Fuente: El Periódico de la Energía
El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto a información pública dos proyectos de modificación de Reales Decretos sobre la certificación de eficiencia energética y el reglamento de instalaciones térmicas en edificios, con el fin de transponer el ordenamiento jurídico a las directivas de eficiencia energética, eficiencia energética y fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
En concreto, las modificaciones de los Reales Decretos 235/2013 y 1027/2007, en trámite de información pública hasta el próximo 16 de septiembre, se deben a la entrada en vigor del nuevo paquete legislativo de energía y clima a nivel europeo y, en concreto, a la Directiva 2018/844 que actualiza la normativa sobre eficiencia energética en los edificios, y a la Directiva 2018/2002 que actualiza la directiva de eficiencia energética, y a la Directiva 2018/2001 de energías renovables, informó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.
También adapta la normativa al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla un impulso tanto en materia de eficiencia energética como en la introducción de energías renovables en la climatización, y se incorporan actualizaciones y matices de carácter técnico, como la adaptación al nuevo Código Técnico de la Edificación.
En lo que respecta a eficiencia energética de los edificios, se modifica el propio objetivo de la certificación de eficiencia energética. Así, esta pasa de centrarse en la «promoción de la eficiencia energética» a apostar por «la reducción de las emisiones de CO2 en el sector de la edificación» mediante medidas de eficiencia energética e incorporación de energía renovables.
Además, el ámbito de actuación se amplía, ya que, hasta el momento, afectaba a los edificios nuevos en venta o alquiler y a los de las administraciones públicas con una superficie superior a 250 metros cuadrados y frecuentados por el público.
Con este cambio normativo, pasa a ser aplicable a todos los edificios de administraciones públicas con más de 250 metros cuadrados, independientemente de que estos edificios estén abiertos a los ciudadanos, a los inmuebles privados de más de 500 metros cuadrados de uso administrativo, comercial o de pública concurrencia (cultural, restauración, transporte…), así como, a los edificios que realicen reformas de una cierta envergadura.
También, para mejorar la calidad de los certificados, se exigirá que un técnico competente realice, al menos, una visita al inmueble para tomar los datos, pruebas y comprobaciones necesarias para realizar el certificado de eficiencia energética de forma exhaustiva.
UN REGISTRO ADMINISTRATIVO CENTRALIZADO
Asimismo, se crea un Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética de los edificios en formato electrónico para que las administraciones encargadas de la política energética puedan contar con información estadística sobre el estado energético de la edificación en España, «que permita el desarrollo de una política energética justa de vivienda, que acote y minimice el problema de pobreza energética, y que permita diseñar medidas específicas en línea con la descarbonización del parque edificatorio», añade el ministerio.
Se refuerza, además, la obligación de incluir la etiqueta energética en toda oferta, promoción y publicidad de edificios que se vendan o alquilen. Este requisito va a extenderse también a las páginas web que publican información de terceros.
También crecerán las funciones y la incidencia de la Comisión para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios, que cuenta con la participación de las comunidades autónomas, ministerios y organismos estatales con competencias, colegios profesionales y colectivos de consumidores, entre otros. En particular, corresponderá a este órgano hacer un seguimiento del cumplimiento de la normativa así como los planes de inspección que deberán realizar las comunidades autónomas.
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS.
En lo que se refiere al reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, con su actualización se exigirá que memorias técnicas y proyectos de instalaciones térmicas de edificios conectados a redes de calor o frío incluyan información de las redes como la potencia y la procedencia de la energía – si es renovable o no-, lo que permitirá mejorar el conocimiento sobre las redes de frío y calor.
Además, en el diseño de sistemas de climatización para nuevos edificios se deberán analizar las opciones que ofrecen los «sistemas de climatización pasivos» que permiten acercarse a condiciones térmicas de confort sin usar energía adicional (orientación, ventilación o protección solar, por ejemplo).
Mientras, para las instalaciones de más de 70kW, las empresas de mantenimiento tendrán que aumentar el nivel de información que proporcionan a sus clientes, facilitando a los titulares del edificio datos de la energía por uso (calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria) y por fuente, lo que les permitirá consultar con otras empresas proveedoras de servicios energéticos para conocer alternativas que mejoren la eficiencia energética y reduzcan los gastos energéticos.
Por su parte, los edificios de más de 1.000 metros cuadrados de uso administrativo, comercial, de restauración, cultural y transporte (estaciones y aeropuertos) deberán exhibir de forma visible al público, la información del consumo energético durante los últimos cinco años para que los usuarios conozcan, por ejemplo, la evolución del consumo energético y la incorporación de energías de origen renovable.
También se introducirá la obligación, cuando sea técnica y económicamente viable, de que instalaciones no residenciales de más de 290 kW incorporen sistemas de automatización y control que permitan monitorizar y adaptar el consumo de energía del edificio de forma continua.
Además, para un adecuado seguimiento estadístico, se establece la obligación a las empresas de que notifiquen a las comunidades autónomas, y éstas al ministerio, la información sobre las energías renovables y las redes de calor conectadas a los edificios.