El pasado viernes el Consejo de Ministros recibió de manos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo un anteproyecto de ley que persigue la introducción de mayor competencia y reforzamiento de la seguridad de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Asimismo, también aspira a reducir los costes de los sistemas mencionados y profundizar en los mecanismos de control y supervisión para asegurar la seguridad de suministro y la sostenibilidad económica de los mismos.
Así, entre las medidas contempladas para lograr dicho objetivo se cuentan el impulso de la instalación de nueva generación más eficiente, la entrada de nuevos operadores y la modificación del cálculo del coste de combustible en la generación. El texto fija, además, la obligación de que los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica estén sometidos a una Evaluación de Impacto Ambiental.
En cuanto al incremento de la instalación de nueva generación más eficiente, lo que se persigue con esta medida es «posibilitar la introducción paulatina de nueva generación en otros sistemas que vaya desplazando la generación ineficiente, de manera que se logre el abaratamiento del coste de generación. Para ello, se permitirá que nuevas instalaciones en zonas donde se supera el índice de cobertura (ratio potencia disponible sobre demanda punta) puedan percibir el régimen retributivo por razones de seguridad de suministro o eficiencia de las nuevas instalaciones».
En el resumen aportado por Moncloa sobre los acuerdos alcanzados el viernes se matiza que actualmente solo se retribuyen los nuevos grupos cuando se supera este índice de cobertura.
Para favorecer la entrada de nuevos operadores en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, «no se podrá otorgar el régimen retributivo adicional o primado destinado a la actividad de producción a nuevas instalaciones en los sistemas que sean titularidad de una empresa o grupo empresarial que posea un porcentaje de potencia de generación de energía eléctrica superior al 40 por 100 en ese sistema».
Se exceptúan de esta limitación las instalaciones que hayan sido adjudicatarias en concursos de renovables, las que dispongan de autorización administrativa o las que hayan sido inscritas en el registro de preasignación de retribución de régimen especial.
Adicionalmente, «se habilitará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que establezca mecanismos retributivos para nuevas instalaciones de producción, con la finalidad de disminuir el coste de generación y para la introducción de señales económicas de ubicación para resolución de problemas de restricciones técnicas en determinados puntos de la red». Y se establecerá la necesidad de una resolución de compatibilidad de la Dirección General de Política Energética para «tener derecho al régimen retributivo con carácter previo a la autorización administrativa, con el fin de compatibilizar los criterios medioambientales y de ordenación del territorio con criterios técnicos de necesidades del sistema y coste para el mismo. Si no, las instalaciones solo percibirán el precio horario final peninsular».
Este procedimiento no afectará a las instalaciones en funcionamiento.
Respecto al coste del combustible, que supone más del 60 por 100 del coste de generación en estos sistemas, «se determinará mediante un mecanismo competitivo, según el Proyecto de Ley», continúa la información publicada en la página de Internet de La Moncloa.
El texto normativo elaborado por los técnicos del Minetur expone que se habilitará a la DGPEyM a minorar el concepto retributivo adicional destinado a la actividad de producción en el caso de que se produzca una reducción sustancial de la disponibilidad de las instalaciones, de la seguridad del suministro o de los índices de calidad.
Además, «el operador del sistema dará órdenes de arranque a las instalaciones de generación en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares sobre las que existan indicios de que no se encuentran realmente disponibles y, en su caso, se suprimirá la retribución por garantía de potencia. Si la instalación no corrige sus deficiencias, deberá solicitar la baja en el registro».
Ante posibles casos de riesgo para la seguridad del suministro, «se reforzará la capacidad de actuación del Gobierno», para lo que se modificará la Ley del Sector Eléctrico de 1997, que establece que, en casos de riesgo elevado, el Ejecutivo puede realizar «la operación directa de instalaciones de generación, transporte y distribución e intervenir una empresa».
En esta misma línea, se contempla que la Administración General del Estado podrá imponer las sanciones correspondientes cuando se produzcan infracciones muy graves que comprometan la seguridad del abastecimiento.
Otro de los aspectos contemplados en la regulación planteada el viernes pasado ante el Consejo de Gobierno es que dada la importancia de las instalaciones de bombeo y plantas de regasificación en estos sistemas para garantizar la seguridad de suministro, «la titularidad de estos activos será de los operadores de las redes eléctrica y gasista, respectivamente».
Control ambiental para la fractura hidráulica
Adicionalmente a estas medidas relativas a los sistemas insulares y extrapeninsulares, el anteproyecto de ley incluye medidas para reforzar el seguimiento y control de la investigación de recursos de hidrocarburos no convencionales. Con el objeto de evaluar los impactos sobre el medio ambiente de los proyectos que requieren la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, «se incluirá la obligación de someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, se incluirá la técnica de fracturación hidráulica en el ámbito objetivo de la Ley del Sector de Hidrocarburos, de 7 de octubre de 1998», concluye la información disponible en la web del Gobierno.
El Gobierno promoverá nuevos operadores eléctricos en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y rebajará los costes de estos sistemas
Tal y como explicó el titular del Minetur en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la norma planeada responde a la «singularidad» de estos sistemas extrapeninsulares «aislados», aunque Baleares posee una interconexión con la península «claramente insuficiente», e incluirá recortes en la retribución de los operadores en estas regiones.
Soria aseguró que el coste de generación en estos territorios «es mucho más elevado», ya que son sistemas «individualizados», por lo que el anteproyecto no solo velará por «reforzar» la seguridad del suministro, sino también porque haya «más competencia» y «una disminución de los costes».
Actualmente, la generación fuera de la Península corre a cargo, fundamentalmente, de Endesa, que no se pronunciará sobre los cambios hasta conocer los detalles de la reforma, que busca elevar el número de operadores de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIEs).
El año pasado, el Gobierno encargó a REE un informe para revisar por qué los extracostes peninsulares pasaron de 300 millones de euros en 2005 a 1.800 millones en 2012 y ver si se justifica hacer una nueva ordenación energética en los archipiélagos, Ceuta y Melilla.
Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, añadió en la comparecencia ante los medios que se trata de un primer anteproyecto, en el que se aborda la «reordenación» del sector eléctrico «en una parte muy concreta, muy delimitada pero muy importante». Es el principio de una futura ley que garantizará el suministro en los sistemas insulares y extrapeninsulares.
En la actualidad, el extracoste de estos sistemas ronda los 1.700 millones de euros anuales, que antes se cargaban a la tarifa eléctrica y que el Gobierno anterior comenzó a incluir progresivamente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En 2012 y en 2013, el Ejecutivo actual suspendió la asunción de este coste en las cuentas públicas, si bien Industria espera que los PGE de 2014 sí soporten este coste.