionaba el apoyo presupuestario de su partido al calado de las medidas. En la sesión de control al Gobierno, pedía a la ministra medidas «contundentes y eficaces que rebajaran el precio de la luz» o difícilmente obtendrían su apoyo para los Presupuestos. «O se está con la gente o con las eléctricas», sentenciaba.