FUENTE: Cinco Días
El Ministerio de Industria parece empeñado en aplicar a partir del 1 de enero una bajada de la luz en la parte regulada de la factura (la otra, el precio de la electricidad, no está en sus manos, pues depende del mercado), a la vista del superávit de tarifa de mil millones que se registrará este año. El Gobierno suspira por el anuncio de una rebaja de la luz antes de las elecciones generales, pero el departamento que dirige José Manuel Soria lo tiene legalmente complicado.
La Ley Eléctrica establece que los excedentes anuales que se produzcan en las actividades reguladas del sistema (esto es, cuando los ingresos superen a los costes) deben destinarse a reducir la deuda acumulada, que ronda los 26.000 millones de euros. Por tanto, el superávit de este año no podrá ser aprovechado para una rebaja de los peajes de 2016, cuya orden ministerial están elaborando ya los técnicos de Industria.
Una opción (que el Gobierno ya utilizó el pasado mes de agosto cuando aplicó una rebaja media de la factura del 2,2%) sería recortar las partidas de costes que, aunque son regulados, no están incluidos en los peajes de acceso a las redes: el del servicio de interrumpibilidad de la industria y los pagos por capacidad que reciben las centrales de carbón y de gas. La primera está comprometida y en el caso de los pagos por capacidad, los del carbón son un cartucho que quemó en agosto, y los incentivos a los ciclos combinados no ofrecen mucho margen.
Pese a las dificultades de los técnicos del ministerio, todas las fuentes consultadas coinciden en que “el Gobierno encontrará cualquier truco legal para anunciar una bajada de la luz antes del 20 de diciembre. La tentación electoral es muy grande”.
Y máxime cuando Industria cuenta con otro indicador a su favor que se resiste a desaprovechar: la previsión del crecimiento de la demanda eléctrica para 2016 que han calculado para el próximo año tanto REE (entre un 0,5% y el 1,5%), como la CNMC (en torno al 1%), lo que permitirá incrementar los ingresos del sistema en igual porcentaje. Con estos mayores ingresos, el Ejecutivo podría jugar, por ejemplo, con una rebaja de los impuestos energéticos, que también se traducirían en un ahorro en la factura eléctrica.
Además de una rebaja en ciernes que muchos tildan ya de electoralista, el Gobierno prepara un plan para luchar contra la pobreza energética, según fuentes empresariales. Un objetivo que forma parte de las propuestas electorales de toda la oposición.
Con este fin, Industria ha pedido una tabla detallada a las distribuidoras eléctricas sobre los cortes de suministro por impago que se han registrado entre sus clientes desde 2011, por comunidades autónomas y desglosando si el usuario es privado o un organismo público.
El ministerio también ha requerido recientemente de las distribuidoras, tanto a las grandes de Unesa como a las pequeñas de Cide, información sobre el precio del alquiler de los contadores de la luz, a pesar de que la CNMC ha elaborado un informe sobre esta cuestión.
La solución de las eléctricas, eliminar el impuesto
Para las compañías eléctricas, una solución para desbloquear una bajada de la factura de la luz es eliminar el impuesto del 7% a la generación que, aunque lo pagan ellas, se repercute después a los consumidores en el precio final.
Según fuentes del sector, esta medida permitiría, “de manera inmediata”, reducir el precio de la energía en un importe equivalente al del impuesto y, por tanto, un ahorro en la factura. Además, se reducirían los costes de la tarifa de acceso, por el menor coste de la generación extrapeninsular; mejoraría la competitividad de las renovables, que pagan también el impuesto, y de las energéticas españolas en general respecto a los generadores franceses, con los que se rivaliza a través de la interconexión.
De momento, la Ley de Presupuestos incluye una recaudación de 2.705 millones por dicho impuesto (y otros tributos y tasas menores), frente a los 2.989 millones de 2014. Una cantidad que se destinará al sistema eléctrico y que ha permitido en buena parte eliminar la sangría del déficit. Además de esta cantidad, el Estado aportará el próximo año a la tarifa 450 millones de euros procedentes de las subastas de CO2 y 741 millones para compensar los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares (el año pasado esta cifra fue de 887 millones).
Una vez aprobados los Presupuestos de 2016, no parece posible que la rebaja de la tarifa se pudiera abordar por la vía de eliminar o bajar el impuesto a la generación. Un tributo neutro para Hacienda, que más bien podría haber optado por trasladar la compensación de las islas a la tarifa, a la vista del superávit tan elevado de este año que el Gobierno no podrá aprovechar para bajar la luz. La opción extrema, e improbable, sería cambiar la Ley Eléctrica.