Fuente: El Periódico de la Energía
EL IAE es un claro ejemplo de cómo una regulación inadecuada puede tener resultados catastróficos para un sector. En este caso, el energético puede ver cómo innumerables comercializadoras se ven obligadas a desaparecer.
Desde el momento en que consigue su primer cliente en un municipio, una comercializadora debe abonar un Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de alrededor de 800 euros al año en dicha localidad. Y recordemos que hay más de 8.100 municipios en España.
Acudiendo a las matemáticas, se puede calcular que una comercializadora que tuviera un cliente en cada municipio de España, podría facturar cerca de 6 millones de euros y tener que abonar casi 7 millones de euros de IAE. Las cuentas no salen.
Además, nada impide a un ayuntamiento abrir un expediente sancionador y reclamar 4 años retroactivos con recargos y sanciones incluidas. La comercializadora en cuestión se encontraría, entonces, con una deuda tributaria de casi 30 millones de euros.
Otro ejemplo. Una comercializadora recibe una llamada o por vía email la contratación de sus servicios en un municipio en el que aún no había comercializado energía. ¿Qué hace? ¿Tiene que darle el servicio a un solo cliente de un municipio por el que no va a ingresar ni los 800 euros que tendrá que pagar de IAE? La simple lógica refleja que algo debe estar mal diseñado.
La comercialización de electricidad carece de un epígrafe propio y específico conforme al mercado liberalizado, a pesar de haber transcurrido casi una década desde el fin de los monopolios. Otros suministros como son la telefonía o el agua corriente sí disponen de su propio epígrafe, pero “por alguna razón que se nos escapa, la Dirección General de Tributos no ha tenido a bien subsanar esta necesidad”, explican fuentes del sector.
Esta ausencia de epígrafe específico provoca que a la comercialización de electricidad se le aplique uno más propio de un negocio local, aunque con el riesgo de la multiplicación de tributos por el número de municipios en el que se ejerce la actividad.
Resulta pues evidente la urgencia con la que esta situación debería ser solventada. No sólo supone una barrera a la libre competencia, sino que pone en peligro la propia subsistencia de una gran mayoría de las comercializadoras actuales (Hay unas 350 aproximadamente). Ello además de amenazar con provocar una nada despreciable subida del precio de la luz para los consumidores. Ya se sabe que cualquier impuesto va directo al bolsillo de los usuarios.
Es por ello necesario debatir el problema y encontrar soluciones para el sector eléctrico. Más que necesario, imprescindible. Ahora, Ateneo de Energía ha tomado el testigo, y el próximo 28 de febrero organiza una jornada en la que se abordará esta problemática, con la participación de ayuntamientos, comercializadoras, distribuidoras, la CNMC, letrados y especialistas en derecho tributario y financiero. Será muy interesante conocer las conclusiones de ese debate. Y hubiera sido muy interesante contar con la participación del Ministerio, aunque no parece estar por la labor de aceptar la invitación que se les ha cursado. Aún está a tiempo.