Una vez analizadas algo más en detalle las medidas que el Gobierno aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros sobre la nueva reforma eléctrica, es muy probable que los integrantes del sector eléctrico nacional hayan pasado este fin de semana como si despertaran de una fuerte resaca: con un gran dolor de cabeza y cierta sensación de irrealidad. Y no es para menos.
Entre estas medidas, el recorte de 2.700 millones de euros que se reparte casi a partes iguales entre eléctricas y renovables: en el caso de las redes de transporte y la distribución, se fija una retribución homogénea del 6,5 %, que resulta de sumar el tipo de la deuda del Estado a diez años –contando una media aproximadamente de los últimos tres meses–, más 200 puntos básicos. En el caso de las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos, la rentabilidad comprometida es del 7,5 % (el tipo de la deuda a diez años más 300 puntos básicos), lo que se acompaña de la desaparición del sistema actual de primas del régimen especial, que se sustituye por una compensación que recibirán cuando el precio que obtengan en el mercado no garantice dicha rentabilidad —pero no será un incentivo a la producción como hasta ahora, sino a la inversión, siempre que se mantenga una mínima producción—. Además, desaparece la Tarifa de Último Recurso (TUR), que será sustituida por un Precio Voluntario al Pequeño Consumidor también para los consumidores con una potencia contratada inferior a los 10 kW, sobre el que los comercializadores podrán hacer ofertas y descuentos (esto no sucede en el caso de la TUR); se incluyen topes al bono social eléctrico, que seguirá protegiendo como hasta ahora a familias numerosas, pensiones mínimas, familias con todos los miembros en paro y tarifas sociales, de manera que se evite, por ejemplo, que una familia numerosa con altos ingresos disfrute de esta ayuda. Se prorroga esta ayuda dentro del real decreto ley de medidas urgentes del sistema eléctrico y se incluye de nuevo la obligación de que sean las compañías eléctricas las que la financien. Adicionalmente, se producirá una subida de los peajes de acceso del 6,6 % en agosto, lo que, según cálculos de Industria, se traducirá en un aumento medio de la factura eléctrica del 3,2 % en dicho mes, entre otros efectos.
Todo esto salió adelante el pasado viernes en forma del real decreto-ley de estabilidad financiera del sistema, que estará acompañado por otros ochos reales decretos y dos órdenes ministeriales. Este despliegue legal se fundamenta, según expresó en la comparecencia ante los medios la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el objetivo de «hacer una reforma definitiva» que termine con el déficit de tarifa y en dotar de un marco estable al sector.
De acuerdo con los datos que maneja el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur), el desfase ex ante eléctrico en los ejercicios de 2012 y 2013 rondará los 10 500 millones de euros, 6000 millones de los cuales ya fueron asumidos con las medidas adoptadas meses atrás y que consistieron fundamentalmente en el incremento de la fiscalidad a las empresas del sector. Por tanto, el problema radicaba ahora en dar con la fórmula para asumir el impacto de los 4500 millones restantes. Aparte de los 2700 millones de recorte que se repartirán eléctricas y renovables y de los 900 millones de euros que asumirán los consumidores a través de la tarifa eléctrica, los otros 900 millones que restaban por cuadrar serán asumidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas vía Presupuestos Generales del Estado.
La estrategia finalmente diseñada por el Gobierno para resolver el puzle eléctrico no ha gustado a nadie. A este respecto, el titular del Minetur, José Manuel Soria, reconoció el viernes que las medidas adoptadas «no son fáciles para nadie pero sí totalmente imprescindibles». «La reforma no se casa con nadie. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hasta ahora hemos tenido un sistema que es insostenible dentro de la incertidumbre y a partir de ahora tendremos un sistema sostenible y con certidumbre».
Por su parte, la patronal de las eléctricas (Unesa) ya ha advertido de que la nueva normativa tendrá serias repercusiones tanto en las futuras inversiones –la calidad del suministro–, como en el empleo. De hecho, las distintas asociaciones de renovables sostienen que muchas instalaciones desaparecerán. En esta línea de oposición a la nueva regulación sacada adelante por el Ejecutivo se han manifestado también los integrantes de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), que el mismo viernes difundieron un comunicado en el que aseguraban que lamentan que «el Gobierno vuelva a golpear la seguridad jurídica del país con recortes retroactivos y sin reformar realmente el sector eléctrico».
Las distintas asociaciones sectoriales han convocado para hoy reuniones en las que valorarán más detenidamente el impacto que el nuevo paquete reformista tendrá sobre sus cuentas y actividad, por lo que seguramente iremos conociendo las conclusiones y reflexiones que se deriven de dichos encuentros a lo largo de la semana.